Por estrategiaynegocios.net
El viernes 7 de octubre El Salvador podría sufrir una crisis económica histórica, derivada de los fuertes problemas de caja que enfrentan las arcas públicas.
El ejecutivo busca maniobrar frente a una tormenta que por primera vez pondría al país en una situación de impagos, ante la cual está en la busqueda de la aprobación de fondos urgentes por alrededor de US$1.200 millones, una cifra que requiere de un acuerdo político.
El pulso económico enfrenta al Ejecutivo, liderado por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y al derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que tiene mayoría en el Congreso, poder vital para dar luz verde a los multimillonarios empréstitos que mantendrán a la economía a flote.
'El 7 de octubre se puede convertir en viernes negro, se corre el riesgo de caer en impago', dijo el analista económico, Rafael Lemus, en una entrevista en televisión.
El economista, también asesor de ARENA, explica que es urgente que el gobierno y los partidos políticos lleguen a un acuerdo fiscal razonable.'Tienen que llegar a un acuerdo razonable sino quieren dañar más al país', dijo.
El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo esta semana en la Asamblea Legislativa que las maniobras para evitar caer en default incluyen la solicitud de un préstamo por US$71.5 millones, como adelanto para el pago correspondiente de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Los CIP son los instrumentos con los que se honran los préstamos hechos por el Gobierno y que son claves para el pago de pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del estatal Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos )INPEP).
Cáceres ha dicho que el abono para los CIP es urgente y dijo que la moción, a la que se oponen los partidos de derecha, 'no debe ser pagada por los trabajadores'.
El vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, indicó esta mañana que "la situación tiene solución, pero requiere de voluntad política" y que es el partido ARENA el que tiene la llave para desbloquear los fondos y alejar el riesgo.
De no llegar a un acuerdo fiscal, Chicas señaló que parte de las consecuencias serían la alteración de tasa de intereses de la industria bancaria y un bloqueo a El Salvador a recursos frescos, tanto de nuevos creditos, como de otros aprobados previamente.
Ayer, Ernesto Muyshondt, diputado de ARENA, dijo que el partido ha hecho esa propuesta porque el Gobierno ha incumplido compromisos en el anterior relacionado con el manejo de las finanzas.
El tira y encoje se centra en la Asamblea Legislatica, donde el jefe de la fracción de ARENA, Alberto Romero, aclaró que la propuesta de aprobar los bonos en fases "sería la última etapa en la fase de negociación'.
Para el político la piedra en el camino es la articulación de un plan de austeridad. 'Cuando nos demuestren voluntad de ahorrar y de cómo ver de dónde sacar el dinero para no volverse a endeudar", dijo.
El diputado de la oposicion agrego que si aprueban los $1,200 millones, lo que harán es aumentar el endeudamiento: "Esa rueda no la podemos seguir haciendo como país, hay que parar".
Las implicaciones de caer en default serían "muy graves", en opinión de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), al punto de que una vez consumado, y de forma inmediata, el Gobierno tendría que recortar el 25 % del presupuesto general de la nación, a través de reducción en remuneraciones salariales e impago a proveedores.
El investigador Pedro Argumedo, de Fusades, expuso que otro de los efectos de la falta de liquidez en el Gobierno, sería que se pierda uno de cada cinco empleos formales. "Tenemos el 20 % de probabilidades de perder el empleo. Va a haber una caída drástica del crecimiento y de los ingresos del Estado y todos vamos a salir afectados", apuntó.
En cuatro años, la deuda pública salvadoreña aumentó siete puntos porcentuales del PIB, el mayor incremento registrado en Centroamérica durante ese periodo.
Según las estadísticas oficiales, entre 2009 y 2013, el ratio de la deuda pasó de 54% a 61 % del PIB. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y agencias calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s (S&P) han señalado que la marcada polarización es el factor que ha impedido no solo consenso en materia fiscal, también en temas primordiales como el fortalecimiento del crecimiento económico.
Con información de elsalvador.com y Diario El Mundo.
