La Defensoría de los Habitantes en Costa Rica solicitó este jueves al Congreso agilizar la aprobación de una ley para regular la fecundación in vitro, prohibida en el año 2000, con el fin de acatar una sentencia emitida hace seis meses por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Por: AFP
'Preocupa que no estamos cumpliendo con un mandato que es superior a nuestras leyes y a nuestra Constitución, porque tiene que ver con una ampliación de derechos hacia los habitantes, en este caso con un procedimiento muy particular', expresó a periodistas la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.
Afirmó que la situación 'es una vergüenza internacional' y que con el retraso Costa Rica se 'expone a que sea sancionado una vez más', luego de que el 20 de diciembre, la Corte condenó al Estado por prohibir la fecundación in vitro.
'El país en este caso no está cumpliendo. La discusión científica ya pasó y estamos en otro nivel, y ese nivel es donde debemos cumplir (la sentencia)', dijo la defensora.
Para las parejas afectadas, que requieren la aprobación de la técnica in vitro para concebir, el tic tac del reloj los apura a tomar acciones.
'Cada día se nos pasa la edad de ser padres', manifestó Gerardo Mejía, quien indicó que han presentando unas 10 nuevas demandas contra el Estado.
Aunque el gobierno remitió en abril un proyecto de ley que aprueba y regula la fecundación, éste se mantiene en espera en el Congreso.
La diputada de oposición María Eugenia Venegas aseguró que existe un 'lobby' político que está posponiendo el tema.
'Tenemos clara evidencia que hay un grupo totalmente opositor, de organizaciones como Human Life International, Pro Vida y la Conferencia Episcopal', aseguró la legisladora, quien adelantó que presentará un recurso para dar trámite rápido al proyecto.
Costa Rica prohibió la fecundación in vitro en 2000. El caso ante la Corte Interamericana, con sede en San José, fue presentado por un grupo de parejas, que en su mayoría ya no puede tener hijos.
En su sentencia, la Corte determinó que la prohibición de esta técnica de reproducción asistida ha afectado los derechos a la vida privada y familiar, los derechos reproductivos, e incluso calificó la prohibición de 'interferencia desproporcionada' en los derechos individuales.
Con la condena, el Estado tuvo que pagar un total de 360.000 dólares de indemnización a 18 parejas.
