Claves del día

EE. UU. y donantes preocupados por manejo fiscal de El Salvador

La comunidad internacional hizo un llamado urgente a diputados, políticos, sector privado y sociedad civil a avanzar hacia un acuerdo nacional de sostenibilidad para disminuir la deuda y facilitar el crecimiento.

2016-10-11


Por El Diario de Hoy

El gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por la situación financiera de El Salvador e hizo un llamado urgente para que autoridades, empresarios y representantes civiles concreten un acuerdo fiscal.

La embajadora Jean Manes mencionó que hace tres semanas, el mismo Vicepresidente Joe Biden señaló al mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, que el gobierno estadounidense está atento ante la situación financiera del país y, sobre todo, ante la polarización política que dificulta un acuerdo.

"Hay un asocio fuerte y tenemos bastante inversión aquí. Estamos tratando de convencer a nuestro propio Congreso de aprobar más dinero para invertir en El Salvador, pero cada día es más difícil", dijo Manes. Según la funcionaria estadounidense, la falta de consenso político dificulta la gestión de más recursos de cooperación a favor del país.

"Cada vez nos están diciendo (los congresistas) ¿por qué los miembros de nuestro Congreso van a usar dinero de los impuestos de los Estados Unidos en un país donde los líderes no pueden ponerse de acuerdo en un tema tan importante?", lamentó Manes.

La embajadora expresó sus preocupaciones sobre El Salvador, junto a representantes de la cooperación alemana, española, de la Unión Europea, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La comunidad internacional instó a los diputados de la Comisión de Hacienda, a dirigentes políticos, al sector privado y a la sociedad civil a concretar un acuerdo de sostenibilidad fiscal.

El embajador de España, Francisco Rabena, aseguró que los cooperantes mantienen su disposición de ayudar de manera técnica y financiera al país pero deben ver como señal importante la voluntad política y el interés de llegar a un acuerdo fiscal.

"Este es un momento crítico para El Salvador en el sentido de crisis como oportunidad y por lo tanto es un momento en el que alrededor de la mesa se tiendan puentes de consenso y mensajes de conciliación, capacidad y sacrificio por el país que todos queremos", exhortó.

Rabena insistió en que El Salvador debe aclarar hacia qué modelo de progreso y mayor justicia y solidaridad se debe avanzar. " Y una política fiscal que facilite esos objetivos será una política fiscal eficaz", recalcó.

Por su parte, el cónsul alemán, Nobert Eichler, dijo que el acuerdo será integral si aborda aristas como ingresos, gastos, inversión, deuda transparencia, equidad, justicia fiscal e institucionalidad democrática.

"Estamos para ayudar. Esta reunión es para indicar que es necesario alcanzar un acuerdo que corrija las finanzas públicas, para lograr un desarrollo nacional", insistió Eichler.

El embajador de la Unión Europea, Jaume Segura, matizó que, pese a todo, los cooperantes han visto los últimos acontecimientos y el "diálogo positivo" que se esta produciendo en diferentes fuerzas políticas en materia fiscal. "Confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo razonable para todos", señaló Segura.

Los representantes de la comunidad internacional presentaron ayer el estudio denominado: "El Salvador: en la búsqueda de un acuerdo de sostenbilidad fiscal".

País no está quebrado

Pese a la preocupación de los diplomáticos, el exministro de Hacienda y analista económico, Manuel Enrique Hinds, dijo ayer que el país no está quebrado y que hay alternativas para arreglar el problema de liquidez que tiene el Gobierno en estos momentos.

"¿Por qué el año pasado se pagaron todas las deudas y hoy, con más ingresos, no se puede pagar?, se preguntó el economista, quien cree que la declaratoria de emergencia económica anunciada por el presidente Sánchez Cerén no tiene fundamento.

El presidente de la Fundación Nacional de Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, dijo incluso que el presidente debería aclarar bien a qué se refería con "emergencia nacional" en su discurso pues no quedó claro su concepto estrictamente legal.

Las cifras del Ministerio de Hacienda confirman que al 31 de agosto, las arcas del Estado habían recibido US$3.065,9 millones en ingresos y contribuciones, US$86,4 millones más que lo que recibió el año pasado en la misma fecha.

Eso significa que el Estado sigue recibiendo dinero. Además las exportaciones, que le generan divisas, también siguen su curso. El Banco Central de Reserva indica que a agosto el país había vendido US$3.642,09 millones.

"Una cosa es la economía del país y otra, las finanzas", explicó Hinds, al tratar de mostrar que aunque el Gobierno tenga problemas para saldar sus deudas, sigue recibiendo ingresos y puede arreglar el problema con otras alternativas.

Entre las opciones que se han mencionado están la reducción de los gastos y el aumento de ingresos, que serían temas que se tendrán que abordar en las mesas técnicas con los partidos políticos.

El Fondo Monetario Internacional, en su última visita al país, recomendó medidas tan drásticas como el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la aplicación de nuevos impuestos a la propiedad, la reducción de incentivos laborales, como el escalafón de salud, que en estos momentos está en discusión entre las autoridades respectivas.

Pero, independientemente del problema fiscal, para Hinds es contraproducente que el Gobierno salvadoreño esté declarando emergencia y afirmando que no tiene dinero para pagar sus deudas, pues corre el riesgo de que en el futuro, ningún banco u organismo internacional o inversionista extranjero le preste dinero.

Lo que puede ocurrir es que pueden prestar dinero, pero con altas tasas de interés, pues la declaratoria de emergencia reduce la credibilidad de pago del Gobierno, dijo.

En cuanto a las pensiones, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) ha insistido en que el pago de la pensión para los jubilados del ISSS e INPEP está asegurado, pues se financiará con dinero de las cotizaciones de los trabajadores privados, quienes están obligados a prestarle su dinero al Gobierno por ley.

El viernes pasado, las AFP le dieron prestado al Ministerio de Hacienda unos $76.9 millones, para que pague las pensiones y posteriormente le prestará otros US$77 millones con los que se asegura el pago para los jubilados.

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