'La situación financiera de TCQ es sumamente delicada, porque no está generado ingresos, tiene millonarias deudas y los fondos de la caja se están acabando', advirtió Alexander Aizenstatd, interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), subsidiaria de la firma holandesa APM Terminals.
Aizenstatd precisó que la situación de esa empresa es 'altamente delicada' y que si no comienza a operar 'pronto' se perderán los activos.
El Gobierno de Guatemala presentó el 3 de noviembre al Legislativo una iniciativa de ley para otorgar un nuevo contrato a TCQ, con el fin de evitar la pérdida total de la operación aún no puesta en marcha.
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La iniciativa fue presentada después de que la empresa accedió a dar al Estado de Guatemala una reparación civil de US$43,2 millones por la anulación voluntaria del anterior contrato (2012) y la concesión de uno nuevo, por un plazo de 21 años.
No obstante, el Congreso Nacional no atendió el interés del presidente Jimmy Morales para conocer y aprobar la propuesta antes de cerrar el ciclo legislativo de 2016.
Aizenstatd dijo en una rueda de prensa que la semana anterior venció el plazo de TCQ para pagar más de US$4 millones correspondiente al primer pago de capital de un préstamo de US$126 millones adquiridos con tres bancos.
'Si la terminal no opera en el corto plazo, la situación será irreversible...Se perderían los activos, que suman unos US$180 millones, 70 por ciento de ellos de deuda', concluyó el interventor.
La intervención de la empresa fue solicitada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en junio pasado.
La TCQ está envuelta en una caso de corrupción por el que están en prisión preventiva el ex presidente de Guatemala (2012-2015) Otto Pérez y su entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
Según el MP y la CICIG, ambos lideraron una trama que repartió beneficios con una comisión superior a los US$25 millones.
