El presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazó con nacionalizar las telefónicas Tigo y Viva, de la sueca Millicom y de la estadounidense Trilogy International Partners respectivamente, a las que acusó de no colaborar en investigaciones contra la delincuencia.
Por: AFP
Ambas empresas 'no están ayudando a la investigación oportuna de los delitos', por tanto 'no me va a temblar la mano para nacionalizarlas', advirtió el presidente Evo Morales durante la entrega pública de monitoreo y vigilancia en Santa Cruz, 900 km al este de La Paz.
'Si siguen así no me va a temblar la mano en nacionalizar esas empresas', enfatizó al contrastar la actitud de la telefónica estatal Entel que 'contribuye con una información rápida sobre algún hecho de secuestro, robo u otro delito que se comete'.
Debido a la supuesta falta de colaboración de Tigo y Viva con las autoridades 'ahora los delincuentes usan esas empresas privadas', señaló el gobernante.
'No quiero pensar que (esas empresas de telefonía móvil) son cómplices o son parte de tantos delincuentes en secuestros o en robos. Es obligación de estas empresas ayudar en la inmediata investigación', planteó.
El gobernante boliviano no especificó casos en los cuales Tigo y Viva, que acaparan un buen segmento del servicio móvil, se hayan negado a colaborar en investigaciones policiales.
Según recientes datos oficiales en Bolivia, que tiene 10 millones de habitantes, hay casi 14 millones de aparatos telefónicos celulares.
Según la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones (ATT), una suerte de superintendencia sectorial, 4,4 millones de estos aparatos están inactivos o no tienen registro.
Tigo opera en Bolivia desde 1999, llamado entonces Telecel, mientras que Viva lo hace desde 2000.
Morales nacionalizó en 2007 la empresa de telefonía móvil Entel, que ingresó al mercado en 1996, de la mano de la italiana ETI (Euro Telecom Internacional).
ETI había adquirido previamente acciones de la estatal Entel a mediados de la década del 90, tras un proceso de privatización que ejecutó el presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada durante su primera gestión (1993-97).
Sánchez de Lozada fue obligado a renuncia a un año de su segundo mandato, en 2003, por una rebelión popular inconforme con su política privatizadora y desde entonces reside en Estados Unidos.
