Por El Mundo (El Salvador)
Esa condición la deben cumplir, de manera individual, los países del Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras- que diseñaron y trabajan en el Plan de la Alianza para la Prosperidad, para el cual, los gobiernos aportan dineros de sus presupuestos y Estados Unidos aportará US$750 millones durante el año 2016.
El 26 de febrero de 2016, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, según un comunicado oficial de la Casa Blanca,en una reunión con los presidentes de Guatemala y Honduras, más el vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, manifestó "estar de acuerdo" en "apoyar los continuos esfuerzos institucionales para investigar y enjuiciar a funcionarios presuntamente implicados en casos de corrupción pública", según el comunicado oficial de la sesión. En esa reunión, El Salvador presenta "la elección de consenso de un fiscal general comprometido con el combate de la corrupción" como uno de sus logros y la aplicación del plan "El Salvador Seguro" así como la protección de derechos humanos en las operaciones policiales militares como compromisos.
La lucha contra la corrupción es una de las grandes prioridades de los Estados Unidos en todo el hemisferio. El miércoles de la semana pasada, el vicepresidente Biden presentó el Plan de la Alianza para la Prosperidad como una de tres áreas para acelerar el progreso del hemisferio, junto al estado de derecho y la seguridad energética. "Es absolutamente crítico erradicar todos los más relevantes vestigios que aún queden de la corrupción, y que permanecen en lugares donde los gobiernos, durante demasiado tiempo, han operado a través de sobornos y tráfico de influencias", dijo Biden, en la 20a. Conferencia anual de CAF, Banco de Desarrollo, en Washington.
La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, explica, en una declaración escrita, que el plan Alianza para la Prosperidad tiene condiciones para acceder a los fondos adicionales y explica que estas condiciones "son esenciales para mostrar señales claras de que los gobiernos están comprometidos y que están haciendo su parte". "Estamos trabajando juntos cada día para que los países logren cumplir con los requisitos del Congreso y que puedan recibir esos fondos", señala.
La diplomática reitera los lazos entre ambas naciones basados en hechos -exportaciones, población salvadoreña en EE.UU., remesas- y también subraya que su país seguirá trabajando "conjuntamente con el gobierno y el pueblo salvadoreño", fortaleciendo instituciones y promoviendo desarrollo económico "inclusivo y sostenible".
Criterios en decreto
El desembolso tiene 16 condiciones obligatorias en donde los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua manden señales claras de cumplir cada una. La Ley de Asignaciones del año 2016, aprobada por el Congreso estadounidense el 18 de diciembre de 2015, indica que el 25 % de los fondos serán obligatorios después que la "Secretaría de Estado certifique e informe a los comités del Congreso que tales gobiernos están tomando medidas eficaces para": informar a ciudadanos de los peligros de viajar a la frontera suroeste de los EE.UU, combatir el tráfico humano, mejorar la seguridad fronteriza y cooperar para el regreso de los inmigrantes ilegales no refugiados.
El decreto detalla que un 50% adicional de los fondos requiere que la Secretaría de Estado certifique a esos comités del Congreso que el gobierno toma "medidas eficaces para" en otras 12 áreas: investigar y enjuiciar funcionarios señalados de corrupción, mejorar y fortalecer instituciones del área judicial y Fiscalía General, contrarrestar bandas criminales, narcotráfico y crimen organizado; cooperar con comisiones contra la impunidad; investigar y enjuiciar a militares y policías por violaciones a derechos humanos; plan para reducir el papel de militares en políticas internas; y proteger derechos de los partidos opositores, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y activistas para que puedan operar sin interferencia. A ello se suma combatir la pobreza, empleos, crecimiento económico equitativo, reformas a los impuestos, fortalecimiento a organismos aduaneros, y resolución de disputas comerciales.
Esa condición la deben cumplir, de manera individual, los países del Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras- que diseñaron y trabajan en el Plan de la Alianza para la Prosperidad, para el cual, los gobiernos aportan dineros de sus presupuestos y Estados Unidos aportará US$750 millones durante el año 2016.
El 26 de febrero de 2016, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, según un comunicado oficial de la Casa Blanca,en una reunión con los presidentes de Guatemala y Honduras, más el vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, manifestó "estar de acuerdo" en "apoyar los continuos esfuerzos institucionales para investigar y enjuiciar a funcionarios presuntamente implicados en casos de corrupción pública", según el comunicado oficial de la sesión. En esa reunión, El Salvador presenta "la elección de consenso de un fiscal general comprometido con el combate de la corrupción" como uno de sus logros y la aplicación del plan "El Salvador Seguro" así como la protección de derechos humanos en las operaciones policiales militares como compromisos.
La lucha contra la corrupción es una de las grandes prioridades de los Estados Unidos en todo el hemisferio. El miércoles de la semana pasada, el vicepresidente Biden presentó el Plan de la Alianza para la Prosperidad como una de tres áreas para acelerar el progreso del hemisferio, junto al estado de derecho y la seguridad energética. "Es absolutamente crítico erradicar todos los más relevantes vestigios que aún queden de la corrupción, y que permanecen en lugares donde los gobiernos, durante demasiado tiempo, han operado a través de sobornos y tráfico de influencias", dijo Biden, en la 20a. Conferencia anual de CAF, Banco de Desarrollo, en Washington.
La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, explica, en una declaración escrita, que el plan Alianza para la Prosperidad tiene condiciones para acceder a los fondos adicionales y explica que estas condiciones "son esenciales para mostrar señales claras de que los gobiernos están comprometidos y que están haciendo su parte". "Estamos trabajando juntos cada día para que los países logren cumplir con los requisitos del Congreso y que puedan recibir esos fondos", señala.
La diplomática reitera los lazos entre ambas naciones basados en hechos -exportaciones, población salvadoreña en EE.UU., remesas- y también subraya que su país seguirá trabajando "conjuntamente con el gobierno y el pueblo salvadoreño", fortaleciendo instituciones y promoviendo desarrollo económico "inclusivo y sostenible".
Criterios en decreto
El desembolso tiene 16 condiciones obligatorias en donde los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua manden señales claras de cumplir cada una. La Ley de Asignaciones del año 2016, aprobada por el Congreso estadounidense el 18 de diciembre de 2015, indica que el 25 % de los fondos serán obligatorios después que la "Secretaría de Estado certifique e informe a los comités del Congreso que tales gobiernos están tomando medidas eficaces para": informar a ciudadanos de los peligros de viajar a la frontera suroeste de los EE.UU, combatir el tráfico humano, mejorar la seguridad fronteriza y cooperar para el regreso de los inmigrantes ilegales no refugiados.
El decreto detalla que un 50% adicional de los fondos requiere que la Secretaría de Estado certifique a esos comités del Congreso que el gobierno toma "medidas eficaces para" en otras 12 áreas: investigar y enjuiciar funcionarios señalados de corrupción, mejorar y fortalecer instituciones del área judicial y Fiscalía General, contrarrestar bandas criminales, narcotráfico y crimen organizado; cooperar con comisiones contra la impunidad; investigar y enjuiciar a militares y policías por violaciones a derechos humanos; plan para reducir el papel de militares en políticas internas; y proteger derechos de los partidos opositores, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y activistas para que puedan operar sin interferencia. A ello se suma combatir la pobreza, empleos, crecimiento económico equitativo, reformas a los impuestos, fortalecimiento a organismos aduaneros, y resolución de disputas comerciales.
