El Gobierno salvadoreño pretende llevar hasta el límite legal a la colocación de Letras del Tesoro Público (Letes), si no se logra la aprobación de los US$1.200 millones de bonos en la Asamblea Legislativa.
Hasta el 13 de septiembre pasado, el Ministerio de Hacienda aún tenía disponibles poco más de US$344 millones para seguir financiando el gasto estatal con la colocación de Letes, que son instrumentos de deuda pública cuyos vencimientos no superan los 360 días. El secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, aseguró el jueves pasado que el monto disponible en Letes "alcanza" para pagar algunos compromisos en lo que resta del año.
"Sí, hasta llegar al límite (legal)", señaló, al ser consultado al respecto.
El funcionario recordó que, según la ley del presupuesto general, para este año se le permite a Hacienda que las colocaciones no superen el monto equivalente al 30 % de los ingresos corrientes.
Así, este límite asciende a US$1.327.343.619, y con la subasta del martes pasado, las emisiones acumuladas desde enero de este año y hasta el 13 de septiembre sumaron US$982.869.200, por lo que el margen para que el Gobierno siga usando estos instrumentos para financiarse es ahora de $344.474.419.
"Yo creo que sí (ese margen es suficiente para terminar el año), ese es el déficit", insistió Lorenzana; pero aclaró que "si hay aprobación de bonos, no se llega al límite (de colocación de Letes)".
Desde el año pasado, el Gobierno ha intentado refinanciar su deuda en Letes, pues ya llegó a niveles insostenibles, pero no ha tenido éxito.
En abril de 2015 logró el aval legislativo para emitir US$900 millones en bonos, pero la operación fue suspendida y luego declarada ilegal este año por la Sala de lo Constitucional, debido a anomalías en la forma en que se aprobó.
En febrero de este año, Hacienda volvió a pedir la aprobación de la Asamblea para emitir US$1.200 millones. Ambas emisiones se solicitaron para, principalmente, pagar la deuda en Letes, que hasta agosto de este año superó los US$1.000 millones. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no ha logrado que el principal partido opositor, ARENA, apoye la emisión con sus votos.
En el caso de los US$1.200 millones, poco más de US$105 millones se destinarían al último pago trimestral de capital e intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), y para financiar el subsidio a la energía para lo que resta del año. Hace unas semanas, Hacienda pidió al Congreso que se le aprobaran dos tramos de los $1,200 millones en bonos, uno de US$71.5 millones para pagar los CIP este 9 de octubre, y otro de US$34 millones para el subsidio.
La falta de recursos para los CIP resulta particularmente preocupante, pues el Gobierno ya reconoció que no tiene otra fuente para financiar ese pago, más que la emisión de bonos; y la oposición parece no ceder en su postura.
Mientras tanto, varios analistas económicos han advertido que de no honrarse el compromiso con los CIP, El Salvador caerá en suspensión de pagos, también conocido como default, puesto que estos certificados son títulos de deuda pública que adquieren las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), por ley, con los ahorros de sus cotizantes.
Los CIP se emiten desde 2006 y sirven para pagar las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones para Empleados Públicos (INPEP). Una de las consecuencias inmediatas del impago de la deuda es la degradación de la calificación de riesgo soberano, que obligaría al país a pagar intereses más altos por su deuda.
Entre 2012 y 2014, el máximo legal de colocaciones de Letes se ubicó en el 40 % de los ingresos corrientes. Es hasta 2015 que se reduce al 30 %, límite que se mantuvo este año.
Esta sería la primera vez en cinco años que el Gobierno usa todo su margen legal para emitir Letes. Los dos años en que estuvieron más cerca del máximo fueron 2012 y 2014.
El Salvador enfrenta un riesgo alto de caer en impagos de no lograr concentrar fuentes de financiamiento para cerrar el año.
