Auto de formal procesamiento con prisión preventiva se dictó la noche de este miércoles en los Juzgados de Letras de lo Penal en contra de los cinco nuevos acusados por el millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Al término de la audiencia inicial el juez resolvió enviar al Primer Batallón de Infantería a los cinco acusados por la sobrevaloración de equipo Biomédico.
El Ministerio Público acusó por fraude y malversación de caudales público a Mario Roberto Zelaya, José Ramón Berttety y Edgardo Quiroz Moreno, todos exfuncionarios del Seguro Social; mientras que por el delito de estafa fueron acusados el empresario Shucri Kafie Larach y su abogado Juan Alberto Madrid Casaca.
Del hospital al batallón
En el caso del empresario que se encuentra interno en un centro hospitalario privado, el juez ordenó sea trasladado a la instalación militar debido a que el dictamen de Medicina Forense establece que no corre peligro en su estado de salud.
Los defensores de Kafie no lograron acreditar que el estado de salud de su cliente era inestable, ya que también los resultados de una resonancia magnética que se le practicó durante el fin de semana no revelaron complicaciones en su salud, por lo que al ser dado de alta será trasladado de forma inmediata a la base militar.
Durante la audiencia la defensa de los acusados presentaron ante el juez que conoció el caso varios elementos de prueba entre ellos la declaración de varios financistas que explicaron al juez y fiscales el contenido y cada una de las cláusulas del contrato.
Sin embargo, las pruebas acreditadas por la Fiscalía Contra la Corrupción fueron contundentes y tomaron mayor relevancia con el testimonio brindado por Vilma Morales, presidenta de la Junta Interventora quien dijo al juez que ese contrato no debió haberse firmado ya que representaba un desequilibrio en las finanzas de la institución.
La abogada afirmó que el contrato consistía en la compra y mantenimiento de equipo Biomédico a un precio sobrevalorado por lo que en total el Seguro Social debía pagar un monto de US$118,9 millones, pero debido a la intervención solo se pagaron US$61 millones.
Por su parte los abogados defensores anunciaron que presentaran un recurso de apelación ya que consideran que la resolución emitida por el juez no fue apegada a derecho ya que la acusación está basada en un contrato meramente comercial.
Por este caso se encuentran prófugos varios exempleados del Seguro Social.
