Reclaman ante CIDH protección de abogados hondureños

Adán Guillermo López afirmó ante el tribunal (CorteIDH), en Costa Rica, que los 120 miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia enfrentan discriminación y arbitrariedades de parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hondureña desde el golpe que el 28 de junio de 2009 depuso al entonces gobernante Manuel Zelaya.

López, junto a otros tres jueces destituidos tras el golpe, recurrieron a la CIDH para obtener la restitución de sus cargos y medidas de protección a la independencia de la justicia.

'Nos parece importante que el Estado hondureño asuma públicamente su responsabilidad por estos hechos y que el presidente de la Corte Suprema de Justicia pida perdón a los jueces y se comprometa a cesar los actos de persecución y discriminación contra los miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia', declaro López.

Aseguró que integrar esa asociación, que criticó el golpe de 2009, se convirtió en 'un delito' porque sus miembros actualmente son marginados, no reciben promociones y no se les permite participar en capacitaciones.

López narró cómo después del golpe presentó acciones legales para proteger los derechos humanos de los opositores a la acción y la restitución del orden constitucional, y participó junto a 200.000 personas en una manifestación el 5 de julio contra el alzamiento.

Dijo que esa participación en la marcha motivó su despido, cuando la CSJ alegó que era incompatible con su condición de juez.

El exjuez aseguró que la CSJ emitió cinco comunicados en defensa del golpe de estado, uno de los cuales incluso fue un llamado a una manifestación a favor del gobierno instaurado tras la expulsión de Zelaya, actualmente diputado.

'Eso nos dejó desconcertados, ¿cómo era posible que la Corte Suprema se pronunciara por medio de comunicados para legitimar un golpe de Estado?', cuestionó.

Según José de Jesús Orozco, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuatro juristas que recurrieron a la Corte IDH fueron destituidos para 'silenciar a los jueces que criticaron el golpe, en procesos plagados de irregularidades y violaciones al debido proceso'.