La aplicación de la Ley de Extinción de Dominio está en el centro de la polémica. Recursos de inconstitucionalidad y planes de una reforma en la Asamblea Legislativa hacen tambalear a la legislación.
La ley, aprobada en 2013, ha sido clave en los ultimos meses para golpear a estructuras criminales como la operación de la Mara Salvatrucha y de lavado de dinero proveniente de la narcoactividad y de la corrupción de funcionarios públicos.
1- Origen de la demanda
En junio de 2016, el abogado Luis Mario Pérez Bennett interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen de Destinación Ilícita ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).De los 12 puntos planteados por Pérez Bennett, la Sala resolvió admitir solo cinco, entre ellos, los relacionados con la retroactividad de la ley y la permisión para que el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) use o ceda los bienes decomisados provisionalmente-medida cautelar- mientras se desarrolla un procesos judiciales.
2- ¿Viola a la Carta Magna?
En los últimos días, el debate sobre la legalidad de la Ley ha acaparado la discusión entre constitucionalistas. Según algunos, la normativa viola principios y garantías de Constitución de la República.
La Sala cuenta con tres demandas de inconstitucionalidad, de una de ella, según confirmó el magistrado del tribunal constitucional, Florentín Meléndez, están por emitir sentencia.
3- EEUU reclama por los cambios
La embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, dijo desde su cuenta de Twitter que la Ley de Extinción de Dominio es fundamental para luchar contra la corrupción.
La funcionaria reclamó sobre la prisa con la que se llevan los cambios y recalcó que cualquier reforma urge de un análisis profundo.
De acuerdo con la demanda presentada por Pérez Bennett, la Ley debería ser impugnada por su artículo 3, que establece la naturaleza de la misma: de orden público y de interés social; lo cual a su criterio, por el primer punto, expone una naturaleza "sancionatoria" que hace que sea aplicada momentos antes que entró en vigencia.
En su artículo 6 inciso 2°, el abogado expone que no se tomó en cuenta el artículo 21 de la Constitución, relacionado con la no retroactividad de una ley, a menos que esta sea de carácter público.
4- Una ley ligada a Fomilenio II
La Ley fue aprobada en noviembre de 2013, con el voto de 82 diputados. Su aval fue clave para que el país accediera a los fondos de Fomilenio II, programa financiado por EE.UU., con US$227 millones, más US$88,2 aportados por El Salvador.
5- Los partidos que respaldan los cambios
Dos partidos apoyan reformas a la Ley de Extinción de Dominio, se trata del partido de derecha Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) y del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Los partidos defienden que la ley debe permitir que el procesado cuente con una defensa técnica, además, que debe prohibirse la confiscación de bienes cuando estén en manos de terceros, sino existe una resolución judicial.
6- ¿Afecta la imagen del país en la lucha contra el crimen organizado?
El abogado Ricardo Chavarría dijo que ya sea se aprueben o no las reformas, no está de acuerdo con el mensaje que El Salvador deja frente a legislaciones internacionales que combaten el crimen organizado.
Chavarría reconoció que la Ley de Extinción de Dominio es favorable para el combate a la corrupción, no pasó por alto que esta "adolece de inconstitucionalidad", al aplicar la confiscación, prohibida en la Constitución de la República, y que viola, además, el debido proceso judicial.
7- ¿Reformas para encubrir?
El abogado Gustavo Amaya sostiene que no debe existir una reforma a la ley, sino que debe generarse una legislación diferente.
Manifestó que las leyes han sido creadas para que se cumplan, de no hacerlo, podría encubrirse algo. Consideró que los delitos de corrupción no deben ser llamados delitos de "cuello blanco", sino de "cuello rojo", porque al final los afectados son los ciudadanos, y por lo tanto se convierten a su punto de vista en delitos de lesa humanidad.
"No estamos hablando de un linchamiento social, es importante entender que las leyes se hacen para cumplirse", dijo.
8- Administración de bienes
Este año el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) tomó control de la empresa Gumarsal, a la que se aplicó la Ley de Extinción de Dominio tras la captura del empresario José Adán Salazar, en juicio por supuesto lavado de dinero por más de US$200 millones.
