Empleados públicos se sumaron a un paro de labores de un día convocado por los sindicatos para protestar por el aumento salarial equivalente a US$10 mensuales.
Por: AFP
Miles de trabajadores públicos tomaron este miércoles las principales calles de San José, en protesta por el bajo monto del aumento salarial decretado por el gobierno para el primer semestre del año, equivalente a US$10 mensuales.
Los manifestantes, que se sumaron también a un paro de un día convocado por los sindicatos del sector público, cubrían gran parte de la Avenida Segunda, una de las más amplias de la capital, en su recorrido entre el Ministerio de Hacienda (centro) y la Casa Presidencial (sureste).
'Aumento = limosna', 'no al decretazo', 'Ni un paso atrás', fueron algunas de las consignas que gritaban los trabajadores durante la marcha.
Al movimiento se unieron empleados del gobierno central, el magisterio, los servicios públicos de salud, los puertos y las telecomunicaciones, entre otros sectores, aunque la paralización fue sólo parcial, según una valoración del gobierno.
Los sindicatos rechazan la decisión del gobierno de decretar, de forma unilateral, un aumento de 5.000 colones (US$10) a los salarios de los empleados públicos, tras un fallido un intento de negociación en enero pasado.
El gobierno alega que en las actuales condiciones del país, con un déficit fiscal de casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB), no es posible ofrecer un ajuste mayor a sus empleados sin causar un mayor desequilibrio en las finanzas públicas.
La presidenta Laura Chinchilla ha intentado aprobar una reforma fiscal para enfrentar el problema, la cual permitiría cubrir cerca de la mitad del déficit, con un aumento de 1% en el impuesto al valor agregado, entre otros gravámenes.
Sin embargo, tanto los sindicatos como los empresarios y la mayoría de la oposición política rechazan la propuesta, que se ha empantanado en el Congreso.
Ante la multitudinaria manifestación de este miércoles, Chinchilla dijo que lamentaba la actitud de los trabajadores ante un problema que, a su juicio,'no justifica paralizar servicios fundamentales para la población'.
El gobierno ha insistido en que está abierto a negociar con los representantes sindicales, pero se mantiene firme en que no mejorará su oferta de aumento salarial.
