Por AFP
Costa Rica cerró 2018 con un déficit fiscal de 6% del PIB que resultó menor al de 7,2% proyectado por el Banco Central, informó este lunes el presidente Carlos Alvarado.
El mandatario atribuyó la reducción a medidas de contención de gastos, combate a la evasión fiscal y eficiencia impulsadas por el gobierno en los últimos nueve meses. En 2017 el rojo fiscal había sido de 6,2%.
Antes de viajar al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, Alvarado explicó que el déficit se abatió desde el 6,2% de 2017 sin que entrara en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que contempla aumentos tributarios. Los nuevos impuestos regirán desde el segundo semestre de este año.
La ministra de Hacienda Rocío Aguilar destacó de su lado que el gobierno llegó al poder en mayo en un contexto de dificultades económicas, con un crecimiento menor al previsto, una caída en los ingresos fiscales y crecientes tasas de interés.
Para hacerle frente a ese escenario, dijo Aguilar, el gobierno aplicó drásticas medidas de contención de gasto y combate a la evasión tributaria.
'A pesar de que los ingresos caen 0,23% del PIB con respecto de 2017, logramos contener el gasto en 0,39%, y esa contención del gasto cuando le quitamos el pago de intereses, es de 0,82% del PIB', comentó Aguilar. 'Creo que es de los esfuerzos en materia de contención más importantes desde que tengo memoria', señaló.
Para mantener la tendencia de reducción de gastos, tanto el presidente como la ministra de Hacienda insistieron en la necesidad de reestructura la deuda pública, que cayó en el último año de 55,4% del PIB a 53,7%.
También insistieron en la aprobación de un proyecto de ley de eurobonos, que permitiría al gobierno emitir 6.500 millones de dólares en bonos en condiciones favorables.
El gobierno también espera que la Asamblea Legislativa (parlamento) apruebe leyes complementarias para sanear las finanzas públicas, incluida la reforma del empleo pública y el pago de impuestos de las grandes cooperativas.
La asfixiante situación fiscal del país centroamericano llegó a que varias agencias calificadoras de riesgo bajaran la nota de Costa Rica en los últimos meses, a pesar de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Dicha ley fue aprobada en medio de fuertes presiones de los sindicatos del sector público, que paralizaron labores a lo largo de varios meses para tratar de impedir su votación.
Costa Rica cerró 2018 con un déficit fiscal de 6% del PIB que resultó menor al de 7,2% proyectado por el Banco Central, informó este lunes el presidente Carlos Alvarado.
El mandatario atribuyó la reducción a medidas de contención de gastos, combate a la evasión fiscal y eficiencia impulsadas por el gobierno en los últimos nueve meses. En 2017 el rojo fiscal había sido de 6,2%.
Antes de viajar al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, Alvarado explicó que el déficit se abatió desde el 6,2% de 2017 sin que entrara en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que contempla aumentos tributarios. Los nuevos impuestos regirán desde el segundo semestre de este año.
La ministra de Hacienda Rocío Aguilar destacó de su lado que el gobierno llegó al poder en mayo en un contexto de dificultades económicas, con un crecimiento menor al previsto, una caída en los ingresos fiscales y crecientes tasas de interés.
Para hacerle frente a ese escenario, dijo Aguilar, el gobierno aplicó drásticas medidas de contención de gasto y combate a la evasión tributaria.
'A pesar de que los ingresos caen 0,23% del PIB con respecto de 2017, logramos contener el gasto en 0,39%, y esa contención del gasto cuando le quitamos el pago de intereses, es de 0,82% del PIB', comentó Aguilar. 'Creo que es de los esfuerzos en materia de contención más importantes desde que tengo memoria', señaló.
Para mantener la tendencia de reducción de gastos, tanto el presidente como la ministra de Hacienda insistieron en la necesidad de reestructura la deuda pública, que cayó en el último año de 55,4% del PIB a 53,7%.
También insistieron en la aprobación de un proyecto de ley de eurobonos, que permitiría al gobierno emitir 6.500 millones de dólares en bonos en condiciones favorables.
El gobierno también espera que la Asamblea Legislativa (parlamento) apruebe leyes complementarias para sanear las finanzas públicas, incluida la reforma del empleo pública y el pago de impuestos de las grandes cooperativas.
La asfixiante situación fiscal del país centroamericano llegó a que varias agencias calificadoras de riesgo bajaran la nota de Costa Rica en los últimos meses, a pesar de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Dicha ley fue aprobada en medio de fuertes presiones de los sindicatos del sector público, que paralizaron labores a lo largo de varios meses para tratar de impedir su votación.
