Esta semana volverán a cambiar las reglas del juego tributario, cuando los diputados del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional aprueben la reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT), que ya fue negociada a puertas cerradas con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
De un lado, cooperativas, pymes, iglesias, ONG y empresas en régimen de cuota fija tienen motivos para preocuparse. Del otro, las empresas que reciben más de US$600 millones en exoneraciones anuales, seguirán gozando de esos beneficios fiscales. Cuando la reforma entre en vigencia, una empresa o persona acaudalada podrá comprar un yate o un helicóptero libre de impuestos, pero un asalariado no podrá adquirir un vehículo que tenga más de siete años de uso.
Según el dictamen de minoría elaborado por la bancada del Partido Liberal Independiente (PLI), "exonerar a los millonarios que pueden comprar yates y helicópteros mientras se castiga a la clase trabajadora que quiere comprar un vehículo usado… desnuda la inmoralidad del sistema tributario que impulsa este gobierno".
"Para mí, quitarle los impuestos a los yates y helicópteros, y ponérselo a los zapatos y a la ropa hecha en Nicaragua, no es un tema tributario sino moral. Un zapatito de un niño que va al colegio pagará 15%, pero el que compre un yate o un helicóptero no pagará nada de impuesto. Eso es moralmente inaceptable", consideró el diputado liberal Eliseo Núñez Morales.
El economista Adelmo Sandino, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), y miembro de la Alianza Nicaragüense por la Justicia Fiscal, señala que se mantiene invariable el cuerpo de 73 leyes que legaliza el perdón de impuestos por US$600 a US$700 millones, al sector empresarial del país.
"Pensemos en lo que se podría hacer con ese dinero, si se considera que enviar 3.900 niños a clase nos cuesta un millón de dólares anuales", graficó.
Por su parte, Sinforiano Cáceres, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas (Fenacoop) consideró "un contrasentido que, entre más grande es la empresa, con más tecnología y más capital, requiere de más subsidios: o son ineficientes, o usan su poder económico para tener privilegios fiscales".
Evaluar, antes de reformar
Por naturaleza, una nueva ley o una reforma fiscal siempre genera una lista de ganadores y una de perdedores, y se supone que quienes la negocian y promulgan, discuten en público los pormenores del nuevo texto legal, y lo aprueban pensando en el bien común. Otro requisito antes de modificar una ley, en especial una de carácter fiscal, es evaluarla para saber cómo y cuánto afectó a la recaudación tributaria.
Nicaragua es una excepción. Aunque la bancada opositora y los expertos independientes han solicitado al Ejecutivo que presente el informe de exenciones y exoneraciones, a tenor con lo dispuesto en el artículo 286 de la LCT, ha sido imposible lograr que se cumpla la Ley.
"La LCT se aprobó hace dos años y ahora se presenta esta nueva reforma, pero no hay una evaluación, y si la hay, no se da a conocer, y es necesario saber cuál fue el impacto de la LCT para reformarla. La hemos pedido en plenario y en Comisión al ministro de Hacienda, que ofreció entregarla; hay un dictamen circulando, pero no se conoce cuál es el impacto. Sólo lo saben los concertadores: la cúpula empresarial, y su contraparte en el gobierno. Ni los nicaragüenses, ni los diputados la conocen", asegura el diputado Enrique Sáenz (MRS).
El legislador recuerda que la LCT fue ‘vendida’ con la promesa de que generaría más inversión y empleos. Por eso, ahora que se propone modificarla, le parece necesario "evaluar cuál es el impacto de esta ley, que no ha incentivado nada. Más bien vemos cómo va declinando la inversión privada. Quieren reforma a escondidas, sin que nadie sepa cuál es el impacto de la ley anterior", reclamó.
El economista Adolfo Acevedo tampoco cree que la LCT haya contribuido a atraer mayores flujos de inversión, en particular cuando se considera que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, pasó de representar el 26% del PIB en 2006, al 14% en 2013, por razones que aún nadie aclara.
Cooperativas piden cero cambios
Sinforiano Cáceres, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas (Fenacoop), defiende que en vez de gravar con nuevos impuestos a las cooperativas, se mantenga sin cambios el sistema actual, pensando en lo que representa ese tipo de organización para sus agremiados y para la economía en general.
¿Qué gana el país con mantener los beneficios fiscales a las cooperativas?
La Ley de Cooperativas dice que estas son un instrumento que permite trabajar por el desarrollo económico inclusivo, el combate a la pobreza, y lograr que la redistribución del ingreso sea más equitativa, lo que implica mayor democracia social y democracia económica.
¿Y eso es cierto o sólo discurso?
Es cierto porque existen 4.200 cooperativas con 250.000 familias asociadas en 11 federaciones y 90 organismos de segundo grado como centrales y uniones. Datos oficiales del gobierno indican que generamos 750.000 empleos de carácter familiar permanente. Producimos el 70% de los alimentos del país a bajo costo, con precios competitivos, a costa de sacrificar la fuerza de trabajo familiar. Eso hace viable tener alimentos baratos.
En Nicaragua, el azúcar, es un producto alimenticio que está en manos de un privado grande, y tiene que ser subsidiado para que ese grande siga ganando lo que necesita ganar para no irse del país, mientras que nosotros producimos alimentos aun sin subsidio, porque tenemos un compromiso social. Eso hace una gran diferencia entre tener un rubro alimentario en manos de un grande, o en manos de la pequeña producción cooperativizada.
Si no existieran subsidios a las cooperativas, los alimentos que se consumen en las ciudades serían más caros. Ya vimos el caso del azúcar. En el caso del arroz, Agricorp monopoliza el 80% de la distribución del arroz, y el 80% de la importación, pero ¿cómo es posible que si tiene ese monopolio requiera además del PAPA (Programa de Apoyo al Productor Arrocero) como subsidio para no dejar caer los precios en el mercado al momento de comprarle al productor?
Si las cooperativas son tan importantes, ¿por qué quieren gravarlas?
Porque la producción primaria en volumen tiende hacia procesos agroindustriales, que es donde está el sector privado. Nosotros hemos ido avanzando en la transformación agroindustrial de nuestra producción primaria, y lógicamente, la capacidad de competir con las cooperativas es cada vez menor. Por eso requieren de leyes que nos saquen del camino mediante la gravación de impuestos de lo que llamamos actos cooperativos, confundiéndolos adrede con actos mercantiles.
¿Cuál es la diferencia entre un acto cooperativo y un acto mercantil?
Un acto cooperativo es sin fines de lucro, es colectivo y tiene como fin la prestación de un servicio para hacer más eficiente la producción de los cooperados para que mejoren sus ingresos. En el acto mercantil hay intermediación de un bien o un servicio, hay ánimo de lucro, y es individual.
Si ya tienen un escudo fiscal por 40 millones de córdobas (US1,5 millones), ¿por qué no aceptar que se grave el exceso sobre esa cantidad?
Las cooperativas generan excedentes que se distribuyen a sus asociados. Nosotros estamos de acuerdo en que al socio nuestro, persona natural, se le cobren impuestos, pero que el instrumento que usamos para operar en una escala económica mayor no sea gravado, porque sería gravar la asociatividad. Implicaría condenar al productor a no asociarse para salir de su situación económica desventajosa. Por eso es que no estamos de acuerdo.
Ahora, si por la venta de servicios -por lo cual se cobra una comisión al socio- la cooperativa acumula US$1,5 millones, que pague ese impuesto, porque ninguna acumula esa cifra por la venta de servicios a sus asociados. Si lo que quieren es cobrar por la producción que el socio entrega a la cooperativa para que la venda, entonces sí, hay muchas que sobrepasan los US$1,5 millones.
