Claves del día

Día crucial para los salvadoreños en EEUU

Unos 195,000 salvadoreños podrían quedarse sin el amparo del programa humanitario. Los beneficiarios de TPS de El Salvador han vivido en los EEUU durante un promedio de 21 años y contribuyen con más de US$3.000 millones al PIB de dicho país.

2018-01-08

Por Univision

Miles de salvadoreños que llevan casi 20 años viviendo en Estados Unidos bajo el amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS), se enfrentan este lunes a la decisión del gobierno de Donald Trump sobre si extender este beneficio que les protege de la deportación desde 2001.

El Departamento de Seguridad Nacional decidirá si renueva la prórroga o pone fin a este beneficio como ha sucedido con los inmigrantes de países como Nicaragua, Haití y Sudán, lo que dejaría en el limbo a miles de inmigrantes salvadoreños.

Según indicó a Univision Noticias Steve Blando, vocero de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS): 'La decisión se tomará el lunes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitirá un aviso de prensa antes', confirmó en un correo electrónico.

Este gobierno ha expresado su deseo de revisar los programas de inmigración y acabar con la renovación automática de una protección concebida como temporal, pero que es crucial para cerca de 200,000 salvadoreños ya establecidos en el país.


Plan humanitario

El Congreso estadounidense creó en 1990 el TPS para evitar de la deportación a personas afectadas por conflictos armados, desastres naturales y situaciones que podrían poner en peligro su vida en caso de volver a su país de origen. Actualmente, unas 437,000 personas de 10 países se acogen al TPS, según el Servicio de Estudios del Congreso.

En el caso de El Salvador la medida se concedió en 2001 como respuesta humanitaria tras los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de ese año, que se sumaron a los miles de salvadoreños que huyeron de las violentas guerras civiles en los ochenta. Desde entonces, gobiernos republicanos y demócratas han ido renovando el TPS a este país cada dieciocho meses.

El programa otorga un permiso de estancia temporal y permite trabajar a sus beneficiarios, pero no es una vía de acceso a la ciudadanía. No obstante, en casi dos décadas son muchos los salvadoreños que han creado sus familias en EEUU, lo que supone que hay una generación con estatus legal y deja en incertidumbre a estos núcleos familiares.

Los salvadoreños son la comunidad más numerosa amparada por el TPS y se concentran en el área de Washington DC, Los ángeles, Nueva York y Houston.

Precisamente 19 miembros de Cities for Action, una coalición de gobiernos locales que buscan la reforma migratoria, solicitaron una extensión de la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador.

En la carta, los líderes locales entre lso que se encuentran los alcaldes de las cuatro ciudades más grandes del país, enfatizan las contribuciones sociales, económicas y culturales de los beneficiarios de TPS salvadoreños a sus localidades, así como también las terribles condiciones que persisten en el país centroamericano.

Según indican, los beneficiarios de TPS de El Salvador han vivido en los Estados Unidos durante un promedio de 21 años y contribuyen con más de 3,000 millones al PIB de los Estados Unidos.

El hecho de terminar con el TPS, escriben los funcionarios electos, 'enviaría insensiblemente a muchos miembros de nuestra comunidad a un país que lucha para abordar las necesidades básicas de infraestructura y que no puede absorber de manera segura a sus ciudadanos. Cualquier decisión de terminar o reducir el TPS para El Salvador dividiría innecesariamente a las familias y pondría en peligro a los residentes de larga data'.

La alcaldesa de Washington DC, Murel Browser, donde viven 30,000 salvadoreños en su área metropolitana, envió una petición a Trump con 1,000 firmas de residentes que solicitan que se extienda este beneficio para los que son sus vecinos. 'Acabar con el TPS para El Salvador tendría un impacto devastador desgarrando familias', advirtió Browser, quien destacó la contribución económica de estos inmigrantes.

Miembros del gobierno han indicado que lo que era un plan temporal no puede convertirse en una solución migratoria a largo plazo, que se debe analizar si la justificación inicial para otorgarlo sigue existiendo o han cambiado las condiciones como para permitir que vuelvan a su país.

Asimismo, apuntan a que corresponde al Congreso el legislar para alcanzar esa solución a largo plazo, algo poco probable estando todavía pendiente la decisión sobre la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que suspendió el presidente Trump en septiembre y afectará a más de 700,000 soñadores.
Gestiones hasta el final

El Salvador ha estado luchando para que se extienda de nuevo por otro periodo, para lo que ha hecho gestiones hasta el último momento, según confirmó el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez.

El pasado viernes, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén conversó con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, para reiterarle la solicitud de prórroga.

El canciller salvadoreño señaló que la conversación entre Sánchez y Mielsen 'fue bastante prolongada', y se desarrolló en un marco de cordialidad.

Martínez agregó que el presidente le planteó a la secretaria que 'cualquier escenario de decisión, el país (El Salvador) necesita tiempo para continuar las gestiones ante el Congreso'.

El TPS de El Salvador vence el 9 de marzo. El reglamento señala que el gobierno debe anunciar si prorroga o cancela el programa 60 días antes de su expiración. Esa fecha se cumple el lunes.

El Salvador es un país de 6.2 millones de personas con una economía dependiente de las remesas de los trabajadores en Estados Unidos marcado por la violencia y la pobreza. En la última década, cada vez más salvadoreños, familias o incluso menores sin compañía de un adulto, han entrado en Estados Unidos de forma ilegal a través de México.

El gobierno salvadoreño estima en 2.5 millones el total de connacionales que viven en Estados Unidos, quienes enviaron $3,684 millones en remesas entre los meses de enero y octubre de 2017, un incremento del 10% respecto a los 12 meses de 2016.


Programas cancelados

El DHS fijó el 5 de enero de 2019 para que los nicaragüenses amparados bajo el TPS (unos 2,500) abandonen el país, y el 22 de julio de 2019 para los haitianos, que suman 56,000.

Las autoridades estadounidenses indicaron que aquellos que puedan legalizar su permanencia por cualquier otra vía legal, que lo hagan dentro de las prórrogas anunciadas.

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