Por El Economista (España)
Sacyr y sus socios que construyeron el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá prevén recuperar 2.057,8 millones de dólares (1.846 millones de euros al cambio actual) en los arbitrajes que enfrentan con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en Miami, de acuerdo con el último informe del experto independiente DFL Associate del pasado 23 de octubre. Esta cifra representa un 3,74% más que los 1.983,6 millones de dólares (1.779 millones de euros) que esta firma estimó un año antes.
Sacyr cuenta con una participación del 41,6% en Grupo Unidos por el Canal (GUPC), del que también forman parte la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA. No obstante, frente al cliente este porcentaje asciende al 48%. De este modo, la constructora española podría recibir un total de 988 millones de dólares (886 millones de euros) por las reclamaciones que tiene presentadas el consorcio, siempre según los cálculos de DFL Associate.
Según consta en el informe financiero anual de 2018 de Sacyr, el experto independiente realiza estas estimaciones 'sobre la base de su propia investigación, experiencia y en base a la documentación proporcionada por GUPC'.
Sacyr y sus socios han presentado varias reclamaciones, derivadas de diversos costes imprevistos surgidos en el proyecto, a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que en conjunto ascienden a 4.221,3 millones de dólares (3.788 millones de euros). Se encuentran actualmente en proceso de arbitraje internacional a través del CCI (Tribunal de arbitrajecon sede en Miami, sujeto a la Ley panameña, que se rige bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional). Adicionalmente, las empresas tienen presentadas reclamaciones por sus perjuicios, que harían ascender el importe total hasta 5.200 millones de dólares (4.666 millones de euros).
GUPC ha abierto cuatro arbitrajes que agrupan las distintas reclamaciones. En el primero, denominada Pacifi Cofferdam, las empresas demandaban 194,1 millones de dólares (174 millones de euros). El proceso se inició en Miami en 2016. La audiencia se celebró en enero de 2017 y el CCI dictó laudo el 25 de julio denegando la reclamación de GUPC, con lo que se puso fin a esta reclamación.
Un segundo arbitraje es el relativo al basalto, fórmulas de hormigón, fallas y laboratorio, por 463,1 millones de dólares (415,6 millones de euros). En el informe anual de 2017 este importe ascendía a 541 millones de dólares (485,5 millones de euros).
El tercero se corresponde a compuertas y laborales, por 593,9 millones de dólares (533 millones de euros). En 2017 la cifra era de 585 millones de dólares (525 millones de euros). El cuarto arbitraje por 'disruption, prototipo, hormigón general y ómnibus' se eleva a 2.970,2 millones de dólares (x2.666 millones de euros), frente a los 2.741 millones de dólares (2.460 millones de euros) que contabilizaba en el ejercicio anterior.
Durante 2018 GUPC no recibió nuevos nuevos cobros por reclamaciones, al no dictarse resoluciones de la DAB (Dispute Adjudication Board o Junta de Resolución de Disputas) y estando pendientes las correspondientes a los tribunales de arbitraje de Miami. Hasta la fecha, el consorcio ha cobrado 346,4 millones de dólares (311 millones de euros).
Por el contrario, el pasado 12 de diciembre la Corte de Miami emitió un laudo referente a los anticipos económicos recibidos en 2009 GUPC en concepto de costes de movilización e instalaciones de plantas, que estableció la obligación para el consorcio de 547,96 millones de dólares (492 millones de euros) a la ACP.
Para hacer frente a este laudo, Sacyr firmó un préstamo sindicado por 225 millones de euros, por un periodo de 5 años, con 2 años de carencia. En marzo de 2019 se liquidó el segundo y último tramo de anticipos que en el caso de Sacyr asciende a un importe aproximado de 125 millones de euros, según señala la compañía que preside Manuel Manrique en su memoria.
Sacyr y sus socios que construyeron el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá prevén recuperar 2.057,8 millones de dólares (1.846 millones de euros al cambio actual) en los arbitrajes que enfrentan con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en Miami, de acuerdo con el último informe del experto independiente DFL Associate del pasado 23 de octubre. Esta cifra representa un 3,74% más que los 1.983,6 millones de dólares (1.779 millones de euros) que esta firma estimó un año antes.
Sacyr cuenta con una participación del 41,6% en Grupo Unidos por el Canal (GUPC), del que también forman parte la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA. No obstante, frente al cliente este porcentaje asciende al 48%. De este modo, la constructora española podría recibir un total de 988 millones de dólares (886 millones de euros) por las reclamaciones que tiene presentadas el consorcio, siempre según los cálculos de DFL Associate.
Según consta en el informe financiero anual de 2018 de Sacyr, el experto independiente realiza estas estimaciones 'sobre la base de su propia investigación, experiencia y en base a la documentación proporcionada por GUPC'.
Sacyr y sus socios han presentado varias reclamaciones, derivadas de diversos costes imprevistos surgidos en el proyecto, a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que en conjunto ascienden a 4.221,3 millones de dólares (3.788 millones de euros). Se encuentran actualmente en proceso de arbitraje internacional a través del CCI (Tribunal de arbitrajecon sede en Miami, sujeto a la Ley panameña, que se rige bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional). Adicionalmente, las empresas tienen presentadas reclamaciones por sus perjuicios, que harían ascender el importe total hasta 5.200 millones de dólares (4.666 millones de euros).
GUPC ha abierto cuatro arbitrajes que agrupan las distintas reclamaciones. En el primero, denominada Pacifi Cofferdam, las empresas demandaban 194,1 millones de dólares (174 millones de euros). El proceso se inició en Miami en 2016. La audiencia se celebró en enero de 2017 y el CCI dictó laudo el 25 de julio denegando la reclamación de GUPC, con lo que se puso fin a esta reclamación.
Un segundo arbitraje es el relativo al basalto, fórmulas de hormigón, fallas y laboratorio, por 463,1 millones de dólares (415,6 millones de euros). En el informe anual de 2017 este importe ascendía a 541 millones de dólares (485,5 millones de euros).
El tercero se corresponde a compuertas y laborales, por 593,9 millones de dólares (533 millones de euros). En 2017 la cifra era de 585 millones de dólares (525 millones de euros). El cuarto arbitraje por 'disruption, prototipo, hormigón general y ómnibus' se eleva a 2.970,2 millones de dólares (x2.666 millones de euros), frente a los 2.741 millones de dólares (2.460 millones de euros) que contabilizaba en el ejercicio anterior.
Durante 2018 GUPC no recibió nuevos nuevos cobros por reclamaciones, al no dictarse resoluciones de la DAB (Dispute Adjudication Board o Junta de Resolución de Disputas) y estando pendientes las correspondientes a los tribunales de arbitraje de Miami. Hasta la fecha, el consorcio ha cobrado 346,4 millones de dólares (311 millones de euros).
Por el contrario, el pasado 12 de diciembre la Corte de Miami emitió un laudo referente a los anticipos económicos recibidos en 2009 GUPC en concepto de costes de movilización e instalaciones de plantas, que estableció la obligación para el consorcio de 547,96 millones de dólares (492 millones de euros) a la ACP.
Para hacer frente a este laudo, Sacyr firmó un préstamo sindicado por 225 millones de euros, por un periodo de 5 años, con 2 años de carencia. En marzo de 2019 se liquidó el segundo y último tramo de anticipos que en el caso de Sacyr asciende a un importe aproximado de 125 millones de euros, según señala la compañía que preside Manuel Manrique en su memoria.
