Tres reconocidos abogados brasileños, entre ellos, Helio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), presentaron ayer una solicitud para abrir un procedimiento de destitución (impeachment) en contra de la presidenta Dilma Rousseff, apresurando una definición sobre su supervivencia política en momentos en que meses de incertidumbre política han paralizado al Congreso, sacudido a los mercados financieros y profundizado la crisis económica.
El presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, férreo enemigo del gobierno, recibió la solicitud y ahora debe decidir si acepta la petición que alega irregularidades del Ejecutivo en el manejo de las cuentas públicas. De aceptarla, se pondrá en marcha un prolongado proceso legal que podría resultar en el retiro del mandato a la presidenta. Cunha, que enfrenta acusaciones de corrupción por el escándalo de Petrobras, se comprometió a estudiar la petición con total neutralidad, publicó Diario Financiero.
Se trata de la segunda vez en los 30 años de democracia de Brasil que el país está envuelto en un protocolo de impeachment presidencial. La última solicitud pondrá a prueba la determinación de Cunha y la oposición en tratar de derrocar a la presidenta menos popular de la historia moderna de Brasil. Si bien el resultado del esfuerzo de impeachment está lejos de ser claro, los analistas están de acuerdo: el estancamiento político debe resolverse, y rápido.
Sin estabilidad en la capital, dicen, el país más grande de América Latina tendrá dificultades para cerrar un déficit presupuestario en alza, recuperar la confianza de los inversionistas y salir de la que se prevé será la recesión más larga desde la Gran Depresión.
Más de 20 solicitudes de destitución
Desde que surgió el escándalo, Rousseff ha defendido su inocencia. "La acción del gobierno no será obstaculizada por la oposición", dijo la mandataria a periodistas el martes en Helsinki. "No importa cuántos impeachment presenten".
Si bien ya se han presentado por lo menos dos docenas de solicitudes, ésta es diferente, y es que ha sido firmada por Bicudo, un destacado ex miembro del PT de Rousseff, y el ex ministro de Justicia Miguel Reale Junior. Una solicitud anterior de Bicudo y Reale se centraba sólo en presuntas irregularidades en el presupuesto de 2014, pero persistían las dudas de si un presidente reelecto podía ser acusado por actos realizados durante su administración anterior.
La petición reformulada aporta más elementos jurídicos, en particular la reciente resolución del Tribunal de Cuentas en contra del gobierno de Rousseff. En octubre, el organismo rechazó de forma unánime las cuentas públicas de 2014 al entender que hubo irregularidades en el manejo de US$ 27.000 millones que permitieron un mayor gasto durante la campaña que llevó a la reelección de Rousseff en enero.
En su nueva solicitud de impeachment, los partidos opositores sostienen que la presidenta incumplió la ley de responsabilidad fiscal y, por lo tanto, debe ser sometida a una votación del Legislativo para determinar si es depuesta.
Objetivo presupuestario
El real brasileño cayó el miércoles por segundo día consecutivo ante las especulaciones de que el gobierno cambiará el objetivo presupuestario de este año a un déficit, desde un superávit, lo que subraya la incapacidad del Ejecutivo para apuntalar las finanzas del país.
Los cuatro diarios más grandes de Brasil informaron ayer que el gobierno revisará el presupuesto de 2015 por tercera vez, proyectando un déficit primario (excluye pagos de intereses) que podría superar los 50 mil millones de reales (US$13.000 millones). El déficit alcanzaría los 90 millones de reales en el peor escenario, que incluye el pago de todas las deudas a los bancos públicos, apuntó Folha de Sao Paulo.
Las conjeturas sobre el presupuesto se suman a la pesadumbre que rodea a la divisa de peor desempeño entre las principales monedas del mundo, que registra un declive de 32% desde fines de diciembre. El real cayó 0,9% ayer en Sao Paulo.
"éste es otro dominó que está cayendo en Brasil", dijo a Bloomberg Bernd Berg, de Société Générale.
Asimismo, Rousseff habría pedido a los miembros de su equipo económico maneras de hacer la meta fiscal 2016 más flexible, reportó Valor Económico. Sin embargo, el ministro de Finanzas Joaquim Levy sería contrario porque enviaría una señal de falta de compromiso con la austeridad fiscal, dijo Valor.
