Por revistaeyn.com
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Luis Miguel Martínez Morales "por su papel en la corrupción en Guatemala", indicó la entidad en un comunicado.
Asegura que el exfuncionario guatemalteco "participó en esquemas de soborno generalizados, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales".
Martínez ha sido designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, que se basa en la Ley Global Magnitsky de Rendición de Cuentas en materia de Derechos Humanos y la implementa, y se dirige a los autores de graves abusos contra los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.
"La acción de hoy subraya el impacto corrosivo de la corrupción en la confianza del público en las instituciones gubernamentales. Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco", dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, Brian E. Nelson.
Tras conocerse este anuncio, el exfuncionario aseguró que todo se trata de una "revancha" por la decisión de retirar el fuero a magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Además, lamentó la decisión.
Martínez fue el director del ahora desaparecido Centro de Gobierno, una poderosa agencia a nivel de cuasi gabinete creada por el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei al inicio de su administración. El presidente se vio obligado a cerrar el Centro de Gobierno. Durante su tiempo al frente del Centro de Gobierno, Martínez fue considerado uno de los funcionarios no electos más poderosos del gobierno. "Si bien actualmente no ocupa un cargo en el gobierno, Martínez sigue siendo una de las personas más influyentes en la administración de Giammattei", agrega el escrito.
La acción se basa en los esfuerzos de la Administración EEUU para abordar la corrupción como causa fundamental de la migración irregular en la región del norte de Centroamérica.
Desde 2021, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a 11 personas y entidades en Guatemala por su papel en la corrupción. El Departamento de Estado también ha utilizado una serie de herramientas de restricción de visas para promover la rendición de cuentas de actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala.
LAS ACUSACIONES
Según se detalla, EEUU ubica a Martínez por haber influido en el proceso de contratos gubernamentales para beneficiarse a sí mismo y a sus asociados cercanos. "Martínez se confabuló con otros funcionarios del gobierno guatemalteco para adjudicar ilegalmente contratos a licitadores favorecidos fuera de Guatecompras, el sistema formal de adquisiciones del gobierno guatemalteco. Martínez y sus cómplices utilizaron la anticuada ley de adquisiciones para renunciar al proceso de licitación y asegurar contratos gubernamentales para empresas en las que tiene un interés financiero".
En 2021, Martínez solicitó grandes sobornos, según las autoridades estadounidenses, para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala. La agencia especial anticorrupción de Guatemala investigó a Martínez por su papel en un polémico pago vinculado a la compra de 16 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik V contra el COVID-19 por parte del gobierno guatemalteco.
Martínez ha sido designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818 por ser una persona extranjera que es un funcionario gubernamental actual o anterior, o una persona que actúa para o en nombre de dicho funcionario, que es responsable o cómplice de, o que ha participado directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con los contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de la persona descrita anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada.
