Por El Diario de Hoy/La Prensa Gráfica
La Fundación para el Desarrollo (Funde), a través del área de macro economía y desarrollo, presentó esta mañana el estudio 'Gestión de las finanzas públicas y riesgos fiscales en El Salvador', donde destacan la necesidad de que el Gobierno analice de manera exhaustiva las medidas que se deben tomar ante la situación del país.
En este documento se presenta una serie de compromisos fiscales que podría enfrentar el Gobierno de El Salvador en el mediano plazo y que se debería gestionar adecuadamente para atender la sostenibilidad fiscal del país.
Para el director ejecutivo de la Fundación, Roberto Rubio, las medidas que debe tomar el gobierno para lograr sostenibilidad, no pueden ser solo para cubrir problemas a corto plazo, como el planteamiento de reformas al sistema de pensiones, que según su opinión solo aliviará el malestar unos 3 años. 'Las finanzas públicas están muy mal', advirtió.
Por su parte, el asesor de Funde, Carlos Perez, señaló que si no se toman las medidas adecuadas, los riesgos fiscales podrían llevar, en el peor escenario, a afectar un 35 % del Producto Interno Bruto.
Impuesto de seguridad no resolverá necesidades de Gobierno
El impuesto a las telecomunicaciones propuesto recientemente no resolverá las necesidades de financiamiento que tiene el Gobierno para implementar un plan de seguridad, afirmó la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
A través de un comunicado, la fundación dijo que el Gobierno debe buscar opciones alternas para financiar la seguridad, ya que además de no recaudar lo necesario con el impuesto, hará más regresivo el sistema tributario.
"En este contexto, la primera opción para la obtención de recursos debería ser la optimización, la eficiencia en la ejecución del presupuesto y la reorientación de fondos desde otras áreas menos prioritarias. Cabe mencionar que el presupuesto en Justicia y Seguridad es uno de los más altos, junto al de Educación, pues alcanza los US$798,6 millones para 2015. Por tanto, la creación de nuevos impuestos debería ser un recurso de última instancia", indicó FUNDE.
Sin embargo, la fundación propuso que de impulsar dicho impuesto debe ser orientado de mejor forma y evitar afectar a las personas con menos recursos.
"Por su naturaleza regresiva (el impuesto) debería excluir a los agentes económicos de bajo nivel de consumo; además, debería limitarse a gravar la facturación por el servicio telefónico, no así el internet, TV por cable y la adquisición de bienes tecnológicos, por el valor cultural de estos y su aporte al desarrollo socioeconómico del país", señaló FUNDE.
El instituto recomendó formar un plan de financiamiento estructural que busque fondos para combatir la delincuencia, y eso supone una reforma fiscal integral que aborde "ampliamente la equidad, eficiencia y neutralidad del sistema impositivo", como también la eficiencia y efectividad del gasto público, y, "especialmente, la transparencia y la rendición de cuentas".
"El problema de la seguridad es de tanta complejidad que aun obteniendo la recaudación estimada por el Gobierno (US$140 millones por año), resultaría insuficiente para atenderlo. Esta y otras medidas contingentes no solucionan los problemas financieros del Estado", agregaron.
La Fundación para el Desarrollo (Funde), a través del área de macro economía y desarrollo, presentó esta mañana el estudio 'Gestión de las finanzas públicas y riesgos fiscales en El Salvador', donde destacan la necesidad de que el Gobierno analice de manera exhaustiva las medidas que se deben tomar ante la situación del país.
En este documento se presenta una serie de compromisos fiscales que podría enfrentar el Gobierno de El Salvador en el mediano plazo y que se debería gestionar adecuadamente para atender la sostenibilidad fiscal del país.
Para el director ejecutivo de la Fundación, Roberto Rubio, las medidas que debe tomar el gobierno para lograr sostenibilidad, no pueden ser solo para cubrir problemas a corto plazo, como el planteamiento de reformas al sistema de pensiones, que según su opinión solo aliviará el malestar unos 3 años. 'Las finanzas públicas están muy mal', advirtió.
Por su parte, el asesor de Funde, Carlos Perez, señaló que si no se toman las medidas adecuadas, los riesgos fiscales podrían llevar, en el peor escenario, a afectar un 35 % del Producto Interno Bruto.
Impuesto de seguridad no resolverá necesidades de Gobierno
El impuesto a las telecomunicaciones propuesto recientemente no resolverá las necesidades de financiamiento que tiene el Gobierno para implementar un plan de seguridad, afirmó la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
A través de un comunicado, la fundación dijo que el Gobierno debe buscar opciones alternas para financiar la seguridad, ya que además de no recaudar lo necesario con el impuesto, hará más regresivo el sistema tributario.
"En este contexto, la primera opción para la obtención de recursos debería ser la optimización, la eficiencia en la ejecución del presupuesto y la reorientación de fondos desde otras áreas menos prioritarias. Cabe mencionar que el presupuesto en Justicia y Seguridad es uno de los más altos, junto al de Educación, pues alcanza los US$798,6 millones para 2015. Por tanto, la creación de nuevos impuestos debería ser un recurso de última instancia", indicó FUNDE.
Sin embargo, la fundación propuso que de impulsar dicho impuesto debe ser orientado de mejor forma y evitar afectar a las personas con menos recursos.
"Por su naturaleza regresiva (el impuesto) debería excluir a los agentes económicos de bajo nivel de consumo; además, debería limitarse a gravar la facturación por el servicio telefónico, no así el internet, TV por cable y la adquisición de bienes tecnológicos, por el valor cultural de estos y su aporte al desarrollo socioeconómico del país", señaló FUNDE.
El instituto recomendó formar un plan de financiamiento estructural que busque fondos para combatir la delincuencia, y eso supone una reforma fiscal integral que aborde "ampliamente la equidad, eficiencia y neutralidad del sistema impositivo", como también la eficiencia y efectividad del gasto público, y, "especialmente, la transparencia y la rendición de cuentas".
"El problema de la seguridad es de tanta complejidad que aun obteniendo la recaudación estimada por el Gobierno (US$140 millones por año), resultaría insuficiente para atenderlo. Esta y otras medidas contingentes no solucionan los problemas financieros del Estado", agregaron.
