Por La Prensa (Nicaragua)
"La represión ha continuado: alrededor de 250 presos políticos han sido puestos en libertad, pero muchos otros están aún bajo arresto; las libertades de prensa, expresión y manifestación no han sido restablecidas, y tanto las organizaciones internacionales como las ONGs no tienen aún garantizado el acceso al país. Además, de acuerdo con algunos informes las negociaciones (diálogo nacional) habrían quedado interrumpidas recientemente, lo cual arroja serias dudas sobre el proceso", dice la carta de los europarlamentarios.
Los eurodiputados, que viajaron a Nicaragua en misión oficial el pasado enero, instan a la UE a aprobar sanciones contra miembros del régimen de Daniel Ortega y que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, suspendiendo la participación de Nicaragua en dicho acuerdo.
Para que la UE imponga sanciones, primero la Alta Representante de Política Exterior debe presentar una propuesta, que es analizada por cada país miembros y el Consejo Europeo. Después, pasa a votación de los ministros, esta debe ser unánime. La decisión entra en vigor cuando se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.
"La UE debe enviar un mensaje claro a las autoridades nicaragüenses sobre la necesidad de avanzar rápida y claramente hacia la resolución de estos problemas", señalan los firmantes en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.
Los eurodiputados consideran que cuando se cumple un año del comienzo de las protestas contra el gobierno nicaragüense, la comunidad internacional debe incrementar la presión sobre el Ejecutivo de Ortega para que ponga fin a la represión en el país y avance hacia una solución política de manera pacífica y democrática.
Antecedentes
En marzo, el PE adoptó una resolución en la que ya pedía sanciones contra algunos miembros del Ejecutivo nicaragüense y urgía al régimen de Ortega a acabar con la represión a la población; liberar a todos los presos políticos; autorizar el retorno de todas las organizaciones internacionales y ONG al país.
De su interés: Delegación de eurodiputados visita cárcel "La Esperanza" y El Chipote para hablar con los presos políticos
Las protestas pacíficas iniciadas en abril de 2018 contra la reforma del sistema de seguridad social fueron reprimidas con dureza por las autoridades nicaragüenses, a lo que siguió una oleada medidas de presión contra la oposición y los medios. Según observadores internacionales, cientos de personas han muerto en Nicaragua en el último año, y numerosas figuras de la oposición y periodistas han huido del país, lo mismo que miles de ciudadanos de a pie.
"La represión ha continuado: alrededor de 250 presos políticos han sido puestos en libertad, pero muchos otros están aún bajo arresto; las libertades de prensa, expresión y manifestación no han sido restablecidas, y tanto las organizaciones internacionales como las ONGs no tienen aún garantizado el acceso al país. Además, de acuerdo con algunos informes las negociaciones (diálogo nacional) habrían quedado interrumpidas recientemente, lo cual arroja serias dudas sobre el proceso", dice la carta de los europarlamentarios.
Los eurodiputados, que viajaron a Nicaragua en misión oficial el pasado enero, instan a la UE a aprobar sanciones contra miembros del régimen de Daniel Ortega y que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, suspendiendo la participación de Nicaragua en dicho acuerdo.
Para que la UE imponga sanciones, primero la Alta Representante de Política Exterior debe presentar una propuesta, que es analizada por cada país miembros y el Consejo Europeo. Después, pasa a votación de los ministros, esta debe ser unánime. La decisión entra en vigor cuando se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.
"La UE debe enviar un mensaje claro a las autoridades nicaragüenses sobre la necesidad de avanzar rápida y claramente hacia la resolución de estos problemas", señalan los firmantes en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.
Los eurodiputados consideran que cuando se cumple un año del comienzo de las protestas contra el gobierno nicaragüense, la comunidad internacional debe incrementar la presión sobre el Ejecutivo de Ortega para que ponga fin a la represión en el país y avance hacia una solución política de manera pacífica y democrática.
Antecedentes
En marzo, el PE adoptó una resolución en la que ya pedía sanciones contra algunos miembros del Ejecutivo nicaragüense y urgía al régimen de Ortega a acabar con la represión a la población; liberar a todos los presos políticos; autorizar el retorno de todas las organizaciones internacionales y ONG al país.
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Las protestas pacíficas iniciadas en abril de 2018 contra la reforma del sistema de seguridad social fueron reprimidas con dureza por las autoridades nicaragüenses, a lo que siguió una oleada medidas de presión contra la oposición y los medios. Según observadores internacionales, cientos de personas han muerto en Nicaragua en el último año, y numerosas figuras de la oposición y periodistas han huido del país, lo mismo que miles de ciudadanos de a pie.
