El escenario fue la propia sala de sesiones de la Corte, en San Pedro de Montes de Oca, donde los jueces pidieron cuentas a la representación del Estado costarricense sobre por qué en el país todavía no se aplica la fecundación asistida, a pesar de que existe una condena de ese tribunal internacional (que está por encima de las instancias nacionales) que obliga al país a implementarla.
El Estado costarricense se presentó con un borrador de decreto que está en consulta desde este jueves, con el cual se pretende revivir la FIV por esa vía jurídica, ante el nulo ambiente en el Congreso para aprobarlo mediante ley.
El Gobierno insiste en que el decreto es suficiente para cumplir con la sentencia, que obliga no solo a permitir la aplicación de la FIV, sino a facilitarla a través de la seguridad social.
Los jueces de la Corte IDH se mostraron satisfechos con el gesto del Gobierno, aunque con dudas sobre la posibilidad de que un decreto sea suficiente para regular la FIV, en caso de enfrentar cuestionamientos jurídicos, precisamente desde la Sala IV.
"Quisiera que aclararan cuáles son los riesgos de impugnación, si hay más de una instancia en que se pueda impugnar este decreto, además de la Sala", dijo el juez Eduardo Vio Grossi.
Tanto Vio Grossi como Diego García Sayán y el presidente del Tribunal, Humberto Sierra Porto, hicieron observaciones directas sobre el atraso en la implementación de la FIV.
En la audiencia también participaron los abogados de las partes acusadoras, la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, y la vocera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Silvia Serrano, quien cuestionó el papel de la Sala IV en las trabas para aplicar la FIV.
"Si bien hay una responsabilidad especial en cuanto al Poder Ejecutivo y lo que atañe al Legislativo, también lo hay en la instancia judicial. Hemos recogido algunas decisiones judiciales (fallos de la Sala IV) sobre amparos presentados que nos podrían llevar eventualmente a preocupación, algunas donde a través de amparos, se pide que se autorice específicamente el uso de la técnica para un caso en particular, y la decisión judicial se va en la línea de que falta una regulación", apuntó el juez García.
Obstrucción
Los amparos a los que hizo referencia el juez García Sayán fueron entregados por los abogados de las personas que demandan la implementación de la fertilización asistida, prohibida en el país precisamente por la Sala IV en el año 2000.
En este sentido, Boris Molina, uno de los abogados de las personas afectadas por la no implementación de la FIV, subrayó ante los jueces que los fallos de la Sala Constitucional minan la posibilidad de acceder a la técnica, pese a que se reconoce la obligación de acatar el fallo de la Corte.
