Por Diario El Mundo
La Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra la reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Provisionales (FOP) y suspendió temporalmente la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP) para pagar el capital e intereses generados por estos mismos instrumentos.
"Suspéndese provisionalmente, a partir de esta fecha, los efectos del Decreto Legislativo n° 497 (…) en el sentido que, en lo sucesivo, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales no podraá emitir maás Certificados de Inversioón Previsionales con base en lo establecido en la reforma (…) para la amortización de la deuda derivada de los Certificados de Inversión', sentencia un comunicado emitido por la Sala
La reforma a la ley del FOP fue aprobada a finales de septiembre con 46 votos, la suma de los diputados del oficialista FMLN, además de GANA, PCN y PDC, luego de una 'dispensa de trámite' solicitada por la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña.
Los CIP son instrumentos de deuda pública que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas por la ley a adquirir con los ahorros de los trabajadores. Esta modificación amplió el uso de los certificados, pues anteriormente servían para pagar las pensiones del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y para pagar Certificados de Traspaso (CT) y los Certificados de Traspaso Complementario (CTC).
La reforma surgió mientras pesaba sobre el país la posibilidad de caer en impago, pues el Gobierno había pedido emitir un tramo de US$1.200 millones en bonos para pagar en octubre un vencimiento de US$71.5 millones en CIP, pero el entrampamiento en la obtención de los votos de ARENA para apoyar esa colocación - y que persiste actualmente - no mostraba un panorama favorable para solventar el impasse.
Sin embargo, tanques de pensamiento y la gremial que aglutina a las dos AFP, señalaron que la falta de recursos para pagar los CIP se originó desde el diseño del presupuesto de 2016, ya que el Gobierno solo planificó US$106 millones para pagar estos certificados, cuando debió prever al menos US$175 millones.
