Deportaciones: 5 razones que anticipan una 'bomba de tiempo” para la región

La &uacute;ltima Encuesta de Competitividad Empresarial, realizada en segundo trimestre 2016, por la Fundaci&oacute;n Salvadore&ntilde;a para el Desarrollo Econ&oacute;mico y Social (Fusades) indica que el 23,7 % de las medianas empresas encuestadas expres&oacute; ser v&iacute;ctima de extorsi&oacute;n. Por su parte, el 17,9 % de la gran empresa asegur&oacute; sufrir este delito. En Guatemala, las pandillas que extorsionan a empresarios, comerciantes, transportistas y personas comunes recaudan unos US$9 millones al a&ntilde;o, seg&uacute;n un estudio elaborado por el Consejo Asesor de Seguridad.Pero, la extorsi&oacute;n no es el &uacute;nico negocio que se agudizar&iacute;a con la llegada de los deportados. El mix de fuentes de ingreso de las pandillas se nutre con su participaci&oacute;n en organizaciones de tr&aacute;fico de armas, drogas y sicariato , a las cuales prestan &quot;mano de obra&quot;. Aunque se asegura que las maras no tienen todav&iacute;a una organizaci&oacute;n estructural y sofisticada, similar a la de los carteles colombianos y mexicanos, s&iacute; son proveedores de servicios para estos grupos criminales.En este punto, las c&uacute;pulas mareras ya se estar&iacute;an convirtiendo en &quot;agentes lavadores&quot; de dinero proveniente del crimen a trav&eacute;s de la creaci&oacute;n de negocios como moteles, lavaderos de autos, bares, empresas de taxis y de buses. As&iacute; lo revel&oacute; la llamada &quot;Operaci&oacute;n Jaque&quot;, que concret&oacute; el a&ntilde;o pasado la Fiscal&iacute;a General de la Rep&uacute;blica (FGR) de El Salvador, con el objetivo de atacar el coraz&oacute;n financiero de las pandillas.La llegada de pandilleros deportados desde los EE.UU. nutrir&aacute; las filas de estos negocios y tambi&eacute;n las disputas por los mercados en los que buscan participar. 4-Fomento de la justicia por mano propia . Para los especialistas en seguridad y derechos humanos, esto ser&iacute;a la antesala de un escenario de guerra civil. Bajo la &oacute;ptica del sector privado, si los gobiernos del Tri&aacute;ngulo Norte no colaboran entre s&iacute; con un plan integral que les permita mantener el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de la poblaci&oacute;n, las masivas deportaciones actuar&aacute;n como incentivo para que la sociedad se arme en defensa propia. Los casos m&aacute;s emblem&aacute;ticos en este sentido ya dieron en El Salvador. En este pa&iacute;s, habitantes de la comunidad San Jos&eacute; de la Monta&ntilde;a, en el municipio de Zacatecoluca, La Paz, recibieron financiamiento de parte del diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, para comprar armas y para tramitar los permisos de portaci&oacute;n ante el Ministerio de la Defensa Nacional. El objetivo de la comunidad era defenderse de los pandilleros que les exig&iacute;an pago de &quot;renta&quot;. En otra comunidad, San Nicol&aacute;s Lempa, en Tecoluca, San Vicente, sus habitantes recuperaron armas enterradas de la &eacute;poca de la guerra para defenderse de la clica Shadow Park Locos Revolucionarios.

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