La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes (05.04.2022) su preocupación por las medidas excepcionales aprobadas en El Salvador para frenar la violencia de pandillas, señalando presuntos “tratos crueles” contra supuestos pandilleros presos.
”Estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas”, dijo la portavoz de la alta comisionada, Liz Throssell, en una nota de prensa difundida en Ginebra.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele impulsó la aprobación en el Congreso (controlado por sus aliados) de las medidas de emergencia, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de la Policía, como respuesta a una ola de 87 homicidios ocurridos entre el 25 y 27 de marzo.
De acuerdo con Throssell, desde que entró en vigor el estado de excepción, el 27 de marzo pasado, fuerzas policiales y del Ejército han sido desplegadas en zonas con presencia de pandillas y, “según informes”, “recurrieron al uso innecesario y excesivo de la fuerza”.
”Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, agregó la vocera de Michelle Bachelet.
La entidad también alertó sobre las reformas aprobadas la semana pasada para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a las maras, y que también fijaron penas más duras para niñas o niños que cometan delitos siendo parte de una pandilla.
“Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura, los principios de juicio justo y la presunción de inocencia, así como las garantías procesal es que protegen estos derechos, se aplican en todo momento, incluso durante los estados de excepción. Esto es especialmente cierto en el caso de los niños”, sostuvo la portavoz.
En tanto, organizaciones salvadoreñas e internacionales señalaron este martes (05.04.2022) que el régimen de excepción también golpea los derechos humanos, por lo que llamaron a implementar medidas integrales para dar solución al problema de la violencia.
Las organizaciones sociales y la oficina del ombudsman salvadoreño, Apolonio Tobar, han recabado más de 100 denuncias de vulneraciones a derechos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Entes como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) expresaron nuevamente su preocupación por el régimen de excepción adoptado por el Gobierno de Bukele y señalaron que en El Salvador se están implementando estrategias que “ya han comprobado ser fallidas en otros momentos”.
Las organizaciones Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la asociación Azul Originario han recibo al menos 34 denuncias por violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción entre el 27 de marzo y 4 de abril.
De acuerdo con Ábrego, 26 de las denuncias tienen que ver con abuso de autoridad y el resto con detenciones arbitrarias e intimidación. También, aseguró que la mayoría de las personas afectadas han sido víctimas de agentes de la Policía y de elementos de la Fuerza Armada.
