Por AFP
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Honduras por la violación de los derechos de propiedad colectiva sobre las tierras ancestrales de la comunidad garífuna de San Juan, según una sentencia publicada.
"Honduras es responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, a la obligación de garantizar la participación en los asuntos públicos, y el acceso a la información pública, en perjuicio de la comunidad garífuna de San Juan", precisó el fallo.
La Corte IDH, con sede en San José, consideró que Honduras "incumplió su obligación de titular, delimitar y demarcar" el territorio de la comunidad, ubicado a unos 300 km al norte de Tegucigalpa, en la costa del mar Caribe.
La comunidad garífuna solicitó los títulos del territorio pero el Estado realizó "ventas y adjudicaciones a terceros", explicó la Corte, se amplió el radio urbano del aledaño municipio de Tela y se creó el área protegida "Parque Janeth Kawas" en esa zona.
Según los líderes comunitarios, el atraso en la titulación del terreno se debió a la influencia de acaudalados empresarios que habían diseñado proyectos turísticos de gran envergadura en esos territorios paradisíacos de bosques latifoliados y playas blancas.
El Estado de Honduras fue condenado en 2015 a reconocer los derechos de propiedad de las tierras de las comunidades garífunas de Punta Piedra, en el departamento de Colón (noreste) y Triunfo de la Cruz (norte).
La Corte IDH señaló además que "el clima de amenazas y de violencia en contra de los integrantes de la comunidad garífuna de San Juan era atribuible en parte al Estado" y por lo tanto éste "era responsable por una violación al derecho a la integridad personal" del pueblo afrodescendiente.
Como medidas de reparación, el fallo determinó "conferir el título de propiedad" sobre tierras alternativas o indemnizar en consecuencia; resolver los recursos en trámite realizados por la comunidad; pagar indemnizaciones y crear un fondo para financiar proyectos sociales para la comunidad garífuna.
Comunidades indígenas en Guatemala
Además, Guatemala violó los derechos de una comunidad maya q'eqchi' por permitir la usurpación y operación de una mina de níquel en sus tierras ancestrales, según una sentencia de la Corte IDH.
"Guatemala (es) responsable internacionalmente por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a las garantías judiciales, al acceso a la información, a la propiedad, a los derechos políticos y el derecho a la protección judicial" de la comunidad indígena Agua Caliente, según el fallo.
La Corte, con sede en San José, ordenó al Estado guatemalteco titular y demarcar ese territorio y "reparar integralmente las consecuencias de las violaciones", en especial los daños provocados por la falta de titulación y por el proyecto minero.
El Estado recalificó como "lote" en el siglo XIX las más de 1.353 hectáreas de tierras ancestrales de la comunidad, de unas 400 personas, ubicadas en el municipio de El Estor, a unos 300 km al noreste de Ciudad de Guatemala.
La comunidad tituló en 1974 las tierras a su nombre, pero no fue hasta 2019, y tras una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que se les hizo entrega formal de los documentos, ya que se habían extraviado, precisó la Corte IDH.
En ese tiempo de demora, en parte del territorio maya q'eqchi', en 2004 se instaló el proyecto minero "Fénix", que operó pese a inconsistencias legales encontradas por la Justicia en su otorgamiento y los reclamos de la comunidad, agregó.
La concesión minera "no se realizó de manera adecuada, careciendo de respeto a las costumbres y formas de organización de las comunidades", advirtió la Corte.
Las comunidades indígenas aseguran que el proyecto provoca severos daños ambientales. Una protesta contra la mina dejó un pescador muerto en 2017.
