Por estrategiaynegocios.net
La Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST por sus siglas en inglés) de Costa Rica implementó el segundo Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI) en el país, una herramienta que evalúa cuatro grandes temas o dimensiones: el ambiente facilitador representado por el marco normativo y plataformas digitales nacionales; las capacidades y procesos que facilitan la transparencia en las instituciones que hacen obra pública; la participación ciudadana inclusiva en la construcción de obra pública; y la divulgación de información de proyectos de obra pública en sus distintas etapas de su ciclo de vida.
En el estudio de 2023 se evaluaron 30 entidades que representaron el 83 % de todo el presupuesto dedicado a la infraestructura pública del país en el periodo 2018-2022; y una muestra de 60 proyectos de gran relevancia desarrollados por estas instituciones en el mismo periodo.
La calificación de este segundo Índice de Transparencia en Infraestructura mejoró levemente con respecto al primer estudio realizado en 2021, pero señala que, aún quedan muchas oportunidades de mejora en temas de acceso a la información de obra pública, capacidades y procesos institucionales.
La investigación consistió en un análisis de las prácticas institucionales y las condiciones nacionales que dan lugar a la transparencia y a la rendición de cuentas en el sector de infraestructura pública. En este caso el ranking del ITI 2023 fue liderado por la Comisión Nacional de Emergencias que obtuvo un total de 90 puntos, seguido por la Universidad Estatal a Distancia con 77 puntos y la Refinadora Costarricense de Petróleo con 75 puntos. La calificación promedio de las 30 instituciones fue de 53 puntos de 100 posibles, es decir, una mejoría de 5 puntos con respecto al primer ITI (48 puntos, en ITI 2021), lo cual deja ver que, pese a que existen buenas prácticas en algunas instituciones, aún quedan muchas oportunidades de mejora a nivel país.
“Los resultados del ITI vienen a darnos una luz muy importante del estado de la transparencia de la información de las obras públicas en el país, pero a la vez nos definen una hoja de ruta para mejorar e implementar cambios a nivel institucional” indicó Daniel Garro Vargas, presidente del Grupo Multisectorial GMS CoST-CR.
Dentro de las principales conclusiones de los resultados de este Índice, se reconoció en la dimensión de ambiente facilitador que, la normativa existente en Costa Rica no establece los datos específicos que las instituciones públicas deben divulgar acerca de los proyectos de obra pública que ejecutan, de tal manera que haya homogeneidad en la información publicada y que esta cubra el ciclo de vida completo de la construcción de un proyecto.
Así mismo, al igual que en el ITI 2021, se señala que no existe una plataforma web única, que consolide toda la información del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura pública para todas las instituciones del sector público, sino que, la información se encuentra fraccionada, haciendo significativamente difícil para la ciudadanía (y demás actores) tener acceso a la información de todas las obras que se desarrollan en el país para diferentes periodos.
En la dimensión de capacidades y procesos, se reconocieron mejoras, respecto al ITI 2021, en las instituciones asociadas a los conocimientos de transparencia, pero un desconocimiento importante de estándares de datos que pueden contribuir con la divulgación de información y un desconocimiento de cuánta información específica de los proyectos fue divulgada por las mismas instituciones. Las capacidades digitales de las instituciones mejoraron respecto a la edición anterior, aunque aún se reconocieron limitaciones para la publicación de información en la condición de datos abiertos.
Adicionalmente, se registraron otras debilidades en el tema de procedimientos institucionales, pues un número importante de instituciones carece de un procedimiento para la publicación proactiva de información y para la atención de solicitudes de información de proyectos de obra pública que provengan de la ciudadanía.
En cuanto a la dimensión de participación ciudadana, los resultados mostraron debilidades al considerar un abordaje inclusivo y disponible para las distintas etapas de los proyectos de obra pública. Lo cual deja ver que, la infraestructura pública se limita de enriquecer los proyectos con información que la ciudadanía podría ofrecer, por ejemplo con: antecedentes históricos del lugar, información para el diseño de la obra, retroalimentación de la propuesta constructiva, impacto de la construcción sobre asentamientos, control sobre el progreso de la obra, etc. Adicionalmente, los resultados mostraron que casi ningún proyecto registró mejoras como respuesta a la participación ciudadana.
Po otra parte, en la dimensión de divulgación de información, la cual evaluó la disponibilidad de información de 60 proyectos de obra pública, los proyectos del periodo 2018-2022 no mejoraron la publicación de información respecto al periodo de evaluación anterior (ITI 2021). Las calificaciones en esta materia más bien se redujeron. Registraron limitaciones en información asociada a: estudios de impacto ambiental, de impacto sobre el terreno y asentamientos, presupuesto total del proyecto, fuentes de financiamiento, los procesos de contratación de la construcción de la obra, así como de la supervisión de la obra, entre otras cosas. Pero de forma más significativa y sensible, en la mayoría de los proyectos evaluados no fue posible encontrar información que señalara si los contratos de la obra variaron en alcance, costo y tiempo, así como las justificaciones para estos cambios, lo cual es bien sabido es una etapa muy sensible en la lucha contra la corrupción.
En cuanto a las recomendaciones, el informe del ITI propone implementar el estándar de datos para la divulgación de información de obra pública llamado OC4IDS, en todos los procesos de infraestructura pública para todas las instituciones del sector público; así como crear una plataforma digital única que permita a la ciudadanía en general tener acceso a la información consolidada como datos abiertos de todos los proyectos de acuerdo con este estándar.
Se sugiere además diseñar e implementar un plan integrado de difusión y capacitación dirigido a funcionarios públicos y ciudadanía general, acerca de la transparencia en obra pública, así como el uso de información para mejorar el desarrollo de la misma.
