Por AFP
El Congreso de Costa Rica aprobó este martes dos proyectos de ley que establecen controles más estrictos sobre la tenencia de armas de fuego, considerados clave para contener los elevados índices de criminalidad.
La norma aprobada por mayoría en la Asamblea Legislativa establece penas de 2 a 4 años de prisión por portación ilícita de armas que han sido registradas, y de 4 a 8 años por portación de armas no registradas.
También impone penas a quienes no denuncian la pérdida o robo de un arma registrada, y obliga a las empresas privadas de seguridad a entregar al Ministerio de Seguridad Pública las armas en su poder cuando la empresa cierra sus operaciones, como una forma de evitar que lleguen a manos de criminales.
'Con esto tenemos mejores herramientas legales que nos permiten continuar trabajando sobre el control de las armas de fuego, y a su vez impactar en temas importantes como la reducción de los homicidios', comentó el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, uno de los impulsores de la iniciativa.
La legislación establece nuevos controles para evitar la salida de armas del mercado lícito al ilícito y prohíbe otorgar armas a personas con antecedentes de violencia contra las mujeres.
El país centroamericano ha vivido un aumento de los homicidios entre 2012 y 2017, cuando alcanzó 12,1 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según la policía judicial.
La cifra se redujo en 2018 a 11,7, aún muy superior al promedio mundial de 5,3 homicidios en 2015, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El Congreso de Costa Rica aprobó este martes dos proyectos de ley que establecen controles más estrictos sobre la tenencia de armas de fuego, considerados clave para contener los elevados índices de criminalidad.
La norma aprobada por mayoría en la Asamblea Legislativa establece penas de 2 a 4 años de prisión por portación ilícita de armas que han sido registradas, y de 4 a 8 años por portación de armas no registradas.
También impone penas a quienes no denuncian la pérdida o robo de un arma registrada, y obliga a las empresas privadas de seguridad a entregar al Ministerio de Seguridad Pública las armas en su poder cuando la empresa cierra sus operaciones, como una forma de evitar que lleguen a manos de criminales.
'Con esto tenemos mejores herramientas legales que nos permiten continuar trabajando sobre el control de las armas de fuego, y a su vez impactar en temas importantes como la reducción de los homicidios', comentó el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, uno de los impulsores de la iniciativa.
La legislación establece nuevos controles para evitar la salida de armas del mercado lícito al ilícito y prohíbe otorgar armas a personas con antecedentes de violencia contra las mujeres.
El país centroamericano ha vivido un aumento de los homicidios entre 2012 y 2017, cuando alcanzó 12,1 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según la policía judicial.
La cifra se redujo en 2018 a 11,7, aún muy superior al promedio mundial de 5,3 homicidios en 2015, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
