Por La Prensa Gráfica
La población salvadoreña en condiciones de pobreza puede llegar al 45% si ocurre una crisis en las finanzas del Gobierno, de acuerdo con las estimaciones que ha hecho la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). De igual manera, los investigadores de esta fundación calculan que el país retrocedería 40 años en su situación económica y social.
El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtieron desde agosto pasado que la administración se está acabando su dinero en efectivo o líquido. Los meses más críticos serán octubre, noviembre y diciembre próximos, a tal punto que la única manera de llegar a final de año es con dinero prestado. Pero para poder hacerlo, el Gobierno necesita el apoyo de ARENA en la Asamblea Legislativa lo antes posible.
álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales (FUSADES), detalló cuál será el impacto que tendrá un vacío de liquidez en el país: "Sin un acuerdo que ponga en el centro a la persona, podríamos vivir la crisis social más grande de nuestra historia".
A partir de lo que ha experimentado El Salvador en años anteriores, FUSADES considera que la población en condiciones de pobreza llegará a 50 % (desde el 35 % que está ahora) y el país retrocederá 40 años en avances económicos y sociales, más de 155.000 trabajadores en el sector formal perderán su empleo, quienes están en el sector informal tendrán menos ingresos y el Producto Interno Bruto (PIB, el tamaño de la economía) retrocederá 25%. "Más de medio millón de personas van a sumarse a las filas de la pobreza", enfatizó el representante de FUSADES.
Los cálculos que hizo el departamento que Trigueros dirige tomaron como referentes otros eventos históricos. La crisis fiscal más reciente sucedió entre 1978 y 1982. Además de que había muchos eventos de violencia y antagonismo entre el Gobierno y las organizaciones sociales, también hubo una caída notable en los ingresos nacionales y en general la economía no crecía, sino que retrocedía año con año. Poco tiempo después, inició la etapa más cruenta de la guerra civil.
Mauricio Choussy, analista y exfuncionario salvadoreño, dijo que el Gobierno puede mantenerse a flote hasta noviembre, pero que eso no quita la urgencia de lograr acuerdos en el tema fiscal.
Choussy explicó que si la deuda pública total y su relación con el tamaño de la economía siguen creciendo, los inversionistas tendrán más dudas antes de seguir prestando. "Llega un momento en que la deuda no es atractiva, porque entran a jugar otros factores en la ecuación", comentó.
Ciudadanía debe exigir
Luz María Portillo, investigadora de FUSADES, comentó que es necesario que los ciudadanos se involucren más para que las autoridades trabajen en un acuerdo. "La sociedad civil debe exigir un acuerdo, es absolutamente necesario", dijo Portillo. "Una crisis fiscal va a contaminar a toda la economía", reiteró.
Marjorie Chorro, investigadora, también de FUSADES, apeló a que los ciudadanos pidan cuentas. "Un Estado que no maneja bien las finanzas del país está en deuda con los ciudadanos. Porque los ciudadanos elegimos a los gobernantes para que conduzcan bien a un país", comentó Chorro.
Para enfrentar el riesgo de liquidez, el Ministerio de Hacienda ha pedido autorización para endeudarse con US$1.200 millones en bonos y así salir a tiempo con una parte de los pagos pendientes para el cierre de este año.
Portillo advirtió que esta no es la solución. "Hay que resolver el problema de raíz, porque si no a la vuelta de un año vamos a estar igual que ahora", detalló. Según Portillo, la ley de responsabilidad fiscal que saldrá de la Asamblea Legislativa debe tener pocas metas rígidas (llamadas cuantitativas) para que sea más sencilla de medir. Pero además, requiere reglas que ayuden a cumplir esas metas.
