Mientras el gobierno ofreció que el viernes se empezará a pagar los Q75 diarios para los empleados de la iniciativa privada a quienes se les haya suspendido su contrato de trabajo, el sector empresarial cuestiona la tardanza en el pago de ese fondo y en la disponibilidad de créditos para empresas.
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La viceministra de Trabajo, Rosa Amanda López Romero informó el martes en el Congreso que a ese ministerio habían ingresado 5 mil 468 solicitudes para suspensión de contratos de trabajo válidas, que representan unos 90 mil trabajadores.
Las solicitudes revisadas y aprobadas son 2.232 que significan que son más de 46.000 los trabajadores que pueden tener acceso al Fondo de Protección al Empleo.
Además se han rechazado 1.803 solicitudes y están pendientes de resolver 1 mil 429, dijo la funcionaria según información divulgada por el Ministerio de Economía.
Sin embargo cámaras empresariales cuestionaron la lentitud y burocracia para que los recursos lleguen a los usuarios que se busca apoyar con los programas. Los entrevistados creen que se ha creado un cuello de botella porque han sido necesarias reformas a los reglamentos de varias instituciones.
