Por estrategiaynegocios.net
Al menos 30 sindicatos salvadoreños iniciaron una serie de protestas en El Salvador. Las organizaciones pertenecen a entidades de salud, educación y seguridad pública.
Las exigencias y medidas de presión de cada sector son diversas. Los trabajadores de salud y educación, marcharon para exigir la inclusión del escalafón en el Presupuesto General de la Nación. Mientras que las organizaciones de seguridad, para aseurarse el presupuesto del bono para miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).
Por su parte, el Sindicato de Maestros y Maestras de Educación pública (SIMEDUCO), llamó a paro general de labores a las escuelas públicas de todo el país.
Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO, dijo que la petición principal es que los diputados no aprueben el presupuesto de la Nación, si no está incluido el aumento salarial para docentes que el ministro de Educación prometió en 2015 y que tendría que haber sido aplicado este año, así como la inclusión de 7. 6 millones de dólares para el escalafón .
El sector de educadores también exige que en el presupuesto de educación se financie el programa El Salvador Educado, para lo cual se necesita una inversión de 260 millones de dólares para 2017, según Zelada.
En el rubro de salud pública, el Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), también se unió a la marcha para exigir el pago del escalafón del siguiente año.
En cuanto al los trabajadores de Seguridad Pública, estos exigen un bono para los efectivos de la Policía. Marvín Reyes, secretario general del Movimiento de los Trabajadores de Seguridad, aseguró que el bono y el régimen de disponibilidad de septiembre no les ha sido entregado todavía.
El presupuesto para pagar el bono exigido por este sector es de nueve millones de dólares.
Otros que se pronunciaron fueron la Asociación de Veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador (AVEFAES) y la Federación de Asociaciones de Veteranos Revolucionarios Salvadoreños del FMLN (FAVERSAL).
Las exigencias son el cumplimiento de la ley de beneficios para veteranos de guerra, una indemnización de diez mil dólares.
Gobierno bajo presión
El descontento creciente entre los sindicatos es parte de una serie de presiones en aumento, las cuáles tienen en común la falta de fondos en el las arcas estatales, de hecho el viernes 7 de octubre el país podría caer en impagos, algo inédito para la nación centroamericana.
El ejecutivo busca maniobrar frente a una tormenta que por primera vez pondría al país en una situación de impagos, ante la cual está en la busqueda de la aprobación de fondos urgentes por alrededor de US$1.200 millones, una cifra que requiere de un acuerdo político.
El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo esta semana en la Asamblea Legislativa que las maniobras para evitar caer en default incluyen la solicitud de un préstamo por US$71.5 millones, como adelanto para el pago correspondiente de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Los CIP son los instrumentos con los que se honran los préstamos hechos por el Gobierno y que son claves para el pago de pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del estatal Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos )INPEP).
Cáceres ha dicho que el abono para los CIP es urgente y dijo que la moción, a la que se oponen los partidos de derecha, 'no debe ser pagada por los trabajadores'.
El vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, indicó esta mañana que "la situación tiene solución, pero requiere de voluntad política" y que es el partido ARENA el que tiene la llave para desbloquear los fondos y alejar el riesgo.
De no llegar a un acuerdo fiscal, Chicas señaló que parte de las consecuencias serían la alteración de tasa de intereses de la banca y de un bloqueo a El Salvador a recursos frescos, tanto de nuevos creditos, como de otros aprobados previamente.
Al menos 30 sindicatos salvadoreños iniciaron una serie de protestas en El Salvador. Las organizaciones pertenecen a entidades de salud, educación y seguridad pública.
Las exigencias y medidas de presión de cada sector son diversas. Los trabajadores de salud y educación, marcharon para exigir la inclusión del escalafón en el Presupuesto General de la Nación. Mientras que las organizaciones de seguridad, para aseurarse el presupuesto del bono para miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).
Por su parte, el Sindicato de Maestros y Maestras de Educación pública (SIMEDUCO), llamó a paro general de labores a las escuelas públicas de todo el país.
Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO, dijo que la petición principal es que los diputados no aprueben el presupuesto de la Nación, si no está incluido el aumento salarial para docentes que el ministro de Educación prometió en 2015 y que tendría que haber sido aplicado este año, así como la inclusión de 7. 6 millones de dólares para el escalafón .
El sector de educadores también exige que en el presupuesto de educación se financie el programa El Salvador Educado, para lo cual se necesita una inversión de 260 millones de dólares para 2017, según Zelada.
En el rubro de salud pública, el Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), también se unió a la marcha para exigir el pago del escalafón del siguiente año.
En cuanto al los trabajadores de Seguridad Pública, estos exigen un bono para los efectivos de la Policía. Marvín Reyes, secretario general del Movimiento de los Trabajadores de Seguridad, aseguró que el bono y el régimen de disponibilidad de septiembre no les ha sido entregado todavía.
El presupuesto para pagar el bono exigido por este sector es de nueve millones de dólares.
Otros que se pronunciaron fueron la Asociación de Veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador (AVEFAES) y la Federación de Asociaciones de Veteranos Revolucionarios Salvadoreños del FMLN (FAVERSAL).
Las exigencias son el cumplimiento de la ley de beneficios para veteranos de guerra, una indemnización de diez mil dólares.
Gobierno bajo presión
El descontento creciente entre los sindicatos es parte de una serie de presiones en aumento, las cuáles tienen en común la falta de fondos en el las arcas estatales, de hecho el viernes 7 de octubre el país podría caer en impagos, algo inédito para la nación centroamericana.
El ejecutivo busca maniobrar frente a una tormenta que por primera vez pondría al país en una situación de impagos, ante la cual está en la busqueda de la aprobación de fondos urgentes por alrededor de US$1.200 millones, una cifra que requiere de un acuerdo político.
El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo esta semana en la Asamblea Legislativa que las maniobras para evitar caer en default incluyen la solicitud de un préstamo por US$71.5 millones, como adelanto para el pago correspondiente de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Los CIP son los instrumentos con los que se honran los préstamos hechos por el Gobierno y que son claves para el pago de pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del estatal Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos )INPEP).
Cáceres ha dicho que el abono para los CIP es urgente y dijo que la moción, a la que se oponen los partidos de derecha, 'no debe ser pagada por los trabajadores'.
El vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, indicó esta mañana que "la situación tiene solución, pero requiere de voluntad política" y que es el partido ARENA el que tiene la llave para desbloquear los fondos y alejar el riesgo.
De no llegar a un acuerdo fiscal, Chicas señaló que parte de las consecuencias serían la alteración de tasa de intereses de la banca y de un bloqueo a El Salvador a recursos frescos, tanto de nuevos creditos, como de otros aprobados previamente.
