Guatemala: Hay 16 proyectos suspendidos por conflictividad

Los proyectos significarían la instalación de unos 460 megavatios.

Del total, cinco no se realizarán debido a la conflictividad. Al menos ocho inversiones se encuentran suspendidas, mientras que un proyecto más está en proceso de consulta a pueblos indígenas, otro en diálogo y otro suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Juan Carlos Méndez, presidente de esa asociación, considera que en algunos casos se trata de conflictividad inducida, aunque no identificó por quién o quiénes.

Rechazo a actividad
El primer rechazo a un proyecto de esa naturaleza inició luego del 2000. Después de 15 años, la conflictividad sigue, pero recientemente se ha "complicado" más la posibilidad de inversión, agregó el directivo.

Méndez reconoció que el sector eléctrico del país ha mostrado avances en 20 años, de la mano del marco jurídico como la Ley General de Electricidad; sin embargo, indicó que luego de ese tiempo se ha visto la necesidad de reformar la normativa.

Lo anterior, comentó, debido a que no se prevén elementos para solucionar la conflictividad, el cobro de alumbrado público que también ha genera conflictividad ni el robo de energía.

Las declaraciones se dieron durante el Foro Energía Eléctrica: Factor Clave en la Competitividad, organizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

En el caso del alumbrado público, dijo Méndez, se debe desarrollar de forma más amplia en una normativa complementaria, donde se establezcan la regulación y las soluciones, ya que no solo se trata de los cobros al usuario, sino que también se relaciona con el presupuesto municipal, porque cada comuna hace uso de esos ingresos, detalló.

Otro de los aspectos que dispara la conflictividad es la ausencia del Estado con diversos servicios en las comunidades. El directivo manifestó que en la actualidad hay poca inversión en generadoras y falta de incentivos, debido a la sobreoferta que no se equipara a la demanda por un crecimiento económico insuficiente.

Tanto el directivo como Hugo Maúl, director económico del Cien, coincidieron en que los inversores antes de instalar un proyecto deben hacer un diagnóstico social de la situación en áreas de influencia.

Otro punto mencionado es la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se refiere a la consulta a pueblos indígenas. Se debe entender que este tipo de sectores no va a estar exento de conflictos y se debe trabajar sobre la idea de certeza jurídica y estado de Derecho, mencionó Maúl.

El analista dijo que las empresas que trabajan en esos entornos tienen que incluir a la comunidad e informar sobre los beneficios que generan en los procesos de consulta y a nivel de desarrollo rural.

"Ahora es la práctica común, y las empresas tienen que tener una actitud distinta a la que posiblemente se tenía hace 30 años" expresó.

Dos de los complejos más grandes de generación, como Oxec y Renace, están entrando paulatinamente en operación, expresó Méndez. En el caso de Renace, se han invertido unos US$850 millones; en un complejo de 301 megavatios.