Por AFP
La décima conferencia del Convenio Marco para el Control del Tabaco (FCTC) culminó en Panamá con marcadas diferencias sobre los procesos de medición y control de sustancias tóxicas en los productos de tabaco.
Luego de una semana de reuniones, los desacuerdos entre los delegados de los 180 países participantes de este mecanismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que apunta a controlar la epidemia de tabaquismo, se concentran en la aplicación de dos artículos del convenio.
Se trata de los artículos 9 y 10, que determinan que los integrantes de este mecanismo busquen los caminos dentro de su legislación, para medir la toxicidad de los productos de tabaco, y lograr que esa información llegue a las autoridades y el público.
Mientras algunos países pretenden que se conforme un "grupo de expertos" independientes que proponga pruebas científicas para lograr este objetivo, una veintena de naciones, entre ellas Guatemala, propugnan la creación de un "grupo de trabajo" compuesto apenas por funcionarios que podrían recibir órdenes de sus respectivos gobiernos.
"Los temas que son más controvertidos específicamente tienen que ver con los artículos 9 y 10", reconoció la jefa del Secretariado del Convenio Marco, Adriana Blanco.
"Siempre en estas conferencias multilaterales hay demoras porque cada país tiene su propio enfoque" sobre un tema, dijo Blanco a periodistas.
El problema podría resolverse por votación, aunque el convenio marco, vigente desde 2005, busca que las resoluciones sean por consenso. De no haberlo, también podría pasar a la próxima reunión de 2025, en sede a definir.
"La voz de las tabacaleras"
Algunas oenegés presentes en esta conferencia llamada COP10, afirman que Guatemala se alinea tradicionalmente con la industria tabacalera en las conferencias del convenio marco.
"Guatemala siempre ha sido la voz de las tabacaleras", expresó a la AFP el activista mexicano Erick Antonio, de la ONG Salud Justa.
El articulado del convenio tiene una disposición específica que estipula que no puede haber interferencia de la industria tabacalera en estas conferencias, ni en el dictado de políticas de salud.
"Esta manera de argumentar en la que se ponen intereses económicos y se defiende una narrativa mucho más cercana a la Organización Mundial de Comercio que a la Organización Mundial de la Salud, no solo nos parece que es riesgosa, sino que entorpece cualquier avance por consenso", añadió Antonio sobre la postura de la veintena de países discordantes.
"Ha habido muchas dilaciones, inclusiones de texto de última hora, volver a revisar, expresar que esto debe quedar para la COP11", lamentó Daniel Dorado, experto de la oenegé Corporate Accountability.
La OMS calcula que el tabaco mata actualmente a más de ocho millones de personas por año en el mundo, incluyendo 1,3 millones de fumadores pasivos expuestos al humo.
Brasil propuso en particular un mecanismo para el manejo de las colillas de cigarrillos y otros desechos del tabaco que contaminan el medioambiente.
Hasta ahora se consideraba que el tema de los desechos era problema solo en los países productores de tabaco, "pero no de los países consumidores", explicó a la AFP la delegada brasileña Vera Luiza da Costa e Silva.
Tras el cierre de la COP10, comenzará la tercera conferencia de seguimiento del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (MOP3, vigente desde 2018), con participación de casi 70 países.
