La Asamblea Legislativa aprobó hoy el proyecto de ley 19.951, el cual le permite a Costa Rica avanzar en los requerimientos normativos que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con la aprobación de la reforma a la Ley de Estupefacientes, Costa Rica evita ingresar a la "lista gris" de naciones no cooperantes en la prevención y combate contra el financiamiento del terrorismo.
Un grupo de diputados había una consulta facultativa ante la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley, algo que "pudo poner en riesgo la economía y la competitividad del país, así como a sectores productivos muy importantes como el financiero, el exportador, el turismo, el industrial, el agrícola y el comercio; generando directa o indirectamente un impacto negativo en toda la economía", apunta la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), que se congratuló por la aprobación del texto legislativo.
De este modo, "Costa Rica podrá seguir adelante con la atracción de inversiones, así como continuar con el desarrollo de su oferta turística", apunta la UCCAEP.
Aprobación ‘in extremis’
La iniciativa fue aprobada hoy gracias a que los legisladores agendaron una sesión extraordinaria con el fin adelantar la votación del proyecto y que su ratificación como ley pueda ser presentada hoy ante representantes GAFI.
El Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro y una comitiva estatal se encuentran en Miami, Florida, Estados Unidos de América para participar en un "cara a cara" ante los evaluadores GAFI, espacio que permitirá defender los avances realizados por el país para evitar el ingreso a la lista de naciones que tienen seguimiento intensificado por parte de GAFI. Desde Miami, Alfaro agradeció el compromiso de los diputados y diputadas y recalcó la importancia de la nueva legislación.
"La aprobación del proyecto de ley 19.951 es una excelente noticia para la delegación de Costa Rica que estamos haciendo la defensa del país ante el GAFI. Este proyecto será una pieza clave en la exposición que haremos ante el grupo de evaluadores. Es importante agradecer y reconocer a la Asamblea la aprobación de esta iniciativa, sin duda el país necesita el aporte de todos los poderes de la República de cara a este proceso internacional de acreditación" afirmó el Ministro.
El proyecto de ley aprobado introducirá medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs) los cuales deben estar regulados, controlados y supervisados efectivamente para cumplir con los requerimientos mínimos de GAFI. Entre las APNFDs están: casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores y otros profesionales independientes que son considerados vulnerables y pueden verse implicados en una operación de lavado de dinero por el tipo de actividad que realizan al transar bienes de alto valor, que podrían ser adquiridos con dinero en efectivo producto de actividades ilícitas.
GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones miembros del G8. Su mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas, mediante la emisión de 40 recomendaciones internacionales.
