Por revistaeyn.com
Cobre Panamá actualiza el Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina, misma que fue ordenada a cerrar por las autoridades panameñas en noviembre de 2023, luego de dejar sin efecto el contrato emitido por el Congreso de Panamá y firmado por el Estado y la empresa, que le permitiría a la multinacional operar por 40 años en la zona caribeña del país la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
En este nuevo plan e informe presentado se advierte de los riesgos de mantener almacenado por mucho tiempo el concentrado de cobre obtenido antes del cese de operaciones.
“Normalmente, el concentrado de cobre -un producto de las operaciones mineras- se exporta rápidamente para garantizar su estabilidad y la seguridad. Sin embargo, debido al almacenamiento prolongado en espera de la autorización de exportación, se está observando en el monitoreo un aumento en el secado y reacciones químicas que producen gases peligrosos y elevan las temperaturas, presentando riesgos significativos para la salud, seguridad y el medio ambiente”, advierten en el informe.
La minera llama a autorizar de inmediato este material.
En respuesta a estas preocupaciones Cobre Panamá se comprometió a destinar los ingresos de la venta del concentrado hacia los costos del Plan, que asciende a entre US$15 y US$20 millones mensuales.
La mina producía desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, el 75 % de las exportaciones panameñas y el 5 % del PIB del país. Además de sus 7.000 trabajadores directos, tenía unos 33.000 indirectos.
La acción es parte de lo solicitado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que solicitó la actualización del Plan el 26 de marzo pasado.
”La transparencia y la cooperación son elementos fundamentales de nuestro enfoque para la gestión responsable y segura de esta situación, buscando el beneficio de todas las partes involucradas”, informó la empresa.
En este proceso, la minera canadiense First Quantum Minerals dijo que buscaba US$20.000 millones a través de un arbitraje internacional después de que Panamá ordenara el cierre de la empresa insignia de la compañía cobre en la nación centroamericana.
Tras paralizar sus operaciones, la mina despidió a la mayor parte de sus 7.000 empleados y ahora solo hay un puñado de trabajadores en tareas de mantenimiento. Los caminos de acceso y el puerto donde se embarcaba el cobre están desiertos.
