Por AFP
El gobierno salvadoreño y el principal partido de oposición, acordaron la aprobación en el Congreso de una emisión de bonos por US$550 millones, fondos que permitirán inyectar liquidez a las finanzas del Estado.
En un acuerdo firmado en la Casa Presidencial se estableció que en el Congreso se procederá a la 'autorización de un primer tramo de emisión y colocación de bonos' por el monto antes mencionado, emisión que será repartida entre el mercados local y el internacional.
El acuerdo fue logrado luego que el gobierno de izquierda del presidente Salvador Sánchez Cerén, a principios de octubre, se declarara en emergencia ante la falta de liquidez para enfrentar sus compromisos.
El Salvador enfrenta una severa crisis fiscal, en octubre estuvo al borde del impago, pero una maniobra legislativa de último momento permitió al Estado tomar dineros del fondo privado de pensiones, una medida que generó polémica por que no colocaba un techo para uso del Estado.
La medida, duramente criticada por el partido opsosito ARENA y círculos empresariales fue cancelada esta semana tras la admisión de una demanda de inconstitucionalidad por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Esta misma semana, la embajadora de EEUU, Jean Manes, urgió a gobierno y oposición para buscar una medida ante el entonces inminente estallido de la burbuja fiscal. Esa misma tarde el presidente Sánchez Cerén citó de urgencia a los líderes de los principales partidos políticos.
En virtud de ello el gobierno montó una mesa de diálogo con los partidos políticos, cuyo apoyo era necesario para que en el Congreso se autorice la emisión de bonos, lo cual se realizaría este mismo jueves.
El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, explicó que gran parte de los fondos obtenidos de la colocación de bonos servirá para que el Estado salvadoreño pueda honrar compromisos con entidades financieras internacionales por un monto de US$307 millones.
Otros 243 millones de dólares servirán para el pago de fondos para proyectos de desarrollo a las 262 comunas del país, para remuneraciones en el Estado, el pago a proveedores gubernamentales, entre otros rubros.
El Salvador vive una condición de impago, hay retrasos en el pago a proveedores e incluso en el desembolso de fondos especiales para las alcaldías, situación que esta semana provocó el cierre de las entradas a la capital, en protesta por el retraso.
Una de las causas por las que el Ejecutivo requiere de fondos es por que el presupuesto de 2016 fue presentado con fuertes desbalances. Situación que es criticada por entidades como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la que alerta que el proyecto de presupuesto para 2017 -en discusión en el Congreso- adolece de los mismos problemas, por lo que el país tiene sobre sí el riesgo latente del impago.
Esta tarde, en su cuenta en Twitter, el presidente Sánchez Cerén insistió en que su gabinete como el partido que lo llevaron al poder seguirá insistiendo en buscar la aprobación de un total de US$1.200 millones para poder manejar la delicada situación fiscal.
El gobierno salvadoreño y el principal partido de oposición, acordaron la aprobación en el Congreso de una emisión de bonos por US$550 millones, fondos que permitirán inyectar liquidez a las finanzas del Estado.
En un acuerdo firmado en la Casa Presidencial se estableció que en el Congreso se procederá a la 'autorización de un primer tramo de emisión y colocación de bonos' por el monto antes mencionado, emisión que será repartida entre el mercados local y el internacional.
El acuerdo fue logrado luego que el gobierno de izquierda del presidente Salvador Sánchez Cerén, a principios de octubre, se declarara en emergencia ante la falta de liquidez para enfrentar sus compromisos.
El Salvador enfrenta una severa crisis fiscal, en octubre estuvo al borde del impago, pero una maniobra legislativa de último momento permitió al Estado tomar dineros del fondo privado de pensiones, una medida que generó polémica por que no colocaba un techo para uso del Estado.
La medida, duramente criticada por el partido opsosito ARENA y círculos empresariales fue cancelada esta semana tras la admisión de una demanda de inconstitucionalidad por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Esta misma semana, la embajadora de EEUU, Jean Manes, urgió a gobierno y oposición para buscar una medida ante el entonces inminente estallido de la burbuja fiscal. Esa misma tarde el presidente Sánchez Cerén citó de urgencia a los líderes de los principales partidos políticos.
En virtud de ello el gobierno montó una mesa de diálogo con los partidos políticos, cuyo apoyo era necesario para que en el Congreso se autorice la emisión de bonos, lo cual se realizaría este mismo jueves.
El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, explicó que gran parte de los fondos obtenidos de la colocación de bonos servirá para que el Estado salvadoreño pueda honrar compromisos con entidades financieras internacionales por un monto de US$307 millones.
Otros 243 millones de dólares servirán para el pago de fondos para proyectos de desarrollo a las 262 comunas del país, para remuneraciones en el Estado, el pago a proveedores gubernamentales, entre otros rubros.
El Salvador vive una condición de impago, hay retrasos en el pago a proveedores e incluso en el desembolso de fondos especiales para las alcaldías, situación que esta semana provocó el cierre de las entradas a la capital, en protesta por el retraso.
Una de las causas por las que el Ejecutivo requiere de fondos es por que el presupuesto de 2016 fue presentado con fuertes desbalances. Situación que es criticada por entidades como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la que alerta que el proyecto de presupuesto para 2017 -en discusión en el Congreso- adolece de los mismos problemas, por lo que el país tiene sobre sí el riesgo latente del impago.
Esta tarde, en su cuenta en Twitter, el presidente Sánchez Cerén insistió en que su gabinete como el partido que lo llevaron al poder seguirá insistiendo en buscar la aprobación de un total de US$1.200 millones para poder manejar la delicada situación fiscal.
