En agosto recién pasado, y por primera vez desde 2002, el saldo pendiente de pago en Letras del Tesoro Público (Letes) superó los US$1.000 millones, revelan cifras oficiales que además muestran la complicada crisis fiscal que atraviesa el Gobierno.
El Gobierno salvadoreño debe honrar una parte de su deuda en Certificados de Inversión Previsional (CIP) este 9 de octubre, pero el cumplimiento de este compromiso parece depender de que la Asamblea Legislativa avale la solicitud del Ejecutivo de emitir una parte de los US$1.200 millones en bonos que pidió en febrero pasado.
A juzgar por el entrampamiento que ha sufrido la aprobación de los US$1.200 millones, el camino para obtener los US$71,5 millones solicitados el jueves pasado no es precisamente llano y, en ese contexto, analistas económicos consultados por Diario El Mundo advierten que el país caería en suspensión de pagos, también conocido como "default", si el Ejecutivo no obtiene los fondos para honrar su compromiso con los CIP.
El "default" ocurre cuando no se cumplen con las obligaciones adquiridas con acreedores, en los términos y plazos establecidos. Esta situación puede producirse con distintos tipos de deuda, como bonos o préstamos.
En este caso, los CIP son títulos de deuda pública que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a comprar, por ley, con los ahorros de sus cotizantes. En el fondo, es una deuda que el Estado salvadoreño adquiere con los trabajadores que cotizan a las AFP. Se emiten cada tres meses y sirven para que el Gobierno pague las pensiones del extinto sistema públicos.
Consecuencias
"Si el Gobierno no pagara estos US$70 millones a las AFP el 9 de octubre, entonces sería un default", sentenció el economista Luis Membreño, de la firma Luis Membreño Consulting.
En la misma línea, Carlos Pérez, asesor de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), advirtió dejar de honrar estos compromisos traerá consecuencias graves. "Si el Gobierno deja de pagarlo, inmediatamente las calificadoras le bajan el rating a una categoría de default. Es una cuestión delicada", indicó. "Un default por no pagar una cuota por los CIP sería algo catastrófico. El Gobierno ha buscado otras alternativas de financiamiento, pero ya no tienen más espacios", añadió.
Al recibir una calificación en la categoría default, el Gobierno tendría dificultades para contratar financiamiento, teniendo que pagar altas tasas de interés para compensar el elevado riesgo de prestarle dinero a un Estado que no tiene capacidad de honrar sus deudas. Esto afectaría también a las entidades privadas.
Por su parte, el economista investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, señaló que sí hay un riesgo alto de que se pueda caer en default. Consideró que de no aprobarse los bonos, el Gobierno "se vería obligado a reducir subsidios, recortar programas sociales e incluso agravarse a tal punto, que no tenga recursos para pagar la deuda pública, incluida la relacionada con el sistema previsional". Tampoco descartó problemas para pagar salarios a los empleados públicos.
Brecha en el presupuesto
Tanto Membreño como la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) señalaron que el Gobierno, desde un principio, no incluyó en el presupuesto de 2016 todos los recursos que se necesitan para honrar la deuda de CIP de este año.
Generalmente, estas brechas en el presupuesto se han cubierto con Letras del Tesoro Público (Letes), porque no requieren de aval legislativo para emitirse. Sin embargo, el saldo de esta deuda de corto plazo ya superó los US$1.000 millones en agosto, y el límite legal de colocaciones ya se está alcanzado, y por ello ahora el Ejecutivo ha recurrido a la Asamblea, añadió por su parte el asesor de la Funde.
Solo el año pasado, el Ejecutivo amortizó US$136 millones en capital e intereses de esta deuda, según datos de la Asafondos. Sin embargo, Hacienda presupuestó solo US$106,8 millones.
"Considerando que el monto de la deuda emitida por el FOP se incrementa en cerca de $480 millones al año, los requerimientos de pago de intereses y amortización de capital van creciendo anualmente, por lo que la partida presupuestaria de 2016 debería ser mayor que lo ejecutado durante el año 2015", señaló la gremial a Diario El Mundo, el jueves pasado.
La gremial indicó que, este año, se estimó que el Gobierno necesitaba US$175 millones para pagar CIP en 2016. Pero, se elevó en US$2,7 millones, hasta US$177,7 millones.
Refinanciamiento entrampado
Desde el año pasado, el Ejecutivo ha intentado refinanciar su deuda en Letes con una emisión de bonos. En el primer intento, logró el aval legislativo pero la Sala de lo Constitucional, luego, declaró ilegal la forma en la que se aprobó. Este año, el segundo intento sigue esperando los votos de ARENA.
24-abril-2015
En la plenaria, en un primer intento de aprobar $900 millones en bonos, solo se alcanzaron 55 votos, de los 56 necesarios, y se mandó la iniciativa al archivo. Súbitamente, se sustituyó a la diputada Sandra Salgado, que no dio su voto inicialmente, por el diputado suplente de Guillermo Gallegos, José Wilfredo Guevara, quien sí votó a favor de la emisión. Con esto se lograron los 56 votos.
10-junio-2015
La Sala de lo Constitucional admite una demanda en contra de la forma en la que se aprobaron los $900 millones. En la resolución, la instancia acepta los argumentos de que se violó la Constitución al sacar del archivo una pieza, dos horas después de ser rechazada, y no esperar seis meses como la ley lo determina. La Sala ordenó detener la emisión, como medida cautelar.
24-febrero-2016
El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa autorizar la emisión de $1,200 millones en bonos, para pagar capital e intereses de la deuda de corto plazo, es decir, las Letes. También para apoyo presupuestario y fortalecer la caja de la Tesorería General de la República. En el momento en que se solicitó esta emisión, el saldo de la deuda en Letes había alcanzado US$929.5 millones en enero.
13-julio-2016
La Sala de lo Constitucional declaró ilegal la forma en la que la Asamblea Legislativa aprobó la emisión de $900 millones de bonos, en abril de 2015. "El uso de la figura del diputado suplente en la aprobación del decreto impugnado se hizo de forma fraudulenta", informó la Sala en un comunicado. La instancia concluyó que la Asamblea "manipuló el quórum" para alcanzar "indebidamente la mayoría necesaria para decidir".
8-septiembre-2016
El Ministerio de Hacienda pide a la Asamblea Legislativa aprobar un primer tramo de US$105.5 millones, de los US$1.200 millones en bonos que pidió en febrero de este año. De esos, $71.5 millones quiere destinarlos a la amortización de capital e intereses de los CIP, y otros $34 millones para pagar el subsidio a la energía eléctrica desde agosto hasta diciembre de este año. Las piezas de correspondencia pasaron a la Comisión de Hacienda.
