El juez Miguel ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B de Ciudad de Guatemala, determinó investigar a Pérez por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude. Pérez es acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, de haber promovido el contrato irregular y de recibir parte de unos US$30 millones otorgados en sobornos.
El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel ángel Gálvez, decidió que seguirán en prisión 10 señalados, entre ellos el exbinomio presidencial.
El juzgador después de detallar las razones, consideró que existen indicios suficientes para que los 12 señalados sean sometidos a un proceso penal y a la investigación del Ministerio Público (MP), inlcuidos el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Gálvez resolvió que Julio César Zamora y Julio Noberto Esquivel Orellana estarán bajo arresto domiciliario sin pagar fianza. Los únicos que obtuvieron medida en la decisión del juzgador.
El Ministerio Público deberá, durante el tiempo que dicte el Juzgado, preparar la acusación en contra de los 12 señalados, en busca de que el caso llegue a juicio.
Todos los imputados, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes supuestamente recibieron de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) un soborno millonario, se desligaron de los hechos durante los días previos, en los que sus defensas presentaron las pruebas de descargo.
Según la investigación, TCQ pagó US$30 millones para lograr la adjudicación de la ampliación de Puerto Quetzal, la mayor terminal portuaria del país. De ellos, US$24.5 millones eran para los socios locales -entre ellos Pérez Molina y Baldetti-, US$5 millones para un grupo de argentinos también implicados y US$500 mil para gastos.
Además de los 12 acusados, entre los que está el empresario español y representante legal de TCQ, Juan José Suárez, hay otras 6 personas con orden de captura internacional por este caso.
Los procesados
- Samuel Aceituno Juárez, representante legal de la empresa que compro fincas a nombre de los exfuncionarios: lavado de dinero.
- José Daniel Luna Argueta, secretario de un juzgado de Escuintla: cohecho pasivo.
- Mario Ruano San José, asistente de magistrado Douglas Rene Charchal: tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
- Jonathan Chévez, administrador de los presuntos sobornos del antiguo binomio presidencial: asociación ilícita y lavado de dinero.
- Juan José Suarez, gerente de la Terminal de Contenedores Quetzal: asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
- Julio Norberto Esquivel, líder sindical: enriquecimiento ilícito.
- Julio César Zamora, líder sindical: enriquecimiento ilícito.
- Lázaro Reyes, líder sindical: enriquecimiento ilícito.
- Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
- Gustavo Adolfo Martínez Luna, exsecretario general de la presidencia: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
- Roxana Baldetti, ex vicepresidenta: cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
- Otto Pérez Molina, expresidente: cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
- Pérez Molina y Baldetti recibieron sobornos
El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicegobernante Roxana Baldetti habrían recibido sobornos por US$4,2 millones cada uno, negociados con directivos de Group Maritim TCB y su filial en Guatemala, TCQ
De una compleja estructura, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalaron a 12 implicados más, entre ellos altos exfuncionarios.
Antecedentes
La firma española opera en Guatemala con el nombre de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la cual funciona en el interior del Puerto Quetzal, 85 km al sur de la capital, sobre el Pacífico.Acorralados por ese escándalo destapado el 16 de abril de 2015, Baldetti renunció el 8 de mayo y Pérez el 2 de septiembre, tras perder su inmunidad en el Congreso en medio de protestas callejeras de indignación.
La investigación por el contrato portuario es el tercer proceso que debe enfrentar Baldetti, debido a que en marzo otro juez ordenó pesquisar su intervención en la adjudicación irregular de un proyecto ambiental.
De acuerdo con la acusación, Baldetti participó en la concesión anómala de un contrato por US$18 millones a una empresa israelí para descontaminar el lago de Amatilán con la aplicación de un químico.
