El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, permitirá que usuarios del Estatus de Protección Temporal, TPS, con una orden de deportación final, puedan acceder a una residencia permanente en Estados Unidos.
Una corte del distrito de Columbia revirtió ayer una de las órdenes administrativas de la era de Donald Trump, a través del exdirector de USCIS Ken Cuccinelli, que bloqueó a miles de beneficiarios del TPS la posibilidad de obtener su residencia permanente, y emitió miles de órdenes de deportación final contra estos usuarios, incluyendo salvadoreños.
Con este nuevo acuerdo judicial, se abre la puerta a que algunos beneficiarios del TPS puedan reabrir sus casos, descartar las órdenes de deportación, y así aplicar a un ajuste de estatus para convertirse en residentes permanentes de los Estados Unidos.
El acuerdo llega tras una demanda interpuesta por el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en contra de Cuccinelli, que, tras el cambio de gobierno en los Estados Unidos, pasó a ser en contra de la nueva directora del USCIS, Ur Jaddou, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.
La corte señaló que ambas partes lograron un acuerdo y creen que liquidar la acción legal en contra de los beneficiarios “es en el mejor interés y sirve mejor a los intereses del público”. Por lo tanto, estipulan que “el acuerdo constituye la resolución total y completa de las cuestiones planteadas por CARECEN en la demanda”.
¿Qué dice el acuerdo?
El acuerdo anunciado señala que, hasta el 19 de enero de 2025, la Oficina de Inmigración y Aduanas ejercerá su discreción procesal para “reabrir un caso y desestimar los procedimientos de deportación de un individuo”.
Sin embargo, hay una serie de requisitos que deben cumplirse para calificar:
1. Que el individuo no sea una “prioridad de deportación”.
2. Que tenga una orden de remoción emitida por la Corte de Inmigración o una agencia de inmigración.
3. Que haya viajado fuera de Estados Unidos con permiso anticipado desde que se emitió la orden de deportación; y
4. Ser elegible para presentar una solicitud de ajuste de estatus ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
También incluye a los beneficiarios con un Formulario I-130 pendiente o aprobado presentado por un familiar inmediato que cumple con el estatus de “inspeccionado, admitido o en libertad condicional”.
Clave ante fin del TPS
De acuerdo con la organización Democracy Forward, que se encarga de litigar casos de organizaciones, individuos y municipalidades frente a acciones del gobierno estadounidense, este acuerdo judicial podría ser una salida clave en caso de que el TPS sea revocado a ciertos países.
“El acuerdo permitirá que los usuarios del TPS, muchos de los cuales han vivido por décadas en los Estados Unidos y han construido raíces profundas en sus comunidades, puedan buscar la residencia permanente sin la amenaza de una deportación si las protecciones de TPS son revocadas”, dice John Lewis, abogado sénior de Democracy Forward
La orden administrativa fue disfrazada de una “aclaración” impulsada por la administración Trump, como parte de sus esfuerzos para eliminar las protecciones del TPS a “decenas de miles” de beneficiarios, indicó la organización.
La demanda alegaba que este cambio estaba motivado por la discriminación racial y anti-inmigrante de Trump, y además autorizada por un funcionario impuesto ilegalmente, Ken Cuccinelli.
El TPS, un programa de protección temporal para migrantes de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán, está vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Más de 250,000 salvadoreños son beneficiarios del TPS.
