Por José Barrera - estrategiaynegocios.net
Un nuevo movimiento legislativo apaciguó -por el momento- el agitado entorno de liquidez financiera del Estado salvadoreño, a pocos días de caer en una situación de impagos.
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La nueva movida ocurre gracias a la modificación de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), el que permite al Ejecutivo echar mano del multimillonario fondo de pensiones para asegurar liquidez.
Esta sorpresiva jugada legislativa, deja de lado la imperante necesidad de un acuerdo entre el gobernante partido FMLN y la oposición del partido ARENA para la aprobación de fondos por hasta US$1.200 millones.
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De acuerdo con el presidente del Banco Central de Reserva, óscar Cabrera, el ajuste puede ser catalogado como un 'plan b' -del cual dijo desconocer en detalle ya que se habría enterado por los medios- pero sentenció que lo mejor era tomar medidas permanentes para alejar definitivamente los nubarrones que se ciernen sobre la economía local.
El funcionario presentó hoy las cifras del desempeño de la economía salvadoreña al cierre del primer semestre de 2016, período que cerró con un tasa de crecimiento del 2.5%, la menor de Centroamérica, pero que ha logrado superar el ritmo que había venido reportando El Salvador en la última década.
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Cabrera dijo que el país está entrando en una fase expansiva de la economía, pero advirtió que todo tipo de reforma en camino debe ser fruto del consenso y en particular debe asegurar que no haga que la economía sufra un choque y finalmente el remedio sea peor que la medicina.
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Hasta ahora, la previsión de crecimiento de la economía de El Salvador (de 2016 hasta 2018) es del 2.5%, en promedio, pero de contarse con ajustes demasiado rigurosos esta puede desplomarse a menos del 1% (desde 2016 hasta 2020).
En el debate legislativo han surgido propuestas de subir hasta 3 puntos porcentuales al IVA, de crear gravámenes selectivos e incluso de activar el predial. De acuerdo con Cabrera, el hecho de subir el IVA sería el más perjudicial de todos. De acuerdo con las simulaciones del BCR, este llevaría la tasa de crecimiento a valores cercanos al cero al menos durante los próximos tres años.
De hecho, la entidad señaa que otros factores que pueden incidir negativamente en el PIB para 2017 son la polarización política, un probable aumento del precio del petróleo y un ajuste fiscal excesivo.
El anuncio ocurre en la misma semana en la que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a El Salvador para reuniones de alto nivel y analizar el estado de la economía y la situación de liquidez de las arcas estatales.
óscar Ortiz, vicepresidente de la República comentó sobre la visita y dijo que debido a las condiciones actuales se determinó que el país no requiere de un acuerdo stand-by (precautorio) ni de un plan de rescate.
El próximo 7 de octubre vence el plazo para el pago de alrededor de US$71 millones, el cual por ahora sería cubierto por la reforma a la ley del FOP. El fondo es administrado por dos compañías, pero es alimentado por las cotizaciones de los asalariados, más un aporte de los empleadores.
Rechazo
Hoy, entidades como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), se pronunciaron en contra de las medidas avaladas por el legislativo (con votos de los partidos FMLN, GANA, PDC y PCN) . La Camarasal fue más allá y tachó a la maniobra como 'confiscatoria'.
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Por su parte, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) considera que con la reforma "los trabajadores nunca recibirán el pago del capital e intereses de los más de US$5.000 millones que obligatoriamente le han prestado al Gobierno".
'Esta reforma implica un ciclo infinito de generación de deuda, la cual iría creciendo sin control en el tiempo, sin garantía de pago para los trabajadores', sentenció ASAFONDOS mediante un comunicado.
La ANEP se movilizó esta tarde y presentó una demanda de inconstitucionalidad a la reforma de la ley FOP. La asociación emitió un comunicado donde sentencia que con la reforma se 'pretende que el Gobierno nunca pague la deuda que tiene con los cotizantes del sistema de pensiones, por lo que se convierte en un nuevo mecanismo para quitarle a los trabajadores los ahorros que han hecho durante toda su vida".
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En el tapete está la negociación de una Ley de Sostenibilidad Fiscal que permita ordenar las arcas públicas y hacer proyecciones para el pago de la deuda, una carga que se ha nutrido del financiamiento de corto plazo (conocido como LETES), préstamos con multilaterales y que desde la administración de Elías Antonio Saca (ARENA) abrió una puerta para financiarse con el fondo de pensiones.
