Por Ana Cristina Camacho - estrategiaynegocios.net
Dos de los aspectos que distinguen a Costa Rica dentro del mercado eléctrico regional son su capacidad de generar energía a partir de fuentes renovables (95%, principalmente de plantas hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas) y el hecho de llevar electricidad a prácticamente todos los rincones del país, un 99,4% del territorio.
El país es pionero en energía eólica -desde 1996- en Latinoamérica con unos crecimientos importantes en su capacidad instalada que van de 132,8 MW en el 2011 a 278,1 para el 2015, llegando a los 319, 1 un año después.
El gran desafío hay que buscarlo en su competitividad: El Estado de la Nación 2017 se refiere a ello desde el punto de vista de las tarifas en el sector, al afirmar que…"a diferencia de otros países, incluso de la región centroamericana, internamente no se ha creado un mercado mayorista y, por tanto, el modelo tarifario se sustenta en uno no competitivo".
El Parque Eólico Orosí por ejemplo opera desde el 2015 en Quebrada Grande de Liberia en la provincia de Guanacaste. Allí, Corporación Multi Inversiones (CMI, con presencia en 14 países) cocolocó 25 turbinas eólicas. En Centroamérica operan plantas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para un total de 656 MW, cifra que para finales del 2018 llegará a los 711 MW más otros 55 MW en construcción. De la potencia instalada, se tienen 262 MW de plantas hidroeléctricas; 324 eólicas y 70 MW de fuente solar.
CMI busca mantener su liderazgo regional toda vez que es dueño de la planta más antigua de Latinoamérica ‘Plantas Eólicas’ (que opera desde hace 22 años), y también es propietario del parque eólico más moderno de Centroamérica, situado en Costa Rica. En este país cuenta con tres complejos para un total de 154 MW, el más reciente de ellos, el Proyecto Eólico Alisios, que consta de cuatro parques.
En los últimos 5 años, CMI ha desarrollado cinco proyectos en Costa Rica para un total de 130 MW y cuya inversión ronda los US$275 millones.
Como se recordará CMI adquirió en 2016 una de las plataformas regionales más importantes en el sector de energía renovable tras la negociación con Actis y Mesoamérica, dueños de Globeleq Mesoamerica Energy (GME). La guatemalteca compró el 100% de GME con lo cual sumó 400 MW a su negocio de energía.
Los proyectos en agenda apuntan hacia energía eólica y solar. En Costa Rica particularmente esperan mayor apertura para generar energía solar, lo cual pasa por una voluntad política para alinearse al ritmo de crecimiento que muestran países vecinos.
Promover energía solar, dijo Sean Porter, gerente sénior de Desarrollo de CMI, traerá ventajas en costos y reducirá algunas de las limitaciones atribuidas a otras fuentes renovables, por ejemplo respecto a la producida mediante agua.
Si bien los marcos jurídicos existentes fijan techos de hasta un 30% de participación para el sector generador privado, hay espacio para crecer pues no se está llenando dicho tope.
Respecto al sector autónomo, la ley permite una capacidad eléctrica (potencia) instalada determinada según tres marcos jurídicos: la Ley 7200 (aprobada en septiembre de 1990) para proyectos llamados BOO (por sus siglas en inglés de Build, Own and Operate) para lo cual se exige un máximo de 15% de la capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y un tamaño máximo por planta individual de 20 MW. Está la Ley 7508 (aprobada en 1995) para proyectos tipo BOT (Build, Operate and Transfer) que adicionó un 15% de potencia y un tamaño máximo por planta de 50 MW. Ambas leyes obligan a las empresas a producir energía renovable en un 100%.
Ocho empresas tienen la tarea de la distribución y comercialización. Tanto las cooperativas, las empresas municipales, el ICE como la CNFL pueden generar y distribuir; la transmisión solo la lleva a cabo el ICE, institución socia de la Empresa Propietaria de la Red (EPR) que brinda servicio de intercambios de energía al Mercado Eléctrico Regional, que actúa bajo la sombrilla del Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC).
Bajo la ley 7200, actualmente hay instalados 328 MW de potencia que equivalen al 9,29% del SEN y para el 2017, dicha capacidad generó 10,23% de la energía eléctrica del país. En el caso de los proyectos amparados en la Ley 7508, suman 359 MW de potencia, lo cual representa 10,18% del SEN y generaron el año pasado 12,13% de la energía eléctrica.
Algunos de estos proyectos son: Aeroenergía, Costa Rica Energy Holding, Hidrovenecia, Toro Energía; Inversiones Eólicas de Orosi, Unión Fenosa La Joya y PH Chucás.
Finalmente, se tiene la ley 8345, llamada "Participación de las cooperativas de electrificación rural y de las empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo nacional".
En ese sentido, las empresas municipales y cooperativas de electrificación rural conformaron una nueva cooperativa llamada Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica (Coneléctricas), cuya misión es construir plantas, generar electricidad y distribuirla entre las mismas cooperativas.
Todas ellas -municipales y cooperativas- están unidas desde el 2014 a la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET), cuyos miembros tienen hoy proyectos de generación en operación por un total de 220 MW de potencia, lo cual equivale al 6,25% del SEN, generando para el 2017 el 7,75% de energía eléctrica del país. Estos proyectos se manejan por la Ley 8345 que fija en su artículo 11 una potencia instalada no mayor a los 60 MW, según comentó el presidente de CEDET, Allan Benavides.
Coneléctricas en su conjunto aporta 5 proyectos al país, todos hidroeléctricos para una capacidad instalada (potencia) total de 46.780 KW y una generación bruta en MWh de 224.110,1.
Erick Rojas de Coneléctricas comentó que están en agenda dos proyectos solares. Uno lo desarrollará el consorcio junto con Coopelesca en la zona de Santa Rosa de Cutris, norte del país. Se trata de una planta de 5 megavatios (equivale a dotar de energía a unos 5.000 hogares) y una inversión de US$6 millones.
La idea es concluirla a finales del 2018. El otro proyecto en ciernes estaría ubicado en Zarcero y se haría en unión con Coopealfaroruiz.
Sería una planta solar pequeña, de unos 2,4 megavatios (en promedio unas 2.000 familias); se está apenas en trámites y papeleo con el objetivo de arrancar el próximo año la construcción. Coopelesca por ejemplo opera cuatro plantas, todas hidroeléctricas. Una de ellas, la Chocosuelas se divide en tres etapas y están la planta de Cubujuquí, La Esperanza y Aguas Zarcas.
Coopesantos es otro caso exitoso. Opera tres plantas, una propia y dos en co-participación con Coneléctricas. El complejo eólico permite llevarle electricidad a unas 5.000 familias o bien 11.000 hogares. Se trata de 15 torres eólicas que producen 42.000 megavatios hora al año; energía renovable
que evita además emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera por el orden de las 11.000 toneladas.
Con el consorcio participa en los proyectos hidroeléctricos San Lorenzo y la Central Hidroeléctrica Sigifredo Solís Solís.
Desde la perspectiva de ACOPE, se está ante un mercado no competitivo pues no hay libre concurrencia de oferta y demanda. Cabe reiterar que lo que la ley permite es una participación privada limitada del 15% de potencia bajo los formatos BOO y 15% de potencia para los BOT para un máximo permitido por planta de 20 MW y 50MW respectivamente.
A lo largo de casi 30 años (desde la aprobación de la ley 7200 en 1990) los generadores privados han instalado el 9% de energía al SEN en proyectos tipo BOO y un 10% en el caso de BOT.
De acuerdo con Allan Benavides, del CEDET, las empresas privadas cobijadas por la Ley 7200, aún tendrían espacio para un 6% y 5% adicional respectivamente para crecer. Según él, la principal limitación para los generadores privados no es tanto de carácter legal, como sí por la demanda de energía que el ICE (en su calidad de comprador) tiene, dado que no ha crecido y no planea abrirse a nuevos proyectos que la provean energía.
Efectivamente, el ICE proyecta una estabilidad en la generación por fuentes renovables para el 2018 y el 2019, basándose en estimaciones de la demanda y en las proyecciones de disponibilidad de recursos.
Se mantendrá muy similar al 2015 (98,99%), 2016 (98,21%) y 2017 (99,67%) en sus escenarios más altos.
"Esas estimaciones corresponden a escenarios hidrológicos medios, por lo que el porcentaje puede variar si las condiciones lluviosas aumentan o disminuyen a lo largo de cada año", acotó Luis Pacheco, director corporativo de Electricidad del ICE.
Información suministrada por el ICE refiere que al 2018, en la modalidad BOT participan siete proyectos de dos fuentes (agua y viento), que suman 360,80 megavatios de capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Estos son en fuente eólica: Chiripa, perteneciente al Consorcio Eólico Chiripa S.A.; Guanacaste cuyo dueño es Planta Eólica Guanacaste S.A.; Orosí de Inversiones Eólicas de Orosí Dos S.A. En fuente hídrica son: El General propiedad de Hidroenergía Del General S.R.L.; Chucás de la empresa P.H. Chucás S.A.; La Joya de la Unión Fenosa Generadora La Joya S.A. y Torito de Unión Fenosa Generadora Torito S.A.
"En el caso de las empresas municipales y las cooperativas de electrificación rural, estas no tienen límite en el tamaño de las plantas (capacidad instalada) ni en la cantidad de energía eléctrica que pueden generar. La fuente energética puede ser renovable o térmica, aunque de este último recurso no han construido", agregó Pacheco.
Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productos Privados de Energía (ACOPE) aseguró que las más de 30 empresas privadas presentes en el mercado eléctrico, están en la capacidad de producir más energía pero las limitaciones, justificadas por él como un asunto ‘ideológico’, impiden variar esa participación.
Reclama el hecho de que el Gobierno actual haya echado para atrás una directriz promovida por la administración anterior (Laura Chinchilla) que pretendía acelerar la contratación de potencia por parte de empresas privadas pero el Gobierno actual no la aplicó y más bien la derogó.
En la actualidad, la participación privada se restringe a la generación; no participan ni en distribución, transmisión ni comercialización.
Pese a la percepción de ACOPE, la visión de Benavides, representante de CEDET, es que el crecimiento de la generación privada en los últimos seis años ha sido muy importante, teniendo -por ejemplo- en sus manos, la mayor parte de la energía eólica: 17,16 MW son del ICE y 360, 46 MW proviene de otros generadores.
"Se han instalado, solo de energía eólica, más de 200 MW, por parte de empresas privadas. Eso representa una inversión de más de US$400 millones. También en ese período se han instalado alrededor de 100 MW hidroeléctricos, por parte de empresas privadas, bajo el esquema de BOT. La construcción de proyectos que suman 100 MW implica una inversión superior a los US$$300 millones", argumentó.
Si se saca de la ecuación al P.H. Reventazón (el más grande de la región), la mayor parte del crecimiento de la potencia instalada en Costa Rica provino de empresas privadas, al amparo de la Ley 7200.
Dos de los aspectos que distinguen a Costa Rica dentro del mercado eléctrico regional son su capacidad de generar energía a partir de fuentes renovables (95%, principalmente de plantas hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas) y el hecho de llevar electricidad a prácticamente todos los rincones del país, un 99,4% del territorio.
El país es pionero en energía eólica -desde 1996- en Latinoamérica con unos crecimientos importantes en su capacidad instalada que van de 132,8 MW en el 2011 a 278,1 para el 2015, llegando a los 319, 1 un año después.
El gran desafío hay que buscarlo en su competitividad: El Estado de la Nación 2017 se refiere a ello desde el punto de vista de las tarifas en el sector, al afirmar que…"a diferencia de otros países, incluso de la región centroamericana, internamente no se ha creado un mercado mayorista y, por tanto, el modelo tarifario se sustenta en uno no competitivo".
El hecho de que las tarifas sean fijadas a partir del consumo y no por los costos de producción, desincentiva la innovación y propicia disparidades entre sectores de usuarios, concluye el Estado de la Nación.
Generación Privada, minoritaria
Las mayores plantas generadoras privadas del país de acuerdo con su capacidad instalada en KW son en fuente hidroeléctrica: Torito (67.000 Kw); Chucás (50.000), La Joya (42.000). Mientras tanto, en fuente eólica están Orosí (50.000); Guanacaste (49.700) y Chiripa (49.500).El Parque Eólico Orosí por ejemplo opera desde el 2015 en Quebrada Grande de Liberia en la provincia de Guanacaste. Allí, Corporación Multi Inversiones (CMI, con presencia en 14 países) cocolocó 25 turbinas eólicas. En Centroamérica operan plantas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para un total de 656 MW, cifra que para finales del 2018 llegará a los 711 MW más otros 55 MW en construcción. De la potencia instalada, se tienen 262 MW de plantas hidroeléctricas; 324 eólicas y 70 MW de fuente solar.
CMI busca mantener su liderazgo regional toda vez que es dueño de la planta más antigua de Latinoamérica ‘Plantas Eólicas’ (que opera desde hace 22 años), y también es propietario del parque eólico más moderno de Centroamérica, situado en Costa Rica. En este país cuenta con tres complejos para un total de 154 MW, el más reciente de ellos, el Proyecto Eólico Alisios, que consta de cuatro parques.
En los últimos 5 años, CMI ha desarrollado cinco proyectos en Costa Rica para un total de 130 MW y cuya inversión ronda los US$275 millones.
Como se recordará CMI adquirió en 2016 una de las plataformas regionales más importantes en el sector de energía renovable tras la negociación con Actis y Mesoamérica, dueños de Globeleq Mesoamerica Energy (GME). La guatemalteca compró el 100% de GME con lo cual sumó 400 MW a su negocio de energía.
Los proyectos en agenda apuntan hacia energía eólica y solar. En Costa Rica particularmente esperan mayor apertura para generar energía solar, lo cual pasa por una voluntad política para alinearse al ritmo de crecimiento que muestran países vecinos.
Promover energía solar, dijo Sean Porter, gerente sénior de Desarrollo de CMI, traerá ventajas en costos y reducirá algunas de las limitaciones atribuidas a otras fuentes renovables, por ejemplo respecto a la producida mediante agua.
Si bien los marcos jurídicos existentes fijan techos de hasta un 30% de participación para el sector generador privado, hay espacio para crecer pues no se está llenando dicho tope.
Las fuerza estatal: El ICE
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresa autónoma estatal, fundada en 1949, es el principal actor del mercado en generación, distribución y transmisión eléctrica. Detrás del ICE están otras instituciones que le venden electricidad, según parámetros establecidos por leyes nacionales para tal fin: Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), empresas municipales, cooperativas de electrificación rural y un grupo de empresas privadas.Respecto al sector autónomo, la ley permite una capacidad eléctrica (potencia) instalada determinada según tres marcos jurídicos: la Ley 7200 (aprobada en septiembre de 1990) para proyectos llamados BOO (por sus siglas en inglés de Build, Own and Operate) para lo cual se exige un máximo de 15% de la capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y un tamaño máximo por planta individual de 20 MW. Está la Ley 7508 (aprobada en 1995) para proyectos tipo BOT (Build, Operate and Transfer) que adicionó un 15% de potencia y un tamaño máximo por planta de 50 MW. Ambas leyes obligan a las empresas a producir energía renovable en un 100%.
Terrritorio electrificado: ICE, el coloso que ilumina el país
El ICE es el proveedor con el mayor porcentaje de cobertura nacional: un 77,5%, el resto se reparte de la siguiente manera: 1,90% a cargo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL); un 2,40% para la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC); 0,20% bajo la responsabilidad de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); La Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) ostenta 9,20% del mercado; 6,20% de la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste (Coopeguanacaste); la Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos (Coopesantos), con un 2,20% y la Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz (Coopealfaroruiz) con un 0,40%.Ocho empresas tienen la tarea de la distribución y comercialización. Tanto las cooperativas, las empresas municipales, el ICE como la CNFL pueden generar y distribuir; la transmisión solo la lleva a cabo el ICE, institución socia de la Empresa Propietaria de la Red (EPR) que brinda servicio de intercambios de energía al Mercado Eléctrico Regional, que actúa bajo la sombrilla del Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC).
Bajo la ley 7200, actualmente hay instalados 328 MW de potencia que equivalen al 9,29% del SEN y para el 2017, dicha capacidad generó 10,23% de la energía eléctrica del país. En el caso de los proyectos amparados en la Ley 7508, suman 359 MW de potencia, lo cual representa 10,18% del SEN y generaron el año pasado 12,13% de la energía eléctrica.
Algunos de estos proyectos son: Aeroenergía, Costa Rica Energy Holding, Hidrovenecia, Toro Energía; Inversiones Eólicas de Orosi, Unión Fenosa La Joya y PH Chucás.
Finalmente, se tiene la ley 8345, llamada "Participación de las cooperativas de electrificación rural y de las empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo nacional".
En ese sentido, las empresas municipales y cooperativas de electrificación rural conformaron una nueva cooperativa llamada Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica (Coneléctricas), cuya misión es construir plantas, generar electricidad y distribuirla entre las mismas cooperativas.
Todas ellas -municipales y cooperativas- están unidas desde el 2014 a la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET), cuyos miembros tienen hoy proyectos de generación en operación por un total de 220 MW de potencia, lo cual equivale al 6,25% del SEN, generando para el 2017 el 7,75% de energía eléctrica del país. Estos proyectos se manejan por la Ley 8345 que fija en su artículo 11 una potencia instalada no mayor a los 60 MW, según comentó el presidente de CEDET, Allan Benavides.
Coneléctricas en su conjunto aporta 5 proyectos al país, todos hidroeléctricos para una capacidad instalada (potencia) total de 46.780 KW y una generación bruta en MWh de 224.110,1.
Erick Rojas de Coneléctricas comentó que están en agenda dos proyectos solares. Uno lo desarrollará el consorcio junto con Coopelesca en la zona de Santa Rosa de Cutris, norte del país. Se trata de una planta de 5 megavatios (equivale a dotar de energía a unos 5.000 hogares) y una inversión de US$6 millones.
La idea es concluirla a finales del 2018. El otro proyecto en ciernes estaría ubicado en Zarcero y se haría en unión con Coopealfaroruiz.
Sería una planta solar pequeña, de unos 2,4 megavatios (en promedio unas 2.000 familias); se está apenas en trámites y papeleo con el objetivo de arrancar el próximo año la construcción. Coopelesca por ejemplo opera cuatro plantas, todas hidroeléctricas. Una de ellas, la Chocosuelas se divide en tres etapas y están la planta de Cubujuquí, La Esperanza y Aguas Zarcas.
Coopesantos es otro caso exitoso. Opera tres plantas, una propia y dos en co-participación con Coneléctricas. El complejo eólico permite llevarle electricidad a unas 5.000 familias o bien 11.000 hogares. Se trata de 15 torres eólicas que producen 42.000 megavatios hora al año; energía renovable
que evita además emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera por el orden de las 11.000 toneladas.
Con el consorcio participa en los proyectos hidroeléctricos San Lorenzo y la Central Hidroeléctrica Sigifredo Solís Solís.
Participación limitada por Ley
El mercado eléctrico costarricense está dominado por el ICE. Las empresas privadas reconocen suinterés por aumentar su potencia instalada.Desde la perspectiva de ACOPE, se está ante un mercado no competitivo pues no hay libre concurrencia de oferta y demanda. Cabe reiterar que lo que la ley permite es una participación privada limitada del 15% de potencia bajo los formatos BOO y 15% de potencia para los BOT para un máximo permitido por planta de 20 MW y 50MW respectivamente.
A lo largo de casi 30 años (desde la aprobación de la ley 7200 en 1990) los generadores privados han instalado el 9% de energía al SEN en proyectos tipo BOO y un 10% en el caso de BOT.
De acuerdo con Allan Benavides, del CEDET, las empresas privadas cobijadas por la Ley 7200, aún tendrían espacio para un 6% y 5% adicional respectivamente para crecer. Según él, la principal limitación para los generadores privados no es tanto de carácter legal, como sí por la demanda de energía que el ICE (en su calidad de comprador) tiene, dado que no ha crecido y no planea abrirse a nuevos proyectos que la provean energía.
Efectivamente, el ICE proyecta una estabilidad en la generación por fuentes renovables para el 2018 y el 2019, basándose en estimaciones de la demanda y en las proyecciones de disponibilidad de recursos.
Se mantendrá muy similar al 2015 (98,99%), 2016 (98,21%) y 2017 (99,67%) en sus escenarios más altos.
"Esas estimaciones corresponden a escenarios hidrológicos medios, por lo que el porcentaje puede variar si las condiciones lluviosas aumentan o disminuyen a lo largo de cada año", acotó Luis Pacheco, director corporativo de Electricidad del ICE.
Información suministrada por el ICE refiere que al 2018, en la modalidad BOT participan siete proyectos de dos fuentes (agua y viento), que suman 360,80 megavatios de capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Estos son en fuente eólica: Chiripa, perteneciente al Consorcio Eólico Chiripa S.A.; Guanacaste cuyo dueño es Planta Eólica Guanacaste S.A.; Orosí de Inversiones Eólicas de Orosí Dos S.A. En fuente hídrica son: El General propiedad de Hidroenergía Del General S.R.L.; Chucás de la empresa P.H. Chucás S.A.; La Joya de la Unión Fenosa Generadora La Joya S.A. y Torito de Unión Fenosa Generadora Torito S.A.
"En el caso de las empresas municipales y las cooperativas de electrificación rural, estas no tienen límite en el tamaño de las plantas (capacidad instalada) ni en la cantidad de energía eléctrica que pueden generar. La fuente energética puede ser renovable o térmica, aunque de este último recurso no han construido", agregó Pacheco.
Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productos Privados de Energía (ACOPE) aseguró que las más de 30 empresas privadas presentes en el mercado eléctrico, están en la capacidad de producir más energía pero las limitaciones, justificadas por él como un asunto ‘ideológico’, impiden variar esa participación.
Reclama el hecho de que el Gobierno actual haya echado para atrás una directriz promovida por la administración anterior (Laura Chinchilla) que pretendía acelerar la contratación de potencia por parte de empresas privadas pero el Gobierno actual no la aplicó y más bien la derogó.
En la actualidad, la participación privada se restringe a la generación; no participan ni en distribución, transmisión ni comercialización.
Pese a la percepción de ACOPE, la visión de Benavides, representante de CEDET, es que el crecimiento de la generación privada en los últimos seis años ha sido muy importante, teniendo -por ejemplo- en sus manos, la mayor parte de la energía eólica: 17,16 MW son del ICE y 360, 46 MW proviene de otros generadores.
"Se han instalado, solo de energía eólica, más de 200 MW, por parte de empresas privadas. Eso representa una inversión de más de US$400 millones. También en ese período se han instalado alrededor de 100 MW hidroeléctricos, por parte de empresas privadas, bajo el esquema de BOT. La construcción de proyectos que suman 100 MW implica una inversión superior a los US$$300 millones", argumentó.
Si se saca de la ecuación al P.H. Reventazón (el más grande de la región), la mayor parte del crecimiento de la potencia instalada en Costa Rica provino de empresas privadas, al amparo de la Ley 7200.
