Por Prensa Libre
La empresa APM Terminals aceptó dar una reparación civil al Estado por el contrato que se efectuó, presuntamente de forma anómala, con la compañía Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), para la ampliación del Puerto Quetzal a través de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Dicha reparación civil consiste en el pago de US$43,2 millones -unos Q327.46 millones-; además de la anulación del contrato de usufructo y la firma de un nuevo contrato de concesión que deberá ser aprobado por el Congreso, que son parte de la propuesta de Alexander Aizenstadt, interventor de TCQ.
Susanne Marston, vicepresidenta de APM Terminals, dijo a Prensa Libre que se contempla hacer el resarcimiento en un solo pago y en efectivo, además se busca llegar a un acuerdo con la Procuraduría General de la Nación para resolver la demanda de nulidad del usufructo, de manera que no tenga repercusiones en la operación de TCQ. "Esperamos que las autoridades acepten los términos de la propuesta y podamos así alcanzar un acuerdo para comenzar a operar esta necesaria y moderna terminal, puerta de entrada al océano Pacífico, tan importante para el crecimiento económico y la competitividad de Guatemala y que aliviará la congestión actual en dicho puerto", expresó, a través de un comunicado, Susanne Marston, Vicepresidenta de APM Terminals.
El comunicado de la firma señala que APM Terminals se convirtió en el propietario TCQ el 8 de marzo del 2016, como parte del proceso de adquisición de la compañía TCB.
unto al pago, la recomendación del interventor es anular el contrato y firmar uno nuevo, con APM Terminals; mientras esto ocurre, al contrato vigente se le añadió una clausula anticorrupción, afirmó.
El nuevo contrato, debería ser aprobado por el Congreso, según Aizenstadt, quien propone que la concesión sea por un plazo de 21 años y, al terminarse, todo el equipo de TCQ debe pasar a ser propiedad del Estado.
El interventor afirma que, de ser aprobadas sus propuestas, no habría repercusión en el proceso penal y que todo debe hacerse de forma jurídica.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, señalan al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por este caso.
La empresa APM Terminals aceptó dar una reparación civil al Estado por el contrato que se efectuó, presuntamente de forma anómala, con la compañía Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), para la ampliación del Puerto Quetzal a través de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Dicha reparación civil consiste en el pago de US$43,2 millones -unos Q327.46 millones-; además de la anulación del contrato de usufructo y la firma de un nuevo contrato de concesión que deberá ser aprobado por el Congreso, que son parte de la propuesta de Alexander Aizenstadt, interventor de TCQ.
Susanne Marston, vicepresidenta de APM Terminals, dijo a Prensa Libre que se contempla hacer el resarcimiento en un solo pago y en efectivo, además se busca llegar a un acuerdo con la Procuraduría General de la Nación para resolver la demanda de nulidad del usufructo, de manera que no tenga repercusiones en la operación de TCQ. "Esperamos que las autoridades acepten los términos de la propuesta y podamos así alcanzar un acuerdo para comenzar a operar esta necesaria y moderna terminal, puerta de entrada al océano Pacífico, tan importante para el crecimiento económico y la competitividad de Guatemala y que aliviará la congestión actual en dicho puerto", expresó, a través de un comunicado, Susanne Marston, Vicepresidenta de APM Terminals.
El comunicado de la firma señala que APM Terminals se convirtió en el propietario TCQ el 8 de marzo del 2016, como parte del proceso de adquisición de la compañía TCB.
unto al pago, la recomendación del interventor es anular el contrato y firmar uno nuevo, con APM Terminals; mientras esto ocurre, al contrato vigente se le añadió una clausula anticorrupción, afirmó.
El nuevo contrato, debería ser aprobado por el Congreso, según Aizenstadt, quien propone que la concesión sea por un plazo de 21 años y, al terminarse, todo el equipo de TCQ debe pasar a ser propiedad del Estado.
El interventor afirma que, de ser aprobadas sus propuestas, no habría repercusión en el proceso penal y que todo debe hacerse de forma jurídica.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, señalan al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por este caso.
