Corrupción: la 'mordida' que hiere (de muerte) al crecimiento

Mientras que en El Salvador, hay un caso judicializado a la luz p&uacute;blica (el del ex presidente Francisco Flores, por supuesta apropiaci&oacute;n de fondos de la cooperaci&oacute;n taiwanesa) pero sobrevuelan las sospechas sobre el turbio manejo de la contabilidad del complejo empresarial ALBA Petr&oacute;leos, que navega entre la gesti&oacute;n del estado nacional, el partido FMNL, las municipalidades del mismo signo pol&iacute;tico y una nueva clase empresarial surgida al amparo del partido en el gobierno.Para el investigador asociado de la Fundaci&oacute;n para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Fernando Spross, la corrupci&oacute;n es &quot;sist&eacute;mica, com&uacute;n y reconocida como algo normal&quot;. Y lo peor es que &quot;afecta a las mismas entidades que la deben investigar, juzgar y sancionar&quot;.Seg&uacute;n Spross, para un diagn&oacute;stico econ&oacute;mico habr&iacute;a que determinar el monto de los recursos p&uacute;blicos que est&aacute;n expuestos a la corrupci&oacute;n, c&oacute;mo se gastan, en qu&eacute; rubros y las condiciones que facilitan esas acciones. Por caso, en Guatemala, el 19,7% del presupuesto son gastos de capital (segmento m&aacute;s expuesto a la corrupci&oacute;n).De acuerdo a Fundesa, otros rubros vulnerables son las compras de productos farmac&eacute;uticos e insumos hospitalarios, gastos de alimentaci&oacute;n, combustibles, abonos y fertilizantes, arrendamientos y servicios de divulgaci&oacute;n e impresi&oacute;n. Adem&aacute;s, en Guatemala, &quot;buena parte del gasto p&uacute;blico se ejecuta por fideicomisos, que no est&aacute;n sujetos a fiscalizaci&oacute;n por parte de la Contralor&iacute;a&quot;, apunta Spross.Desde una mirada exterior, Alejandro Ponce, investigador jefe del World Justice Project, se&ntilde;ala -en base al &iacute;ndice de Estado de Derecho, de Transparencia Internacional que la malversaci&oacute;n de fondos sigue siendo un &quot;reto importante&quot; a superar para Centroam&eacute;rica. Te puede interesar: 'House of Latam', democracias atravesadas por el crimen De hecho, Guatemala, Nicaragua y Honduras figuran entre los cinco pa&iacute;ses latinoamericanos con m&aacute;s baja calificaci&oacute;n en ese &iacute;ndice, junto a Bolivia y Venezuela. Ponce advierte que existe una brecha creciente entre las percepciones y las experiencias de corrupci&oacute;n, tal vez porque &quot;pas&oacute; de las calles a las m&aacute;s altas esferas del poder&quot;. Y esto comenz&oacute; a ser reconocido (y padecido) por el sector privado. L&iacute;mite a los negocios &quot;La comunidad internacional percibe que algo est&aacute; pasando y que debe corregirse.El sistema judicial es d&eacute;bil y la institucionalidad es pobre&quot;, reconce el doctor Terencio Garc&iacute;a, director del bufete Garc&iacute;a & Bod&aacute;n, de Nicaragua. &quot;Hay que encarar un trabajo arduo sobre la cultura pol&iacute;tica y en la educaci&oacute;n de los j&oacute;venes&quot;, advierte Garc&iacute;a. Los estudios de organismos internacionales coinciden en que a mayor corrupci&oacute;n menor desarrollo; en donde hay m&aacute;s estado de derecho y m&aacute;s transparencia el crecimiento puede aumentar entre dos y tres puntos por a&ntilde;o.&quot;Definitivamente, la corrupci&oacute;n afecta el clima de inversi&oacute;n; los empresarios toman decisiones en base al clima de negocios y eso incluye el apego a la legislaci&oacute;n y a la transparencia&quot;, dice Garc&iacute;a, quien integra tambi&eacute;n la Fundaci&oacute;n Nicaragüense para el Desarrollo Econ&oacute;mico y Social (Funides).En el caso de El Salvador, una encuesta realizada por Fusades muestra que el 40% de los empresarios ubica a la corrupci&oacute;n en tercer lugar entre los factores que quitan incentivos para invertir. Le asignan el quinto puesto como &iacute;tem que afecta el crecimiento de sus compa&ntilde;&iacute;as. En el &iacute;ndice de Competitividad Global (que mide a 144 naciones), en el aspecto ligado a pagos irregulares y sobornos, El Salvador obtiene el lugar 95.En el mismo estudio, los indicadores de desv&iacute;o de fondos p&uacute;blicos y despilfarro del gasto p&uacute;blico colocan a Guatemala en la posici&oacute;n 127 y 128; la corrupci&oacute;n es la segunda raz&oacute;n m&aacute;s importante que impide hacer negocios en el pa&iacute;s con el 16,4% de respuestas. Estos datos, indica Argumedo, muestran cierta &quot;resignaci&oacute;n en la pr&aacute;ctica&quot; respecto a las soluciones posibles. &quot;Hay una especie de acomodamiento que -comenta- va de la mano con un problema que Fusades viene observando: el aumento de regulaciones que obligan a m&aacute;s contacto personal (con los agentes p&uacute;blicos) y generan m&aacute;s discrecionalidad, lo cual, al final, puede convertirse en cobro de sobornos&quot;.Sin duda, la excesiva tramitolog&iacute;a es lo que siembra de corrupci&oacute;n el camino que deben transitar los negocios para poder operar formalmente. El informe Doing Business 2014, del Banco Mundial, muestra que para abrir un negocio en El Salvador se necesitan 17 d&iacute;as (en Panam&aacute;, s&oacute;lo cinco, y si miramos pa&iacute;ses como Nueva Zelanda, el tr&aacute;mite demanda apenas medio d&iacute;a).En ese proceso de apertura de un negocio, un salvadore&ntilde;o tiene que enfrentar un costo que llega a 46% del ingreso per c&aacute;pita (US$3.580), sin contar el ‘costo extra’ que pudiera pagar por ‘favores’ para agilizar el tr&aacute;mite. &quot;Hay una aceptaci&oacute;n de cierto status quo - coincide el doctor Terencio Garc&iacute;a, de bufete Garc&iacute;a & Bod&aacute;n-. Como hay empresas con importantes niveles de rentabilidad no dimensionan la mejor&iacute;a que lograr&iacute;an en un clima de respeto a la ley, de transparencia, de buenas pr&aacute;cticas&quot;. Y esto que expresa el doctor Garc&iacute;a se vuelve cada vez m&aacute;s significativo en una econom&iacute;a con enorme potencial y atractivo para las empresas como la de Nicaragua (que viene creciendo al 5%).En este pa&iacute;s, sin embargo, se requieren 36 d&iacute;as para abrir un negocio, enfrentando un gasto equivalente al 77% del ingreso per c&aacute;pita (US$1.650). El mayor ‘cuello de botella’ que enfrentan las empresas se da a la hora de conseguir permisos para la conexi&oacute;n de electricidad, permisos de construcci&oacute;n y hasta registro de propiedad.Seg&uacute;n el titular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Jos&eacute; Ad&aacute;n Aguerri, esto no cambia, directamente, por &quot;falta de voluntad pol&iacute;tica&quot;. Aunque todas las fuentes coinciden en que los empresarios no computan abiertamente el costo de la corrupci&oacute;n, tambi&eacute;n todas reconocen que de manera indirecta la incluyen en sus presupuestos.La encuesta de Empresas del Banco Mundial, que se realiza en 135 pa&iacute;ses, analiza -entre otros aspectos- la incidencia de soborno para conseguir contratos con el Estado, licencias de explotaci&oacute;n o permisos de construcci&oacute;n. Por caso, en Rep&uacute;blica Dominicana, el 65% de los consultados identifican a la corrupci&oacute;n como una limitaci&oacute;n para los negocios; el 37% espera tener que dar algo a cambio para obtener una licencia de importaci&oacute;n, y el 33% para asegurarse un contrato. Informe completo en Edici&oacute;n 187, Estrategia & Negocios

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