El 29 de abril, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó que su oficina en Ginebra, Suiza, había recibido informes de arrestos y detenciones como formas de aplicación estricta de las medidas de cuarentena y lamentó que así fuese, ya que los derechos humanos pueden y deben ser la guía para responder y recuperarse de la COVID-19.
"En El Salvador, se han denunciado casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza. Muchas personas que supuestamente estaban incumpliendo la cuarentena han sido arrestadas y detenidas en condiciones de hacinamiento durante periodos prolongados, ignorando los fallos reiterados de la Corte Suprema sobre tales medidas. Un procedimiento similar también se ha visto en otros países de la región con más de 11.000 arrestados o detenidos en Guatemala, 35.000 en República Dominicana y 50.000 en Perú", señaló.
Meses después, en junio del presente año, las acciones del mandatario salvadoreño Nayib Bukele durante la pandemia provocaron una severa reacción y denuncia por parte del organismo Human Rights Watch, al informar que desde el 14 de marzo que se declaró el estado de emergencia en ese país, hasta el primero de junio, se contabilizaban más de 14.000 personas detenidas y confinadas en centros de contención, establecidos para quienes regresan del exterior o que incumplen la cuarentena dentro del país.
Por otra parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema dictó tres sentencias que ordenaron al gobierno abstenerse de detener a personas en centros de contención solamente por haber violado la cuarentena domiciliar.
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Claudia Paz, Directora del Programa Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señaló a E&N que en muchos países en América Latina y en el mundo se han adoptado medidas restrictivas, pero los gobernantes han tenido cuidado de informar sobre la necesidad, la proporcionalidad y la temporalidad de las medidas. "En la región centroamericana, lamentablemente, tenemos expresiones autoritarias que voy a vincular a la pandemia de la Covid-19", afirmó, y citó el caso de El Salvador, donde el Poder Ejecutivo emitió una docena de decretos y el Poder Legislativo un par de leyes, que luego la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese país rechazó en sentencia, declarando su inconstitucionalidad, porque implicaban una serie de restricciones a la libertad de las personas, que no estaban amparadas en tres principios fundamentales: proporcionalidad, necesidad y temporalidad.
Por otra parte, señaló que estos decretos ejecutivos contemplaron restricciones al Acceso a la Información Pública, lo que resulta grave en medio de una crisis sanitaria, que requiere de información confiable y pertinente.
"En El Salvador otra expresión autoritaria es la actitud del Presidente Bukele frente a cualquier voz disidente, sea de defensores de derechos humanos, mujeres feministas o de periodistas. Han sufrido de retaliación por parte del Presidente en redes sociales, que con la cantidad de seguidores y de apoyo, que tiene, coloca a estas personas en situación de peligro", señaló.
Autoritarismo en otros países
Karin Slowing, médica salubrista y ex Secretaria de Planificación en Guatemala en el periodo 2008-2012, afirmó que ella está convencida que era necesario establecer medidas excepcionales de control para el manejo de la pandemia. Sin embargo, la aplicación de estas medidas en su país ha sido "muy arbitraria". Al respecto, indicó que fueron parcial y desigualmente implementadas, ya que con algunos grupos sociales se reforzaron, mientras que con otros -las élites- fueron muy permisibles y tolerantes con las transgresiones.Refirió que en algunas comunidades donde se requería del acordonamiento sanitario, para reducir la movilidad, realizar labor de búsqueda y rastreo de casos para frenar el contagio comunitario, se convirtieron realmente en cordones policiales, al perderse el sentido de la búsqueda sanitaria y reforzar la potestad de las autoridades policiales.
"Eso es lo que quiero distinguir. Hay medidas técnicas de contención y de restricción que eran necesarias, pero en el marco de esas medidas se han dado acciones de restricción con otras finalidades", valoró. "En Guatemala hay un discurso muy prepotente y autoritario de las autoridades, pero una aplicación laxa o menos laxa para los jóvenes de las élites que violaban las normas. Se mantuvo una aplicación discrecional de las medidas, dependiendo de grupos sociales", agregó.
La especialista en salud pública lamentó que pese a que el gobierno de Alejandro Giammattei decretó rápidamente el Estado de Calamidad a inicios de la pandemia, transcurrieron alrededor de cuatro meses para proveer al personal médico y sanitario de equipos de protección personal, lo que provocó la muerte a varios colegas médicos.
Una situación más grave se presenta en Nicaragua, donde según cifras no oficiales reportadas por el Observatorio Ciudadano COVID-19, al 25 de noviembre se proyectan 822 trabajadoras y trabajadores de salud reportados con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 y un total de 109 muertes de personal de salud.
"En Nicaragua, la pérdida de vidas que no podemos cuantificar por no tener acceso a cifras confiables de personas contagiadas y fallecidas, es una expresión de autoritarismo de Daniel Ortega", señaló Paz, refiriéndose a la negligencia del régimen nicaragüense frente a la pandemia. La Directora del Programa México y Centroamérica de CEJIL, agregó que el régimen de Ortega es un caso aparte como expresión de autoritarismo, ya que desde 2018 ha impuesto importantes restricciones a la libertad de expresión, de manifestación y de asociación.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 2 de diciembre, presentó un informe sobre las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis sociopolítica de 2018 en Nicaragua, estableciendo que 1.614 personas han sido encarceladas arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018. La CIDH demandó la liberación de los 109 presos políticos que todavía se encuentran en las cárceles, por participar o apoyar las protestas sociales.
