El "Modelo de Diálogo y Consenso" que existió por 11 años en Nicaragua, entre la empresa privada y el Gobierno, fue finalizado por el presidente de ese país, Daniel Ortega, quien a cambio les ofreció a los empresarios que solo se limitarían a "contribuir para el desarrollo de la economía del país" y dejaran de lado su participación en otros asuntos relacionados con la institucionalidad y la democracia.
La decisión de Ortega rompe el modelo, que le ayudó a mantener el crecimiento de la economía a costa de demoler la institucionalidad y socavar la democracia y atraer miles de millones de dólares en inversión extranjera directa.
El nuevo modelo propuesto por el sandinista "tendría que ser partiendo estrictamente de lo que es el papel del empresario, en cuanto aportar para el desarrollo de la economía del país, no tanto como lo habíamos incorporado en la alianza, donde partimos que ellos podían participar y opinar sobre diferentes temas", sostuvo Ortega en una entrevista televisiva.
En esos 11 años, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) incidió en la aprobación de 124 leyes desde el 2008 hasta 2017 y además consiguió sillas de representación en más de 40 instituciones públicas.
Desde que comenzó la crisis, Ortega dijo que la cúpula empresarial no da señales de querer sentarse otra vez al diálogo, pero advirtió que si estos vuelven habrían nuevas condiciones.
Esta ruptura en el modelo de alianza que tenía el Gobierno con los empresarios ocurre en víspera que el Ejecutivo tiene pendiente aplicar un ajuste fiscal que implicaría la reducción de la exoneraciones y exenciones, una recomendación que había dado el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que estaba en discusión.
Ortega admitió que la alianza con la empresa privada los llevó al punto que las leyes en el país no se aprobaban sin consenso entre ambas partes.
"Aquí no aprobábamos una ley sino era en consenso con los empresarios, nosotros mantenemos esa disposición de hacerlo así en el campo de las leyes, de aprobarlas en consenso con los empresarios, pero en otros campos yo diría que se rebasaba el ámbito dándole a ellos participación", explicó Ortega.
¿Cuándo empezó la ruptura Gobierno - empresa privada?
La separación de Cosep y Ortega inició antes de la crisis, el 18 de abril.Se empezó a notar la ruptura entre ambas partes luego de la aprobación de acuatro leyes por parte del Ejecutivo sin consenso de los empresarios, lo que dejaba entrever que el modelo de diálogo que impuso estaba entrando en franco deterioro y apuntaba a su fin.
Primero, el Gobierno aprobó unilateral el salario mínimo, al poco tiempo el Ortega apareció con la propuesta de regular las redes sociales, que afectan indirectamente al sector de telecomunicaciones. Después sorprendió con un paquete de leyes antilavado que impactaron al sistema financiero. Y por último, impuso una reforma a la Seguridad Social, misma que llevó a la crisis y que al final se revirtió.
A pesar de ello, Ortega sostiene que la ruptura del modelo de diálogo tiene su origen en el injerencismo de los Estados Unidos, que estaba presionando al sector privado con la aparición de la Nica Act, que busca bloquear el acceso de Nicaragua a recursos en los organismos multilaterales y que por ende se dañaría el clima de inversión.
El expresidente del Cosep, Erving Krüger dijo que si el presidente Ortega no desea hablar sobre tema del sector privado, "pues él se priva de obtener una opinión sincera de quienes son independientes y no sus subalternos, y que están en contacto con el sentir de los inversionistas, los mercados, y la población, entre otros".
El castigo a la cúpula empresarial
El Gobierno ha mostrado su molestia ante la ruptura en la alianza con la empresa privada, pero lo que al parecer le duele más al régimen dictatorial de Ortega, es que este sector su uniera con los que él considera sus enemigos.The Economist Intelligence Unit, con sede en Londres, señala que Ortega ha tratado de castigar al sector empresarial representada en el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua por su colaboración con la oposición, apoyando tácitamente las invasiones de tierras y las adquisiciones de propiedades urbanas.
"Hasta ahora, apretar los tornillos no ha llevado a las principales cámaras empresariales que representan a la agricultura, la industria, el comercio y el turismo a ceder a la presión. Los bancos también han rechazado las demandas de que revelen los nombres de los depositantes que han eliminado grandes sumas de dinero del país. Sin embargo, otros segmentos de negocios podrían sucumbir a la presión para volver al lado del gobierno".
Krüger explicó que "los ciudadanos que representan a los empresarios privados, además de ser ciudadanos son humanos, y en esas condiciones tienen derechos de ciudadanos y derechos humanos. Uno de estos derechos es el de ejercer sus derechos políticos y esto no lo puede limitar nadie. Los ciudadanos tienen sus derechos y es obligación de ellos el de ejercerlos, y es obligación del Presidente y su gobierno garantizar que los ejerzan libremente, para así cumplir con la Constitución. Esto crea el clima de tranquilidad y confianza necesario para la inversión, la producción, la generación de empleo y el bienestar".
Además insistió en que es de "interés nacional que las autoridades gubernamentales dialoguen con el sector privado. De ahí resultan mejores políticas económicas para crear más empleo, aumentar la producción, aumentar las exportaciones, generar ingresos, mejorar la productividad y otros. Ambos sectores están obligados a mantener buenas y eficientes diálogos para el bien de la nación".
Sobre la limitación que Ortega quiere imponerle al sector privado, Krüger considera que "si el Presidente no desea hablar cobre esos temas con el sector privado y auscultar su opinión, pues él se priva de obtener una opinión sincera de quienes son independientes y no sus subalternos, y que están en contacto con el sentir de los inversionistas, los mercados, y la población, entre otros".
Con información de La Prensa de Nicaragua.
