La violencia social registrada en vísperas de la celebración de Navidad, que dejó un saldo de decena de heridos y de detenidos, la mayoría de ellos campesinos que se oponen a la construcción del Gran Canal de Nicaragua, deja entrever que ésta resurgirá sin dudas en el primer trimestre del 2015, periodo en que se ejecutará el Plan de Expropiación de las propiedades en manos de miles de familias, asentadas en la ruta prevista del canal interoceánico.
En el acto oficial de Inauguración de las Obras del Gran Canal de Nicaragua, celebrado la noche del pasado 22 de diciembre, el empresario chino Wang Jing, dueño de la concesión para construir y administrar un canal interoceánico por Nicaragua por un periodo de 50 años prorrogables, confirmó que en el primer trimestre tienen previsto ejecutar la medición, diseño y adquisición de propiedades localizadas en la ruta proyectada.
Oficialmente el consorcio HKND Group, dueño de la concesión canalera, no ha divulgado públicamente la lista de las miles de familias nicaragüenses que resultarán expropiadas, sin embargo según Paul Oquist, Secretario Privado para Políticas Nacionales y miembro de la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Gran Canal, minimizó el impacto señalando que serían perjudicadas solo 7.165 familias, las que representan el 0,47% de la población nacional.
Oquist agregó que los propietarios afectados, que viven a lo largo de los 278 kilómetros de la proyectada ruta interoceánica desde hace décadas, podrían arrendar las propiedades por un plazo de 50 años prorrogables, bajo la figura de "leasing", el cual corresponde a un arrendamiento con opción a compra.
No obstante, cabe señalar que el "leasing" no está contemplado en la Ley 840, el marco jurídico relacionado a la construcción y administración del Gran Canal de Nicaragua, aprobada por la bancada oficialista en junio del 2013. Lo único que plantea es que el concesionario presentará un Plan de Expropiación a la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Gran Canal y ésta aprobará la expropiación y la propuesta de indemnización basada en el valor catastral. El dueño podrá objetar únicamente el monto, pero no la acción.
Incluso, la Ley 840 refiere que si el propietario se niega a la resolución de expropiación y a ser desalojado de la propiedad requerida, la Comisión podrá recurrir a las instancias judiciales de la localidad, donde el juez será el encargado de cumplir con el proceso de expropiación y de desalojo.
Protestas y represión
El temor a la expropiación y al desalojo de sus propiedades, heredadas de generación a generación, provocó el surgimiento de un movimiento social campesino en contra del Gran Canal de Nicaragua, que se denomina Comité Nacional de Defensa de la Tierra, de la Soberanía y del Lago Cocibolca, y que agrupa a miles de pequeños productores y pobladores del Pacífico y del Caribe.
A lo largo del año que está por finalizar, este Comité Nacional de Defensa organizó y protagonizó 16 marchas en defensa de la tierra, de la soberanía y del Lago Cocibolca, bajo la consigna común de "¿Qué quieren los campesinos?, Que se vayan los chinos".
En vísperas de la inauguración de las obras del Gran Canal de Nicaragua, el pasado 22 de diciembre, miembros y activistas del Comité establecieron tranques en dos puntos del país: Rivas y El Tule, este último carretera a San Carlos, Río San Juan, semi paralizando el tráfico comercial y de personas. Los manifestantes reclamaban la derogación de la Ley 840, la no realización del proyecto canalero y, por ende, la no expropiación de sus tierras y propiedades.
Sin embargo, esa decisión nunca llegó. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, respondió a las críticas de "Vendepatria", señalando que el Héroe Nacional, Augusto C. Sandino, compartía desde hace 85 años el sueño de un canal interoceánico por Nicaragua, que contribuyera a la unión latinoamericana y caribeña.
Además, en lugar de ordenar el retiro de la empresa china HKND, Ortega les reiteró su hospitalidad. "Ustedes (le dijo a Wang Jing y resto de ejecutivos de HKND) son bienvenidos a Nicaragua y siempre serán bienvenidos".
En ese acto oficial, Ortega reiteró que el Gran Canal de Nicaragua contribuirá a la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema en el país. Asimismo, dijo sin entrar en detalles, que los pobladores y campesinos afectados por la ruta interoceánica podrían reasentarse en otras localidades cercanas.
Los campesinos manifestantes en Rivas y Tule permanecieron en los tranques, demandando la mediación de la Iglesia católica, sin embargo fueron desalojados violentamente la noche del 23 y la madrugada del 24, tanto por fuerzas especiales antimotines como por efectivos del Ejército de Nicaragua. El saldo de heridos, de acuerdo al diario La Prensa, sobrepasaría las 40 personas de ambos sexos.
Asimismo, el diario nicaragüense informó hoy que los detenidos suman casi 50, de los cuales 18 fueron liberados ayer y entregados a las autoridades de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). En sus testimonios a los medios locales, los detenidos liberados aseguraron que sufrieron de brutalidad policial al ser arrestados y trasladados a Managua.
Por su parte la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora General de la Policía Nacional, aseguró en conferencia de prensa el 24 de diciembre que un total de 15 oficiales y efectivos de las fuerzas del orden resultaron heridos, entre ellos uno con herida de bala, y reiteró que resguardarán el orden y el tránsito.
Entre los manifestantes que permanecen detenidos, las autoridades policiales aseguraron que pasarán a la orden de la justicia, acusados de obstrucción en la vía pública y exposición de personas al peligro, ya que tenían retenidos camiones cisternas con combustible.
Indemnización según Jing
El empresario Wang Jing, en un encuentro con periodistas nacionales y extranjeros el pasado 23, aseguró que la compensación para las familias expropiadas será el "tema supremo" para HNKD Group, ya que es un tema sensible e importante para ellas.
El concesionario de la ruta interoceánica aseguró que se indemnizará bajo tres principios, 1) en conformidad con las leyes existentes en Nicaragua, 2) bajo el principio del mercado y, 3) el principio humano.
También dijo que se podrían aplicar varias modalidades en la compensación: dinero en efectivo, permuta de tierras, y permuta de propiedades o viviendas. "Todas esas opciones se llevarán a cabo a través de negociación cara a cara y de forma cordial", aseguró Jing, "no vamos a hacer daños a sus casas, a sus familias".
Si se apega a la ley, tal como refiere Jing, la Ley 840 señala que la indemnización será de acuerdo al valor catastral de la propiedad, el cual siempre está por debajo del valor de mercado. En su momento, la empresa privada nicaragüense a través del COSEP propuso que en la ley se estableciera el pago con valor de mercado, sin embargo la propuesta no se aceptó y la bancada oficial votó por la opción catastral.
Por otra parte, la Ley 840 contempla también pagar la indemnización por valor de mercado, pero siempre y cuando la misma sea menor al valor catastral y no viceversa.
"El proyecto del Canal es una farsa, es una verdadera estafa, una verdadera piñata con las propiedades a expropiar. Lo que se anunció para 2015 son las expropiaciones masivas", dijo el economista independiente José Luis Medal a través de la radioemisora opositora Corporación.
En Nicaragua se conoce como "La piñata" a la confiscación y expropiación masiva de tierras y propiedades urbanas y rurales durante la revolución sandinista, las que luego quedaron en manos de dirigentes militares y políticos del Frente Sandinista, convirtiéndose en nuevos ricos. Esas propiedades luego tuvo que indemnizarlas el Estado y los contribuyentes nacionales.
