1. Cómo se formó
En 2011, El Faro reveló cómo tres informes de inteligencia del Estado ligaron al empresario hotelero José Adán Salazar Umaña con diputados, policías, alcaldes y pandilleros de la zona noroccidental de El Salvador, juntos forman el Cártel de Texis. Su organización es clave para mover cocaína suramericana que viaja rumbo a Los Estados Unidos.
Según Insight Crime, el cartel tuvo tres presuntos fundadores: José Adán Salazar Umaña, Juan Umaña Samayoa y Roberto Herrera. Salazar Umaña también es conocido como 'Chepe Diablo'. El viernes 30 de mayo del 2014, solo dos días antes de que Funes entregara la presidencia a Salvador Sánchez Cerén, su correligionario del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Obama colocó a "Chepe Diablo" en las listas del Tesoro y activó una onda expansiva internacional bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros (Kingpin Act, en inglés). "Bajo esa ley, las personas y entidades bajo la jurisdicción de Estados Unidos que, con conocimiento de causa, se involucren en transacciones comerciales con uno de los designados en esa lista podrían ser objeto de sanciones penales o civiles", dijo la consejera de Asuntos Públicos de la embajada, Molly Sánchez-Crowe, para explicar la situación de Salazar, según publicó La Prensa Gráfica.
Pese a la declaración de Obama en 2014, la Fiscalía General de la República no giró orden de captura contra Salazar.
Si Salazar hubiera tenido cuentas bancarias y bienes en Estados Unidos cuando Obama emitió su alerta, de inmediato habrían sido congeladas. Tras la declaración presidencial, los estadounidenses y las empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con el narcotraficante salvadoreño. La alerta se extiende a estructuras migratorias, aduanales, policiales y de otros aparatos de la seguridad de Estados Unidos.
Otras figuras políticas que brindan su apoyo al grupo son: Armando Portillo, el alcalde de Texistepeque, un ciudad al sur de Metapán; y, Reinaldo Cardoza, un congresista federal de la ciudad de Chalatenango, una pequeña ciudad limítrofe con Honduras.
2. Negocios
Los cabecillas del cártel son empresarios metidos en el mercado de los granos, en la ganadería, dirigentes del fútbol, dueños de hoteles. Salazar fundó Hoteles Salvadoreños (Hotesa) en 1991, en Metapán, limítrofe con Guatemala. Desde los 90, logró crear siete hoteles, de categoría tres estrellas, ubicados en varias playas y en el occidente salvadoreño cercano a Guatemala.
De hecho, esa unidad de negocio, los hoteles, fue la que llamó la atenció de la Unidad de Delitos Financieros de la FGR. La Fiscalía observó cómo logró bonanza financiera y comenzó a sospechar, desde 2003.
3. Evasión de impuestos
Pese a las investigaciones policiales que lo vinculan al narcotráfico, los únicos cargos formales que se ha presentado contra Salazar Umaña son por evasión fiscal. La Fiscalía General de la República lo acusó ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador en 2014. La fiscalía lo acusó de haber evadido US$1,3 millones entre 2010 y 2011, como persona natural y como parte de su empresa Hotesa, dueña de los hoteles Capital, Tolteka Plaza, San José, Comfort Inn Bahía, Pacific Sunrise y Sevilla.
4. Los otros socios
Como parte de esta estructura también se vincula a Roberto "Burro" Herrera Hernández, detenido el 21 de julio de 2013 por cargos de robo de autos y narcotráfico.
Además, Wilfredo Guerra y su padre, Juan Umaña, alcalde de Metapán, son los principales accionistas de la empresa de granos Gumarsal. Ambos fueron procesados por evasión de impuestos, aunque a diferencia de Salazar Umaña ellos fueron absueltos tras pagar lo adeudado al fisco.
En 2015, El Faro reveló que Umaña Samayoa, Guerra y Agroindustrias Gumarsal sortearon la evasión de impuestos por US$1.135.809 con éxito. En abril de 2014, ellos también fueron acusados de evasión de impuestos durante el 2010, pero la investigación feneció luego de que pagaran US$912.279.
En 2011, un informe del Ministerio de Hacienda señaló que el alcalde Umaña Samayoa reportó un incremento patrimonial de US$152.244, dinero que movió en sus cuentas bancarias y sobre el cual no justificó origen o fuente. Hacienda pudo determinar ese incremento patrimonial no justificado gracias a un informe de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Con Wilfredo, Guerra como representante legal de Agroindustrias Gumarsal, también se le acusó por la evasión de impuestos por US$1.046.752. Una de las principales irregularidades que encontraron los auditores es que esa empresa tenía un sistema de doble contabilidad que le permitía ocultar sus operaciones para evadir impuestos. "Los valores registrados en el libro diario mayor reflejan valores diferentes en las cuentas capital social, cuentas y documentos por pagar, otras cuentas por pagar y partes relacionadas a corto plazo", escribieron los auditores cuando compararon los datos de la contabilidad de la empresa con informes financieros que Gumarsal presentó al banco Scotiabank, para adquirir préstamos, publicó El Faro.
5. El mecenas del fútbol
Salazar fue presidente del club de fútbol Isidro Metapán, equipo de la primera división del fútbol salvadoreño, además de la Primera División. Antes de ser ubicado en mayo del 2014 en las listas de narcomafiosos del Departamento del Tesoro, Salazar fue presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) y de la Asociación Deportiva Isidro Metapán, equipo de la primera división de este país.
6. Infiltración financiera
Según El Nuevo Herald, Salazar había insertado en la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador a un hombre que fungía como auditor de sus empresas en el cártel de Texis y que fue designado por el salvadoreño Víctor Ramírez, anterior jerarca de la Superintendencia, en posiciones estratégicas. Ramírez fue el superintendente del sistema financiero en el gobierno de Mauricio Funes.
Tras la decisión de Obama, los bancos salvadoreños le cerraron las cuentas a Salazar y a sus compañías. Según El Nuevo Herald, para continuar la operación de sus firmas privadas, Salazar habría traspasado acciones de sus empresas y de sus bienes a familiares y a un círculo íntimo de asociados y amistades, con la intención de sellar su andamiaje de movimiento de dinero.
Amparada en sus potestades, la SSF pidió a los bancos privados salvadoreños que le facilitaran los movimientos bancarios mensuales de sus 100 mayores depositantes, para afinar controles y establecer los "riesgos sistémicos".
7. El Cártel de Texis
La estructura sería el principal proveedor de servicios a los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas.
