¿Qué empresas lideran la disrupción en la economía moderna?

Adem&aacute;s, hay restricciones que se aplican a muchos trabajadores autoempleados cuya libertad de elecci&oacute;n est&aacute; limitada por la necesidad de proteger una reputaci&oacute;n colectiva (por ejemplo, la de una profesi&oacute;n o marca). En muchos pa&iacute;ses, los m&eacute;dicos independientes no son empleados, pero no pueden decidir sus precios, y deben seguir reglas espec&iacute;ficas para no perder la acreditaci&oacute;n. Hasta un vitivinicultor independiente debe respetar normas de certificaci&oacute;n regional. Lamentablemente, aunque el estatuto de los choferes de Uber y otros trabajadores de plataformas es discutible,la discusi&oacute;n no est&aacute; yendo a ninguna parte. Cualquier categorizaci&oacute;n que se elija ser&aacute; arbitraria, y sin duda cada uno la interpretar&aacute; de manera positiva o negativa seg&uacute;n sus prejuicios personales o su predisposici&oacute;n ideol&oacute;gica en relaci&oacute;n con las nuevas formas de trabajo. En cualquier caso, la discusi&oacute;n pierde de vista la raz&oacute;n por la que se categorizan las formas de empleo en primer lugar: para proveer al bienestar de los trabajadores. A futuro, la prioridad deber&iacute;a ser asegurar la neutralidad competitiva: que haya igualdad de condiciones entre el empleo asalariado y el autoempleo. El Estado debe promover el derecho de los trabajadores de plataformas (por ejemplo, choferes de Uber) a la atenci&oacute;n m&eacute;dica y a la seguridad social. Al mismo tiempo, debe evitar pol&iacute;ticas que vuelvan inviables las plataformas digitales, aunque puedan resultar extra&ntilde;as y disruptivas. El rescate de la privacidad Tambi&eacute;n se necesitan avances en lo referido a impedir que empresas y gobiernos sigan entrometi&eacute;ndose en la vida privada de los consumidores. Es bien sabido -aunque no por todos- que estas entidades recolectan grandes cantidades de informaci&oacute;n sobre la gente. Pero incluso quienes son conscientes de esto suelen ignorar la escala real de estos procesos o sus consecuencias. B&aacute;sicamente, tenemos menos control sobre la informaci&oacute;n que re&uacute;nen las empresas y los gobiernos de lo que pensamos. Por ejemplo, una empresa puede obtener y almacenar informaci&oacute;n sobre personas que no usan su plataforma, o que ni siquiera usan Internet, por lo que publican otras personas (e-mails, fotos o comentarios en redes sociales). Adem&aacute;s, las plataformas no invierten suficiente en seguridad, ya que s&oacute;lo internalizan las consecuencias de eventuales filtraciones sobre sus ganancias, pero no sobre sus clientes. Deber&iacute;a preocuparnos la aparente p&eacute;rdida del derecho al olvido, un principio b&aacute;sico de muchos sistemas legales. Deber&iacute;a preocuparnos el posible quiebre de la solidaridad sanitaria, as&iacute; como la divulgaci&oacute;n de informaci&oacute;n personal potencialmente delicada (religi&oacute;n, pol&iacute;tica, sexualidad) en &aacute;mbitos divisivos. Y deber&iacute;a preocuparnos la vigilancia estatal a gran escala. El Reglamento General de Protecci&oacute;n de Datos de la Uni&oacute;n Europea es s&oacute;lo un primer paso, peque&ntilde;o, en la direcci&oacute;n de protegernos de esas amenazas. Se necesitan tambi&eacute;n otras medidas, entre ellas la creaci&oacute;n de un conjunto de pol&iacute;ticas est&aacute;ndar comprensibles para todos (la regulaci&oacute;n estatal es compatible con el &quot;paternalismo libertario&quot;). La financiaci&oacute;n de lo p&uacute;blico Finalmente, como Internet no tiene fronteras (lo cual en general es bueno), los pa&iacute;ses tendr&aacute;n que cooperar cada vez m&aacute;s en materia tributaria; por un lado, para evitar una competencia impositiva entre ellos; por el otro, para aprovechar como fuente de ingresos este inmenso sector de la econom&iacute;a. Un modelo promisorio en ese sentido es el acuerdo de 2015 para poner fin a la competencia impositiva en el &aacute;mbito del comercio electr&oacute;nico dentro de la Uni&oacute;n Europea. En concreto, la nueva pol&iacute;tica de la UE autoriza a cobrar el impuesto al valor agregado sobre las compras electr&oacute;nicas en el pa&iacute;s del comprador (con el r&eacute;gimen anterior se cobraba en el pa&iacute;s del proveedor). Con esto las empresas tienen menos incentivos para radicarse en pa&iacute;ses donde el IVA es bajo o para buscar consumidores all&iacute; donde es alto. El nuevo sistema demostr&oacute; ser una respuesta regulatoria satisfactoria para modelos de negocios como el de Amazon, donde se le cobra a cada consumidor por separado. Pero no resuelve el problema de plataformas como Google, que t&eacute;cnicamente no vende nada a consumidores individuales brit&aacute;nicos, daneses, franceses o alemanes, sino que les cobra a los anunciantes que luego les venden a los consumidores. Este problema es tema de debate entre los reguladores en las econom&iacute;as desarrolladas, porque en el caso de Google la base impositiva es mucho menos clara que en el caso de la venta de libros o m&uacute;sica. En resumen, la digitalizaci&oacute;n es una oportunidad maravillosa para nuestras sociedades; pero tambi&eacute;n crea peligros nuevos y amplifica otros. Para lograr una econom&iacute;a al servicio del bien com&uacute;n en este nuevo mundo, tenemos que encarar una gran variedad de desaf&iacute;os que incluyen desde la confianza p&uacute;blica y la solidaridad social hasta la propiedad de los datos y los efectos de la difusi&oacute;n de la tecnolog&iacute;a. El &eacute;xito depender&aacute;, en particular, de que podamos elaborar nuevas estrategias viables en las &aacute;reas de defensa de la competencia, legislaci&oacute;n laboral, privacidad y tributaci&oacute;n.

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