Por EFE
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) anunció hoy su respaldo a la decisión del presidente del país, Jimmy Morales, de terminar el acuerdo con la ONU para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La decisión de Morales 'está dentro del marco de sus competencias por virtud de la Constitución Política de la República', dijo el sector empresarial organizado en un comunicado, en el que pidió que la salida de CICIG vaya acompañada de 'medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad'.
Añadió que la entidad de las Naciones Unidas debe 'fortalecer' el trabajo que hace el Ministerio Público (Fiscalía) y la acción penal y que los casos iniciados ante los tribunales de justicia 'deben continuar' siguiendo el debido proceso.
Coincidió con el mandatario en que hay varios casos presentados por la CICIG y la Fiscalía 'señalados por el propio sector empresarial organizado como faltas al debido proceso'.
Como dijo Morales en una conferencia de prensa la tarde del lunes, el Comité Coordinador aseguró que no ha habido una respuesta de Naciones Unidas a los requerimientos del Gobierno de Guatemala, lo cual 'refleja que el mecanismo contemplado en el acuerdo de creación de la Comisión no ha cumplido su cometido' y ha hecho 'imposible encontrar alternativas a la controversia'.
También mostró su rechazo al argumento de la ONU 'al señalar que la CICIG no es parte de su sistema', lo cual 'justifica que no les corresponde dar respuesta sobre los casos que la CICIG tiene a su cargo', generando 'un vacío legal en términos de fiscalización y cuentadancia'.
La decisión del presidente Morales, que fue comunicada directamente en Nueva York al secretario general de la ONU, António Guterres, por la canciller, Sandra Jovel, fue impugnada la noche del lunes por el abogado Alfonso Carrillo y el ombudsman, Jordán Rodas, quienes calificaron de 'ilegal' el cese de la CICIG.
En su anuncio, en el que se rodeó de personas procesadas -algunas sentenciadas- en casos investigados por CICIG y sus familiares, Morales dijo que daba por terminado de forma 'inmediata y definitiva' el acuerdo del Gobierno con Naciones Unidas para el establecimiento de CICIG por la supuesta 'violación grave' de leyes nacionales e internacionales.
"El año pasado, el presidente Morales repetidamente afirmó apoyar a la Cicig. No obstante, durante este período él ha tratado de paralizar a la CICIG mediante la expulsión de su comisionado e intimidando a sus empleados. Lo ha hecho a pesar de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que defienden la independencia y el mandato de la CICIG y su comisionado", indicó en un comunicado.
Agregó que el presidente y aquellos que han participado o respaldado su "flagrante abuso de poder" hicieron su elección.
"Es una elección de interés propio sobre el interés público. De impunidad sobre justicia. Sobre mentiras sobre la verdad, y contradice la voluntad de los guatemaltecos", continúa el pronunciamiento.
Además, Leahy advirtió que el Congreso de Estados Unidos responderá "consecuentemente".
"El presidente Morales y aquellos en su gobierno que defienden tales actos ya no son bienvenidos aquí. Hasta que revierta el curso o sea electo un nuevo presidente que tenga integridad y que ponga los intereses de los guatemaltecos primero, la asistencia para el Gobierno de Guatemala será suspendida de acuerdo con la ley de EE. UU.", resaltó.
'Retirarse de esa forma sería un grave error para Guatemala', advirtió el congresista, quien prometió accionar por medio de la Ley Magnitsky. Este nuevo ataque se está produciendo porque la CICIG ha tenido éxito y los líderes corruptos del país, incluido el presidente Jimmy Morales, se están asustando', agregó McGovern.
La Ley Magnisty es un mecanismo propuesto por congresistas de EE. UU. que buscan sancionar a políticos que estén implicados en actos de corrupción.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) anunció hoy su respaldo a la decisión del presidente del país, Jimmy Morales, de terminar el acuerdo con la ONU para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La decisión de Morales 'está dentro del marco de sus competencias por virtud de la Constitución Política de la República', dijo el sector empresarial organizado en un comunicado, en el que pidió que la salida de CICIG vaya acompañada de 'medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad'.
Añadió que la entidad de las Naciones Unidas debe 'fortalecer' el trabajo que hace el Ministerio Público (Fiscalía) y la acción penal y que los casos iniciados ante los tribunales de justicia 'deben continuar' siguiendo el debido proceso.
Coincidió con el mandatario en que hay varios casos presentados por la CICIG y la Fiscalía 'señalados por el propio sector empresarial organizado como faltas al debido proceso'.
Como dijo Morales en una conferencia de prensa la tarde del lunes, el Comité Coordinador aseguró que no ha habido una respuesta de Naciones Unidas a los requerimientos del Gobierno de Guatemala, lo cual 'refleja que el mecanismo contemplado en el acuerdo de creación de la Comisión no ha cumplido su cometido' y ha hecho 'imposible encontrar alternativas a la controversia'.
También mostró su rechazo al argumento de la ONU 'al señalar que la CICIG no es parte de su sistema', lo cual 'justifica que no les corresponde dar respuesta sobre los casos que la CICIG tiene a su cargo', generando 'un vacío legal en términos de fiscalización y cuentadancia'.
La decisión del presidente Morales, que fue comunicada directamente en Nueva York al secretario general de la ONU, António Guterres, por la canciller, Sandra Jovel, fue impugnada la noche del lunes por el abogado Alfonso Carrillo y el ombudsman, Jordán Rodas, quienes calificaron de 'ilegal' el cese de la CICIG.
En su anuncio, en el que se rodeó de personas procesadas -algunas sentenciadas- en casos investigados por CICIG y sus familiares, Morales dijo que daba por terminado de forma 'inmediata y definitiva' el acuerdo del Gobierno con Naciones Unidas para el establecimiento de CICIG por la supuesta 'violación grave' de leyes nacionales e internacionales.
El Sector Empresarial Organizado manifiesta: pic.twitter.com/WhmZOptzun
- CACIF Noticias (@CACIFnoticias) 8 de enero de 2019
Podrían quitar la ayuda para Guatemala
El senador Patrick Leahy, vicepresidente del Comité de Apropiaciones del Senado, condenó que el presidente Jimmy Morales haya dado por terminado el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)."El año pasado, el presidente Morales repetidamente afirmó apoyar a la Cicig. No obstante, durante este período él ha tratado de paralizar a la CICIG mediante la expulsión de su comisionado e intimidando a sus empleados. Lo ha hecho a pesar de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que defienden la independencia y el mandato de la CICIG y su comisionado", indicó en un comunicado.
Agregó que el presidente y aquellos que han participado o respaldado su "flagrante abuso de poder" hicieron su elección.
"Es una elección de interés propio sobre el interés público. De impunidad sobre justicia. Sobre mentiras sobre la verdad, y contradice la voluntad de los guatemaltecos", continúa el pronunciamiento.
Además, Leahy advirtió que el Congreso de Estados Unidos responderá "consecuentemente".
"El presidente Morales y aquellos en su gobierno que defienden tales actos ya no son bienvenidos aquí. Hasta que revierta el curso o sea electo un nuevo presidente que tenga integridad y que ponga los intereses de los guatemaltecos primero, la asistencia para el Gobierno de Guatemala será suspendida de acuerdo con la ley de EE. UU.", resaltó.
Advierte de aplicación de la Ley Global Magnitsky
En tanto, el congresista James P. McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, condenó enérgicamente la acción del Gobierno.'Retirarse de esa forma sería un grave error para Guatemala', advirtió el congresista, quien prometió accionar por medio de la Ley Magnitsky. Este nuevo ataque se está produciendo porque la CICIG ha tenido éxito y los líderes corruptos del país, incluido el presidente Jimmy Morales, se están asustando', agregó McGovern.
La Ley Magnisty es un mecanismo propuesto por congresistas de EE. UU. que buscan sancionar a políticos que estén implicados en actos de corrupción.
