La máxima corte constitucional de Costa Rica declaró este martes 'inconstitucional' el trámite legislativo de una polémica reforma tributaria, el proyecto estrella de la presidenta Laura Chinchilla, informó el Poder Judicial.
Por: AFP
Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, encontraron 'vicios esenciales del procedimiento, de carácter evidente y manifiesto', según señala un comunicado de prensa del organismo.
La decisión judicial echa abajo arduos meses de gestión por parte del gobierno para lograr la aprobación del proyecto, con el cual la presidenta Laura Chinchilla pretendía atenuar el déficit fiscal, equivalente a un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) según las proyecciones para este año.
La propuesta, que fue aprobada en el primero de dos debates legislativos el pasado 14 de marzo, incrementaba el impuesto al valor agregado (IVA) de un 13 a un 14% y elevaba el impuesto a los salarios más altos hasta un 25%.
También incluía un impuesto a la renta de las empresas en régimen de zonas francas, hasta ahora exentas, y creaba la renta global (calculada sobre la suma de los ingresos de los contribuyentes) y la renta universal (que considera los ingresos generados en el exterior).
La propuesta de Chinchilla, apoyada por los diputados del partido de gobierno (Liberación Nacional, PLN) y un sector del opositor Acción Ciudadana (PAC), ha experimentado el rechazo de los demás partidos de la oposición, las cámaras del sector empresarial y los sindicatos.
'Este es un triunfo de los costarricenses, debemos celebrar porque es un triunfo de todos los ciudadanos', declaró el diputado Luis Fishman, del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), gestor de las acciones de inconstitucionalidad contra el plan.
El jefe de la bancada oficialista, Luis Gerardo Villanueva, dijo estar asombrado por la decisión y consideró 'muy dificultoso' que el proyecto pueda ser revivido, pues tendría que regresar a comisión legislativa para recorrer un largo camino.
La Presidencia no había reaccionado a la decisión judicial, que constituye uno de los golpes políticos más duros al gobierno de Chinchilla, en el poder desde el 8 de mayo de 2010.
