La falta de magistrados en la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha impedido que el Gobierno de El Salvador continúe con el trámite de emisión de títulos valores por US$550 millones, fondos autorizados luego de una larga negociación entre el partido en el gobierno y la oposición.
La emisión es de importancia para las arcas estatales, ya que le ayudarían a enfrentar el déficit financiero estatal hasta diciembre de 2016.
La semana pasada el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, celebró este pacto, el cual autoriza al Gobierno a negociar y contratar un crédito puente por la misma cantidad, ya que el trámite de la emisión de bonos concluye hasta "mediados de enero".
El artículo 195 de la Constitución faculta a la Corte de Cuentas a "refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública" y, ante la acefalía de la institución por la falta de elección de los magistrados, el FMLN impulsó un decreto transitorio para dar potestad a una Comisión Administradora a que hiciera ese acto legal.
Esa Comisión Administradora fue creada transitoriamente con el aval de los diputados, precisamente por la falta de elección de los magistrados de la CCR, una negociación estancada por las visiones de los partidos mayoritarios.
Dentro del proceso de colocación de los títulos valores es indispensable suscribir un contrato entre el Banco Central de Reserva (BCR) y del Ministerio de Hacienda y éste debe ser refrendado por la CCCR, ya que el BCR actuará como "agente financiero del Gobierno", según el decreto de autorización de los bonos.
El Partido de Concertación Nacional advirtió que podría ser inconstitucional "que un grupo de empleados" asuma facultades del presidente de la CCR. "No le podemos dar facultades a un empleado de la CCR refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública. Esto solamente le co-rresponde al presidente de la CCR y esta Asamblea no ha electo presidente", dijo el diputado Mario Ponce.
ARENA había ofrecido votos para la facultad transitoria, pero durante la plenaria decidieron retractarse para no arriesgarse a ilegalidades y aseguraron que la próxima semana se elija al presidente y dos magistrados de la CCR.
"Que quede registrado de que esto retrasa nuevamente el proceso de emisión de títulos valores y se retrasa la posibilidad de gestionar fondos para cumplir los compromisos de diciembre, esperaría que no subordinemos a cuotas partidarias la CCR, en lugar de salvar al país del impago", dijo la diputada Lorena Peña, del FMLN, expresidenta del Congreso.
La Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea elegir nuevos magistrados, luego de declarar inconstitucional la elección de los magistrados Johel Valiente, quien presidía la Corte de Cuentas, y los abogados Raúl López y Marco Antonio Rivera Grande.
La instancia judicial argumentó que la Asamblea incumplió su obligación de documentar la no afiliación partidaria de los magistrados Valiente y López, y que no expresó la motivación la elección de los tres funcionarios.
La Sala sospechó que Valiente falsificó la fecha de renuncia de GANA, un año antes de la elección, ya que el TSE resolvió dos días antes de su nombramiento como magistrado de la CCR; y señaló que el TSE dijo que López era afiliado a un partido político, que él negó afiliación diciendo que la firma era falsa, aunque un informe pericial determinó que era su firma.
Estableció que seguirían fungiendo hasta que la Asamblea eligiera nuevamente a más tardar el 29 de julio. Lue-go de tres meses y medio la Asamblea, pero no ha cumplido.
