El gobierno del presidente, Carlos Alvarado, atravesó este 2021 por un terreno de profundos valles. Proyectos de relevancia para el Gobierno, golpeados, como el del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), fuertes cuestionamientos al proceso de vacunación contra el COVID-19 y la incapacidad de mejorar la situación socioeconómica del país, marcarán el almanaque del Poder Ejecutivo.
La pobreza y el desempleo dejan mal parada la gestión del Gobierno. Aunque ambos flagelos redujeron su incidencia este 2021, la Administración fue incapaz de devolverlos a los niveles en los que estaban antes de la pandemia del COVID-19.
Al tercer trimestre del 2021, el desempleo era de un 15,3%. A modo de comparación, en el I trimestre del 2020, cuando aún no se sentía con fuerza el impacto de la pandemia en el mercado laboral, la tasa de desempleo fue de un 12,4%.
La pobreza, en tanto, era de un 23% en octubre, uno de los porcentajes más altos de los últimos 30 años.
El incremento en los casos de narcotráfico, la revelación de la presunta penetración de bandas criminales en la institucionalidad pública, en cuenta Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, y la cantidad de homicidios, refelejan la magnitud del problema que enfrenta el país en materia de inseguridad y cómo esta sobrepasa las capacidades del Gobierno.
El 2021 cerraría como el año de la Administración Alvarado con más homicidios.
Sin reactivación económica
Una de las deudas del Gobierno al terminar el 2021 es la reactivación de la economía. Aunque el índice mensual de actividad económica (IMAE) revela que algunos sectores y actividades han recuperado su crecimiento, el régimen definitivo aún luce apagado y bajo en productividad y generación de empleo.Además, el Gobierno no implementó acciones eficaces para cerrar las múltiples brechas (género, conectividad, entre regiones geográficas, además de otras) que existen y que hacen dispar la recuperación económica y del empleo.
Las medidas que impulsó el Gobierno durante los momentos más duros de la pandemia se enfocaron en contener la crisis, pero no en preparar el terreno para la recuperación de la economía y de la producción.
La construcción de obra pública, uno de los puntos altos de la Administración Alvarado, también fue golpeada con dureza durante el 2021.
En junio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) practicó allanamientos a varias instituciones públicas, en cuenta Casa Presidencial, para recabar pruebas y detener a varios funcionarios públicos y empresarios involucrados en el caso "Cochinilla", de presunta corrupción en el desarrollo de obras públicas.
Desde entonces, varias de las obras viales que desarrollaban las empresas constructoras cuestionadas, H. Solís y Meco entre las más importantes, se paralizaron total o parcialmente. Otras, no arrancaron debido a la investigación.
Proyectos fallidos
El escándalo por el presunto pago de dádivas, que involucra al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), desactivó la maquinaria, generando demoras en el cronograma de desarrollo de algunas obras viales.Además, el mantenimiento vial, contratos que también acaparaban las firmas bajo investigación, se paralizó, generándoles molestias a los usuarios de las calles.
Este año, también, marcó el incremento en la conflictividad entre el Gobierno y la empresa china CHEC, a cargo de las labores de ampliación de la Ruta San José-Limón, con serios retrasos en su desarrollo.
También, a finales de setiembre, la Contraloría General de la República (CGR) frenó de golpe el avance del proyecto estrella del Gobierno, el del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), al señalar numerosos problemas en la fase de preinversión del proyecto.
Los hallazgos retrasan los planes del Gobierno de dejar amarrado el proyecto.
En el terreno legislativo las cosas tampoco cuajaron para Casa Presidencial, que batalló todo el año con la oposición para que esta priorizara los proyectos de ley para realizar un nuevo aumento de los impuestos en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque cosechó los votos para aprobar la Ley Marco de Empleo Público, el Gobierno sufrió un duro revés cuando la Sala Constitucional detectó roces entre los contenidos del proyecto y la Carta Magna, lo que retardó su entrada en vigor.
Aún hoy, esa propuesta no alcanza de nuevo su primer debate y se prevé que volvería a la Sala Constitucional para un nuevo análisis, con el riesgo de que se detecten nuevas irregularidades en su contenido.
El proyecto forma parte de la columna vertebral del acuerdo del Gobierno con el FMI. Su demora llevó al presidente Alvarado a reconocer recientemente que el pacto con el Fondo está en riesgo de incumplimiento.
La larga sombra de la UPAD
El escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que evaporó buena parte del capital político de Alvarado, en el 2020, alargó su sombra sobre el Gobierno durante buena parte del año 2021 también.En junio, 32 diputados aprobaron el informe de la comisión que investigó el caso de presunto mal manejo de datos privados de los ciudadanos en Casa Presidencial, hechos por los que responsabilizaron directamente a Alvarado.
La comisión investigadora concluyó que, sin lugar a dudas, hubo "acceso y manipulación de datos sensibles de los costarricenses por parte de los involucrados en este caso".
El fracaso en su plan de nombrar al fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Otton Solís, como embajador ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los cuestionamientos contra su ministro estrella, Rodolfo Méndez Mata, el lento proceso de vacunación contra el COVID-19 y haber tocado fondo en la calificación que la ciudadanía da a su gestión presidencial, son hechos que redondean un mal año para Carlos Alvarado y su administración.
